Cuando pensamos en inteligencia artificial desde el estereotipo, lo primero que viene a la mente son algoritmos sofisticados, robots parlantes o imágenes generadas en segundos. Lo que casi nunca se ve es el cableado, los servidores y, sobre todo, la electricidad que hace posible toda esa magia. Sin energía, la inteligencia artificial no pasa de ser una promesa.
Diferentes fuentes han puesto la cifra en perspectiva: operar un solo gran centro de datos de IA puede costar más de mil millones de dólares al año, y buena parte de ese gasto corresponde al consumo eléctrico. Traducido a una imagen simple: un centro de datos puede demandar la misma electricidad que una ciudad mediana. La IA no vive en la nube, sino en el suelo, enchufada a la red eléctrica.
Ahí entra México y su reto: si quiere detonar la adopción de herramientas de IA, necesita asegurar que haya energía suficiente, confiable y limpia para alimentar los centros de datos que se instalen en el país. Y la institución que carga con esa responsabilidad es la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El Plan de Expansión de Energía 2025–2030 da una idea de la magnitud. Prevé inversiones por 22,300 millones de dólares en generación, 5,600 millones en transmisión y 3,600 millones en distribución. Una parte clave de ese gasto apunta hacia energías limpias: 16 proyectos renovables (nueve solares y siete eólicos) frente a seis de combustibles fósiles. No es solo una cuestión ambiental, es un requisito de mercado: los inversionistas globales solo apuestan por centros de datos si tienen acceso garantizado a electricidad renovable.
Pero la transición energética mexicana enfrenta obstáculos regulatorios. La reforma de 2013 impulsó empresas productivas del Estado con cierta autonomía y un énfasis en renovables. En contraste, la reforma de 2025 regresó a un modelo de empresas públicas bajo control estratégico, con prioridad de despacho eléctrico para la CFE. Eso asegura presencia estatal, pero también limita la participación privada al 46% y abre dudas jurídicas. Y para una empresa que debe decidir en qué país instalar un centro de datos, la seguridad regulatoria pesa tanto como el costo de la tarifa.
En transmisión la foto es similar: 80 proyectos en curso y 65 nuevos para ampliar la red de transmisión, además de más de 80 nuevas subestaciones y 63 modernizaciones de transformadores en distribución. La magnitud de las necesidades es enorme, pero el calendario importa: si México quiere atraer la ola de inversiones en IA, debe asegurar que estos proyectos se concreten a tiempo. De lo contrario, países vecinos con marcos regulatorios más claros y energía más confiable podrían quedarse con esas inversiones.
No se trata de un desafío exclusivo de México. Estados Unidos ya enfrenta advertencias de que sus redes eléctricas se saturan con la demanda combinada de IA, autos eléctricos y fabricación de chips. Europa, a su vez, discute cómo alimentar los centros de datos sin incumplir sus compromisos climáticos. La diferencia es que México todavía tiene una ventana de oportunidad, pero es estrecha: la ola de inversión en IA no esperará.
La CFE se encuentra en una encrucijada histórica. Por un lado, debe cumplir su mandato de garantizar el servicio estratégico bajo control del Estado. Por otro, necesita abrir espacios para que la inversión privada aporte capital, tecnología y velocidad en la transición energética. Si se queda corta en cualquiera de esos frentes, el país corre el riesgo de rezagarse en la carrera global de la inteligencia artificial.
La oportunidad es enorme: atraer centros de datos implica empleos, innovación y competitividad para México. El riesgo también lo es: que la falta de certeza regulatoria y de infraestructura eléctrica expulse esas inversiones hacia otros destinos.
Al final, la lección es simple: la inteligencia artificial no es inmaterial ni flota en la nube. Depende de plantas, transformadores y cables. En México, el futuro de la IA se decidirá en las decisiones que tome la CFE para encender —o dejar a oscuras— esta revolución tecnológica.
