Hace algunos años, una amiga cercana me relató —llorando con desesperación, culpa y dolor— cómo, tras un viaje a la playa con amigas, durante una noche de fiesta en la que había bebido, alguien aparentemente adulteró su bebida. Esto provocó que sus recuerdos se volvieran difusos: amaneció desnuda tras haber sido abusada sexualmente por un joven que las acompañó esa noche. Este hecho la persiguió durante años. Su historia no es aislada; refleja la de muchas jóvenes que, bajo los efectos del alcohol, son violentadas por depredadores con la intención de embriagarlas, hacer que “aflojen” y, con frecuencia, reducir su conciencia para abusar de ellas. Esta historia también es la de Sofía, cuyo testimonio resurgió en mí como eco de tantas voces silenciadas.
Los hechos se remontan al 2 de octubre de 2020, cuando Sofía —de 17 años— asistió a una reunión en un departamento de la Ciudad de México. Tras una noche de juegos de cartas y consumo de tequila, hacia la medianoche ya experimentaba un fuerte mareo. Fue entonces cuando Diego “N”, de 20 años, aprovechando su estado de vulnerabilidad, la llevó a la recámara. A pesar de su resistencia, la violó. Cabe destacar que ella era menor de edad en ese momento.
Pero eso no fue todo. Sofía relata la escalofriante indiferencia posterior al abuso: la dejó sola en la habitación para que se vistiera y, acto seguido, la llevó a su casa. Durante el trayecto no intercambiaron palabra alguna. Para colmo, Diego la contactó al día siguiente para exigirle que tomara la pastilla del día siguiente, pues no había usado condón.
Tras diversas terapias psicológicas —considerando que las víctimas de estos delitos suelen tardar en denunciar por miedo, vergüenza o trauma—, Sofía se armó de valor y demandó a su violador.
El 10 de mayo de 2024 se abrió la carpeta de investigación. En un proceso judicial que refleja el vía crucis que es denunciar en México, especialmente en estos delitos de naturaleza oculta (en donde en mi opinión la carga probatoria debería de recaer sobre el agresor precisamente por su naturaleza y la vulnerabilidad de la víctima). A pesar de ello, Sofía presentó sus pruebas: dictamen psicológico positivo: dos particulares y uno de la Fiscalía; mensajes de WhatsApp y declaraciones de testigos, incluida su hermana, entre otras.
La defensa del imputado alegó que este se encontraba en Coahuila el día de los hechos realizando un trámite notarial. Sin embargo, Sofía aportó una conversación de WhatsApp donde Diego le envió su ubicación en tiempo real: idéntica al lugar de la agresión.
Pese a que Diego fue vinculado a proceso, interpuso un recurso de apelación. La Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia resolvió —en menos de una semana, un plazo récord— a favor del agresor: avaló la validez de sus pruebas y desestimó tanto las evidencias de Sofía como la existencia de la violación.
Lo más abyecto estaba por ocurrir: la Fiscal de la Cuauhtémoc ordenó judicializar la carpeta de investigación, pero en contra de la víctima, acusándola de falsedad. Hoy, la defensa de Sofía y su clienta temen que estos actos de corrupción —impulsados por la familia acaudalada del imputado para torcer la justicia— culminen con Sofía en prisión.
La audiencia clave está fijada para el próximo 22 de agosto. Si bien el ruido mediático ha reducido la presión institucional, el juez insiste en realizarla y probablemente enjuiciarla. Las instituciones deben proteger a Sofía, no castigarla más: una joven violada, con daño psicológico severo, revictimizada por el sistema y ahora amenazada con la cárcel por denunciar.
Lograr justicia en este caso no solo significará reparación para Sofía, sino un reconocimiento para todas las jóvenes abusadas bajo los efectos del alcohol. Además, sentará un precedente legal histórico para proteger a futuras víctimas de depredadores sexuales y validará la capacidad del nuevo Poder Judicial de la Federación para garantizar los derechos de las mujeres.
P.D. No olvidemos a Dulce Belem Sánchez, policía federal: embarazada de gemelas al ser detenida, torturada hasta perder a sus hijas, y encarcelada siendo inocente durante 13 años en prisión preventiva sin condena. Ahora, un tribunal le impuso 69 años y 4 meses de prisión. Esto tampoco es justicia. ¡Exijamos su libertad!
