Mientras las autoridades presentan con bombo y platillo los avances en infraestructura y seguridad de cara al Mundial, enfocándose exclusivamente en espacios directamente relacionados con la fiebre pambolera, apenas la semana pasada, con el caso de Julio César, el tirador de Teotihuacán, ya nos preguntábamos si el país realmente estaba listo para atiborrarse de turistas en otras áreas turísticas por excelencia, pero que parecen haber quedado fuera de la mira gubernamental. Esta semana, un nuevo incidente pone en manifiesto que la cobertura no se puede limitar a determinados espacios si queremos vender a México como un destino excepcional o, siquiera, mínimamente seguro.
Lo que debía ser un fin de semana memorable se convirtió en el episodio más trágico e injusto en la vida de un grupo de turistas que el fin de semana pasado visitaban Playa Gaviota Azul en Cancún. Julia Vázquez Rivera, una joven que buscaba descanso en el caribe mexicano, pasó del paraíso al infierno, y es que hoy se debate entre cirugías ortopédicas y la posibilidad devastadora de quedar parapléjica. Todo, por la embestida de una moto acuática conducida por dos sujetos intoxicados que perdieron el control del vehículo hasta invadir la zona seca de la playa.
Y hay que decirlo: esta tragedia es el resultado directo de una laxitud que raya en lo criminal. En Cancún, el éxito turístico rebasó por completo la capacidad —o la voluntad— de vigilancia de las autoridades. El incidente en Gaviota Azul deja al descubierto una red de “piratería” náutica que opera a la vista de todos, donde particulares rentan motores a personas visiblemente ebrias sin solicitar certificados de pericia ni contar con seguros de responsabilidad civil. Si no es por mera omisión, la impunidad con la que funcionan estos prestadores de servicios irregulares solo es posible bajo el cobijo de la corrupción institucional.
La responsabilidad asciende por la estructura de mando. Es incomprensible que la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) de Benito Juárez, bajo la administración de la alcaldesa Ana Patricia Peralta, permita que los arenales se conviertan en zonas de guerra logística. Si bien existen reglamentos federales y municipales que prohíben navegar a menos de 100 metros de los bañistas, la realidad en las playas de Cancún es que el lucro del entretenimiento rápido pasa por encima de la integridad física de los visitantes. La ausencia de un “alcoholímetro náutico” y la falta de delimitación física con boyas de seguridad en zonas de alta afluencia son omisiones que cuestan vidas.
Este historial de sangre no es nuevo. Desde la muerte de un menor en Playa Langosta en 2024 hasta las colisiones mortales de diciembre pasado, el patrón es el mismo: supervisión inexistente y un sistema de justicia que reacciona tarde. Las autoridades suelen “pelotear” la responsabilidad entre Capitanía de Puerto, Protección Civil y la Marina, mientras las víctimas quedan en el desamparo financiero y médico. Hoy, la familia de Julia Vázquez Rivera suplica por recursos para costear las cirugías que el Estado no garantiza, a pesar de que la inacción de las autoridades municipales facilitó el escenario de su tragedia.
Las autoridades locales deben entender que la marca Cancún no se sostiene solo con cifras de ocupación hotelera o campañas de promoción. Se sostiene con la certeza de que un ciudadano puede descansar en la arena sin el miedo de ser arrollado por la negligencia de un operador clandestino. El “pirataje” náutico es un secreto a voces que se tolera para no incomodar las cuotas de poder local, pero el costo de ese silencio es la movilidad de una joven y la seguridad de miles de turistas.
La justicia social que pregona la administración estatal comienza por desmantelar las redes de corrupción en los arenales y aplicar castigos ejemplares a los funcionarios que omiten sus labores de inspección. Si el gobierno estatal y municipal no son capaces de garantizar que una zona turística sea segura, entonces son corresponsables de cada fractura y cada vida perdida bajo las hélices de la ilegalidad. Cancún no necesita más discursos de solidaridad; necesita que la ley entre al mar con la misma fuerza con la que hoy golpea a los inocentes.
