La presencia de un avión militar estadounidense en el aeropuerto de Toluca, aunque oficialmente justificada como un vuelo autorizado para capacitación, puso sobre la mesa preguntas que el gobierno mexicano aún no logra responder de forma clara. Aún cuando las autoridades han señalado que se cumplieron los protocolos, no termina de quedar claro qué hacía ese avión aquí, más allá de una autorización administrativa. Esa indefinición es aún más relevante porque ocurrió en medio de una alerta aérea de Estados Unidos sobre posibles acciones militares en el espacio aéreo de México y América Latina, válida del 16 de enero al 17 de marzo de 2026 y dirigida a aerolíneas estadounidenses por la Administración Federal de Aviación (FAA).
La alerta publicada el 16 de enero, no es una advertencia menor para operadores de aerolíneas: establece que existen riesgos potenciales para aeronaves en todas las altitudes debido a “actividades militares” y posibles interferencias en los sistemas de navegación satelital (GNSS/GPS) en amplias regiones que incluyen espacio aéreo sobre México, partes del Pacífico oriental, Centroamérica y Sudamérica. Estos avisos, conocidos como NOTAM, estarán vigentes hasta el 17 de marzo de 2026.
El gobierno mexicano ha insistido en que esta alerta es de carácter preventivo, que no constituye una prohibición ni implica restricciones operativas para México o sus aerolíneas, y que no representa una actividad militar estadounidense dentro del territorio nacional. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha subrayado que se trata solo de una medida precautoria para operadores estadounidenses y que no hay implicaciones para la aviación civil mexicana.
La presidenta Claudia Sheinbaum también ha negado que exista actividad militar estadounidense en México, aunque no ofreció más detalles sobre la naturaleza de la alerta, ni sobre el alcance de las operaciones que la motivaron.
En este contexto, el aterrizaje del Super Hércules, una aeronave táctico-logística de uso militar, en Toluca, adquiere otra dimensión. Las autoridades han repetido que el vuelo estaba autorizado por acuerdos de cooperación bilateral y no llevaba tropas ni armamento, sino personal con destino a capacitación. La lógica técnica es válida, pero no termina de aclarar por qué ese tipo de aeronave, en ese lugar y en ese momento, coincide con una advertencia de Estados Unidos sobre supuestas actividades militares en el espacio aéreo regional.
No es una exageración afirmar que la comunicación oficial fue tardía y parcial. Explicar lo que “es” no es lo mismo que detallar lo que “se percibe”. En temas de soberanía y seguridad, la claridad informativa no es un lujo, sino una necesidad. Cuando un avión militar extranjero aterriza en territorio nacional y la respuesta sigue siendo un rompecabezas discursivo, el vacío informativo pesa más que la nave misma.
