La elección judicial extraordinaria de junio de 2025 se llevó a cabo bajo la promesa de acercar la justicia al pueblo. En su lugar, abrió la puerta a la más grotesca simulación. Lo que debía ser un proceso ejemplar para democratizar el Poder Judicial derivó en una mascarada legitimada por autoridades electorales que abandonaron su papel de garantes constitucionales. El brutal resultado es: un nuevo Poder Judicial sin credenciales éticas ni jurídicas, incubado en la trampa y parido por la omisión.
Más de 7,000 personas compitieron por cargos judiciales. Al menos 177 resultaron electas pese a incurrir en faltas graves: desde ocultamiento de gastos y recepción de aportaciones ilegales hasta falsificación de méritos académicos. Lejos de ser inhabilitadas, fueron premiadas con la toga.
El Instituto Nacional Electoral (INE) intentó frenar la farsa: revocó el triunfo de 45 personas que no cumplían con el promedio académico exigido por la Constitución. Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió que debía prevalecer la “presunción de elegibilidad”, ignorando la verificación objetiva de los mínimos requisitos constitucionales. Si no acreditas tu promedio, no importa: se asume que lo tienes, salvo prueba en contrario. La Constitución reducida a una mera sugerencia..
Más allá del descuido administrativo o de las interpretaciones erráticas, lo más alarmante es la construcción deliberada de un sistema donde todo se vale. Los Comités de Evaluación del Legislativo y del Ejecutivo avalaron perfiles sin escrutinio alguno. El Tribunal, en lugar de corregir el rumbo, cerró la puerta al control.
¿Con qué cara exigirá legalidad un Poder Judicial que nace en la ilegalidad? ¿Qué respeto podrá inspirar una magistrada que mintió en su currículum o un juez que pagó su multa con su futuro sueldo judicial?
La ética judicial no es un accesorio: es el cimiento de la confianza pública. Si la justicia parte de la trampa, el pacto democrático se desvanece. Y lo que debería ser un modelo de excelencia se convierte en un desfile de complacencias.
A estas alturas, no nos sorprende el actuar de la Sala Superior del TEPJF pues ha actuado de manera sistemática como operador político más que como árbitro jurídico. Así, validó y luego negó facultades al INE con base en la conveniencia del momento. Ha avalado censuras injustificadas, propagandas disfrazadas de participación ciudadana y procesos viciados. La interpretación constitucional del TEPJF se ha convertido en un instrumento de oportunidad, no de legalidad.
Lo que está en juego no es solo el diseño de una desafortunada elección que más parece anécdota surrealista; sino la legitimidad de uno de los tres poderes de la Unión. Hoy llegamos al absurdo de permitir que quien viola la Constitución forme parte del órgano que debe defenderla, hemos aceptado (legitimado desde el órgano límite de interpretación constitucional electoral) que las reglas son orientativas y no obligatorias, y así se ha institucionalizado, legitimado y normalizado el fraude como vía de acceso a los cargos de elección judicial.
Todo ello es la consecuencia de una regresión democrática profunda, en la que el Ejecutivo concentra poder, y los contrapesos se disuelven. La elección judicial no es una excepción: es el síntoma más reciente de una enfermedad institucional que amenaza la democracia misma.
No podemos normalizar esta justicia adulterada. La legalidad no es negociable. La Constitución no es una tómbola. Y la toga no puede ser el premio a la simulación. Las autoridades electorales han fallado. El Poder Judicial ha sido despojado. Y la ciudadanía, engañada.
