En el diseño de las finanzas públicas existe un mito persistente: la neutralidad fiscal. Se asume que los impuestos y el gasto público afectan por igual a toda la ciudadanía. Sin embargo, la evidencia acumulada en las investigaciones más recientes en el CIEP sobre perspectiva de género y cuidados demuestra lo contrario. El presupuesto en México no es neutral al género; es un sistema que, a través de omisiones y estructuras rígidas, perpetúa la desigualdad entre mujeres y hombres.
En primer lugar, encontramos diferencias en el consumo. El análisis sobre la composición del hogar revela que las mujeres enfrentan una desproporcionada e indirecta carga fiscal, pues ellas encabezan hogares que destinan la mayor parte de su ingreso a bienes de primera necesidad y cuidados, por lo que terminan pagando una “tasa rosa” implícita en sus decisiones de compra. Estamos gravando el consumo de quienes sostienen la vida que el Estado no garantiza.
Esta falta de perspectiva se extiende al ciclo de vida completo. El sistema de pensiones actual es, quizás, el ejemplo más crudo de exclusión. Al estar diseñado para trayectorias laborales lineales y continuas, castiga a las mujeres cuando interrumpen su carrera principalmente para cuidar. El resultado es una vejez precaria, donde las mujeres dependen de una asistencia mínima en lugar de una seguridad social ganada porque el sistema no reconoce el valor económico del trabajo no remunerado que otorgan a lo largo de sus vidas.
Incluso los mecanismos creados por el Estado para cerrar estas brechas, como el Anexo Transversal 13, igualdad sustantiva entre mujeres y hombres del PEF, tiene áreas de oportunidad. Lo que debería ser una estrategia de igualdad sustantiva se ha convertido en una etiqueta contable, ya que más del 80% de sus recursos se concentran en transferencias monetarias generales que no atienden, necesariamente, las causas estructurales de la violencia o la falta de oportunidades. Además, solamente 30% del presupuesto de este anexo está alineado con la perspectiva de género. Por otro lado, sin una reforma que dote de recursos al Sistema Nacional de Cuidados, la participación laboral de las mujeres seguirá topada por una pared de responsabilidades domésticas que el sector público se niega a financiar de manera equitativa.
La brecha llega hasta los sectores del futuro. En ciencia y tecnología, el presupuesto no solo es escaso, sino ciego a los techos de cristal que enfrentan las investigadoras. No existen los incentivos fiscales, ni becas que consideren la economía del cuidado. México está desperdiciando el talento de la mitad de su población en las áreas que deberían motorizar el crecimiento.
Otro aspecto a considerar es la capacidad de ahorro, la cual está determinada, en parte, por el género. Con ingresos menores y empleos más informales, las mujeres tienen menos acceso a los incentivos fiscales actuales, que suelen favorecer a los hombres de los deciles de ingresos más altos.
En conclusión, no basta con “etiquetar” dinero para las mujeres. Necesitamos una reingeniería de los ingresos y los gastos. Una fiscalidad feminista exige justicia, que el IVA reconozca los costos del cuidado, que las pensiones compensen los años dedicados a la familia y que el Sistema Nacional de Cuidados finalmente exista con un financiamiento adecuado. Si el presupuesto es la declaración de prioridades de una nación, es hora de que México deje de ignorar a las mujeres. La sostenibilidad de nuestras finanzas públicas depende, en última instancia, de nuestra capacidad para cerrar estas brechas.
