La Constitución ordena consultar a los pueblos originarios cuando una acción legislativa o administrativa tenga consecuencias en las tierras o recursos naturales de sus comunidades: el gobierno y el partido oficial omitieron lo que es mucho más que un simple trámite. La iniciativa de reforma en materia de agua no contempla el requisito previsto en la Carta Magna.
En una sociedad que se precie de ser democrática, la participación ciudadana es imprescindible en la construcción de políticas públicas o decisiones cuya trascendencia impliquen horizontes lejanos. Para analizar la propuesta de legislación hídrica que llegó desde Palacio Nacional, los diputados de Morena convocaron a tres foros de poca monta que se realizaron en el recinto de San Lázaro y, a decir de muchos participantes, todo fue una farsa.
A eso que llamamos Morena no le preocupa que sus acciones cuenten con la legitimidad que proviene del respaldo popular o el acompañamiento de las oposiciones; le apresura la necesidad de instaurar un régimen con las siguientes características: autoritario, centralista, seudodemocrático, regresivo y hegemónico. No escapa lo evidente: hay un guía moral que interfiere en las funciones de gobierno, una reedición del Maximato Callista con un centro de poder en el partido oficial.
Para lograr su cometido se recorren viejas rutas: una narrativa cargada de un falso sentimiento popular, un nacionalismo a conveniencia y una creciente irresponsabilidad en el manejo de las finanzas nacionales. Así vemos a los santones del régimen, todos con apellidos peninsulares, renegar de todo aquello que suene a español. Son bastante convenencieros, pues no los vemos exigir a los güeros del norte las afrentas del siglo XIX y sí ponerse bravos con lo acontecido hace cinco siglos, cuando un extremeño sin escrúpulos se puso de acuerdo con los tlaxcaltecas y derrotó a los aztecas.
Entre las curules de San Lázaro y los escaños del feo edificio de Reforma, funcionarios federales surtían tarjetas informativas a los legisladores de Morena. Más que datos, los incansables burócratas guindas llevan frases y filtraciones a modo. “Los del prian solo conocen el campo de golf”, es una de las consignas que uno de esos “brillantes” asesores sugiere a un despistado congresista que no tiene la menor idea del debate. Otro distribuye una lista de políticos de oposición que son propietarios de predios agrícolas y que, por ende, tienen concesiones para uso de agua. Mala idea la de los ujieres de petate: hay morenistas que son aficionados al deporte que nació en Saint Andrews, y otros que tienen títulos de agua suficientes para inundar campos de arroz.
El país no crece; en octubre los números de INEGI nos dieron un pavoroso cero, y el pronóstico para el año es de un raquítico 0.3 de crecimiento del PIB. Muy lejos de las fantasías que llevaron al poder a López Obrador. En ese contexto se emprenden reformas con contenidos inconexos y que poco sentido tienen si pensamos en el crecimiento económico y la estabilidad. En ocasiones es evidente que ganan las visiones trasnochadas, pero en otras aflora la intención de apoderarse del Estado y no aceptar un eventual cambio de voluntad popular.
La legislación que se votó en diputados, en una sesión de 25 horas, y en el senado en apenas seis, tiene como objetivo el control político del campo. No solo de los pequeños productores, también de los grandes corporativos que producen agroalimentos. Es claro que los “ricos” se arreglaron y prefirieron guardar un conveniente silencio.
La reforma lleva en su seno el desprecio a la búsqueda de consensos y la omisión de la deliberación democrática. Es producto de la falsa mayoría, pero sobre todo del asalto al poder por una agrupación de resentidos que son guiados por falsos profetas. Al tiempo vamos; la fría realidad económica no puede ser ocultada por mucho tiempo. Brota y flota.
