El Paquete Económico 2026 representa otra oportunidad perdida. A pesar de ser el primero diseñado completamente por la nueva administración, no traza un camino claro hacia la sostenibilidad fiscal ni hacia un futuro con mayor equidad. Por el contrario, evidencia una política que aplaza los ajustes necesarios, mantiene inercias regresivas y limita las posibilidades de inversión en sectores clave como salud, educación y transición energética.
La Secretaría de Hacienda ha insistido en la idea de una “normalización gradual” del déficit. Sin embargo, los números revelan otra historia: los Requerimientos Financieros del Sector Público (RSFP) se colocan en 4.1% del PIB, ligeramente por debajo del nivel de 2025, pero aún elevados respecto al compromiso previo. Esto implica que la deuda pública alcanzará 52.3 % del PIB en 2026, con un costo financiero mayor al gasto en salud o educación. En otras palabras, destinamos más recursos a pagar intereses de la deuda que a garantizar derechos básicos. El costo intergeneracional es evidente: las generaciones futuras enfrentarán un país más endeudado y con menor margen de maniobra fiscal.
En esta edición del paquete económico se presentó una miscelánea fiscal que incorpora medidas para reforzar la recaudación: combatir empresas factureras, modernizar aduanas, fortalecer al SAT y elevar los impuestos especiales de productos y servicios (IEPS) no petroleros. Aunque positivas, estas acciones representarían apenas un incremento marginal de 0.35% del PIB. En el largo plazo, no compensan la caída estructural de los ingresos petroleros y México sigue careciendo de una reforma fiscal integral que eleve los ingresos permanentes y permita financiar derechos universales.
Uno de los mayores lastres es la persistente dependencia de Pemex y CFE de las transferencias del erario. Pemex requiere apoyos equivalentes al 27% de sus ingresos y la CFE más de 90 mil millones en subsidios eléctricos. Esta orientación privilegia el rescate de empresas públicas por encima de la transición energética, desviando recursos de sectores con mayor impacto social. Desde una óptica de justicia fiscal, estos subsidios son regresivos: benefician más a los hogares de ingresos medios y altos, reforzando la desigualdad.
De los 10.2 billones de pesos del gasto neto, 79% está comprometido en pensiones, costo de la deuda, participaciones y apoyos a empresas públicas. Esto deja un margen muy limitado para invertir en áreas estratégicas como cuidados, medio ambiente o igualdad de género.
Uno de los rubros de gasto que más nos debería preocupar es salud. Si bien, aumenta 5.9% respecto a 2025, después de tener un recorte de 12% entre 2024 y 2025, sigue en un nivel bajo, con 2.6% del PIB. Además, reproduce desigualdades: mientras el IMSS crece 11.7%, el ISSSTE cae 3.6% y el IMSS-Bienestar apenas sube 0.8%. En otras palabras, el acceso a servicios de calidad depende más que nunca de contar con un trabajo formal que cotice al IMSS. Cabe mencionar que aumenta el presupuesto del programa “casa por casa”, pero destina apenas 250 pesos por adulto mayor para recibir esta atención médica.
Otro rubro que preocupa por los efectos múltiples que puede tener en cuanto a salud, crecimiento, productividad y uso de los recursos naturales es el presupuesto ambiental que equivale a solo 0.1% del PIB y sufre un recorte de 4%. Con ello, se reduce la capacidad de organismos como CONAFOR o CONANP para atender problemas urgentes como la deforestación o la protección de áreas naturales.
Un tercer rubro a destacar es el sistema de cuidados. En esta ocasión encontramos un nuevo anexo transversal que visibiliza el tema de cuidados, pero no se asignan recursos adicionales a este tema y no garantiza infraestructura ni servicios adicionales. Se trata más de un gesto simbólico que de una verdadera apuesta por la corresponsabilidad social en el cuidado.
El Paquete Económico 2026 refleja tensiones entre el presente y el futuro. Por un lado, busca atender demandas inmediatas a través de subsidios y apoyos. Por otro, sacrifica inversión social y posterga la transición hacia un sistema fiscal más justo y sostenible. La única salida responsable es una reforma fiscal. No se trata de aumentar impuestos indiscriminadamente, sino de diseñar un sistema que distribuya mejor las cargas y los beneficios.
Tras quince años de análisis, el diagnóstico del CIEP es claro: México sigue atrapado en un círculo vicioso de bajo crecimiento, alto endeudamiento y gasto comprometido. El Paquete Económico 2026 no rompe con esta inercia; al contrario, la profundiza. Si el gobierno realmente busca justicia social e igualdad intergeneracional, debe dejar de postergar decisiones difíciles. Porque mientras seguimos debatiendo, las presiones fiscales siguen creciendo y comprometiendo la sostenibilidad de las finanzas públicas.
