Cada año, la Ley de Ingresos de la Federación incluye un apartado que pasa casi desapercibido el “déficit de las empresas públicas del Estado”. Sin embargo, detrás de esta categoría contable, se encuentra una discusión inacabada sobre el papel que desempeñan en las finanzas públicas las dos empresas energéticas del país: Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Para dicha discusión, es necesario analizar el balance financiero y fiscal de cada una de las empresas. Si tomamos como referencia el ejercicio fiscal para 2026, a primera vista los balances financieros de ambas empresas parecen positivos.
Para 2026, se prevé que Pemex tenga un superávit de 263.4 mil millones de pesos (mdp), mientras que la CFE espera un superávit de 20 mil mdp. No obstante, al analizar su razón, su situación cambia. En Pemex, 263 mil mdp provienen de transferencias, mientras que, en la CFE, 87 mil mdp son de subsidios a las tarifas eléctricas por parte del Gobierno Federal, no de su actividad productiva. Dicho de otro modo, los superávits se sostienen en recursos públicos que no reflejan mejoras de su eficiencia operativa.
De ambos casos, destaca el de Pemex. En 2026, recibirá transferencias patrimoniales por 263 mil mdp, en tanto que, la Federación captará alrededor de 232 mil mdp por concepto del Derecho Petrolero para el Bienestar. Bajo un supuesto simplificado, esto implica que el Estado transfiere más recursos a Pemex de los que recibe por su contribución fiscal, lo que representaría una pérdida neta de 30 mil mdp.
Esta dinámica cuestiona la manera en que se presenta su balance, pues los ingresos derivados de transferencias se registran junto con los operativos, generando una imagen de solidez que no corresponde completamente con la realidad financiera de la empresa.
Esta falta de claridad contable no es menor. Al no separar los ingresos propios de las transferencias, se distorsiona no solo la lectura del desempeño de Pemex y la CFE, sino también la del propio balance fiscal de la Federación. En consecuencia, se dificulta identificar las necesidades reales de financiamiento y los riesgos asociados a la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Por ello, es necesario reconocer la dependencia de dichas empresas de los apoyos federales, a fin de generar información que permita orientar las decisiones de política pública, especialmente en un contexto de transición energética y presión presupuestaria creciente.
Para conocer más sobre el tema, te invitamos a consultar la investigación: Balance fiscal de las empresas públicas. Una historia por contar, en https://ciep.mx/NL0a
