Hace unos días pudo conocerse la iniciativa por la que se propone reformar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de elección de personas a cargos del Poder Judicial.
Respecto de las personas legisladoras que la realizaron, debe destacarse que forman parte del grupo parlamentario del partido en el poder, lo cual no es cosa menor pues conlleva la realización de un diagnóstico llevado a cabo por un grupo de personas que, primero, apoyaron la reforma a los poderes judiciales de septiembre de 2024 y, después, por ese hecho sería complicado desestimar su opinión como suele hacerse con las personas que son parte de la oposición.
Dichas personas legisladoras afirman en la exposición de motivos de la iniciativa comentada que “la implementación práctica del nuevo modelo evidenció áreas de oportunidad. Particularmente, se identificaron desafíos en los procesos de evaluación y selección de aspirantes, así como en los tiempos de organización electoral”. Asimismo, sostienen que con esta iniciativa se busca un “perfeccionamiento institucional del modelo de elección judicial recientemente adoptado, con el objetivo de consolidarlo bajo parámetros de mayor objetividad, profesionalización y certeza”. De esta manera, identificaron dos problemas:
- Los requisitos constitucionales vigentes para acceder a cargos jurisdiccionales resultan insuficientes para evaluar de manera objetiva las competencias técnicas necesarias para el ejercicio de la función jurisdiccional.
- La eventual concurrencia de elecciones judiciales con procesos electorales de naturaleza política genera riesgos institucionales.
Uno de los principales puntos que desde la academia y desde la sociedad civil se apuntaron antes de la reforma de septiembre de 2024 fue la de la solvencia técnica indispensable con que deben contar las personas juzgadoras y, en la iniciativa mencionada, precisamente se afirma que “la elección de personas juzgadoras exige un entorno que privilegie la evaluación de méritos técnicos y preserve la percepción de imparcialidad del Poder Judicial”.
Aunado a lo anterior, con esta iniciativa se persigue recorrer la próxima “elección judicial” a junio de 2028; resolver la antinomia existente en el contenido de nuestra Carta Magna respecto de la renovación de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; crear un Observatorio Ciudadano con el propósito de que la ciudadanía pueda dar seguimiento, evaluar y emitir valoraciones sobre el desempeño de las personas juzgadoras; entre otras cosas.
Sin duda, propuestas que abonen a fortalecer la legitimidad de mecanismos como el establecido en el año 2024 y a subsanar algunos de los aspectos que se pueden mejorar de los mismos, deben ser bienvenidas a la deliberación pública. A lo largo de los meses en que se ha implementado esta reforma que impactó en la vida interna del Poder Judicial de la Federación y en la de los poderes judiciales locales.
En razón de lo anterior es recomendable propugnar por, a partir de la evidencia existente y la que se pueda recabar en adelante, abrir a la discusión pública estas y otras propuestas en aras de mejorar los mecanismos recientemente estrenados buscando que nuestro Estado constitucional y democrático de derecho sea efectivamente promovido y respetado.
