La corrupción tiene altos costos para los personas. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, las tasas de mortalidad infantil en naciones con altos niveles de corrupción son un 33% mayores que en los países con baja corrupción. Un estudio de 2011 calculó que 140 mil decesos infantiles anuales a nivel global están relacionados con ella.
México está en una situación crítica. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de la organización Transparencia Internacional nos ubicamos en el lugar 140 de 180 países. Apenas alcanzamos 26 puntos en una escala de 0 a 100.
En septiembre, resolvimos en el órgano autónomo de transparencia de la Ciudad de México una denuncia por vacíos de información, relativa al directorio y declaraciones patrimoniales de personas servidoras públicas de la Alcaldía Benito Juárez. La importancia de transparentar esta información, además de ser una obligación establecida en ley, es la de prevenir posibles actos de corrupción.
Por mandato legal, la información curricular, declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal es una obligación que deben cumplir las personas servidoras públicas de todos los niveles y ámbitos de gobierno. Un medio de fomentar la buena administración es cuando se verifica que el perfil profesional y trayectoria laboral de una persona son adecuadas al perfil del puesto público a ocupar. Recordemos que el primer acto de corrupción es ejercer un encargo para el que no se está calificado.
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción por ello prevé la creación de una plataforma digital nacional que incluya varios sistemas, el primero de ellos tiene que ver precisamente con el de evolución patrimonial, declaración de intereses y constancias de presentación de la declaración fiscal. Este sistema se desarrolla en la Ley General de Responsabilidades Administrativas que aplica tanto a nivel federal como local.
Es obligación de las autoridades integrar esta información y transparentarla, también en su caso detectar desviaciones al buen desempeño de las personas servidoras públicas, sin embargo, la administración pública federal y de las entidades es muy grande y hacer transparente estas obligaciones permite que se generen ejercicios de auditoría ciudadana.
En México, de acuerdo con cifras del INEGI para el cierre del 2023 había poco más de un millón seiscientos mil personas servidoras públicas del ámbito federal y de dos millones cuatrocientos cinco mil en las entidades federativas. Es decir, un total de poco más de cuatro millones de personas. Las leyes determinan que todas ellas deberán presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. Para supervisarlas, analizarlas y realizar detecciones de focos rojos, existen distintos sistemas.
En Ciudad de México, el Sistema Local Anticorrupción se integra por el Comité Coordinador, el de Participación Ciudadana, y el Comité Rector del Sistema Local de Fiscalización. El INFO CDMX forma parte del Comité Coordinador, con otras ocho instituciones y las personas titulares de las 16 alcaldías, estas últimas con voz, pero sin derecho a voto y lo preside la persona titular del Comité de Participación Ciudadana.
El Comité de Participación Ciudadana se integra por cinco ciudadanas de reconocido prestigio y experiencia en materia de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, derechos humanos o algún ámbito similar.
El Sistema Local de Fiscalización se integra por la Auditoría Superior de la Ciudad de México; la Secretaría de la Contraloría General; y una persona integrante del Comité de Participación Ciudadana. Su Comité Rector se integra por la Auditoría, la Secretaría, dos personas del Comité Coordinador y una del Comité de Participación Ciudadana.
Estos sistemas integran dependencias, organismos autónomos, órganos de los tres poderes y participación ciudadana de forma que se entrelazan en los tres ámbitos principales que lo componen. El diseño es complejo, tiene instancias de supervisión mutua pero la mala noticia es que en términos prácticos no ha funcionado como se esperaba.
El motivo inicial ha sido la falta de nombramientos necesarios para su correcto y pleno funcionamiento, y una adicional es la no disposición de presupuesto público para que funcionen.
De los 32 sistemas locales anticorrupción el promedio de falta de nombramientos es del 35%, de acuerdo con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Nuestra Ciudad carece del 75.9% de las designaciones en las instancias que componen el sistema. Así no puede combatirse la corrupción, aunque haya leyes de avanzada y que se hayan realizado desde el diálogo en parlamento abierto.
Las modificaciones constitucionales previstas para el INFO CDMX también obligarán a modificar la ley del Sistema. Hago votos porque cualquier diseño que se defina por parte del Congreso de la Unión para el hasta ahora autónomo del derecho a saber, siga teniendo como objetivo combatir las conductas indebidas en el servicio público en beneficio de todas, sobre todo, de quienes viven en pobreza.
