En la antesala de una de las discusiones más trascendentes para el futuro democrático de México, la anunciada reforma electoral que el Poder Ejecutivo presentará ante el Congreso de la Unión en 2026, el papel del Instituto Nacional Electoral (INE) no puede ser soslayado. Lejos de tratarse de un trámite legislativo más, este proceso marcará el rumbo de las instituciones responsables de garantizar la certeza del voto, la imparcialidad en la contienda y, en última instancia, la legitimidad de los gobiernos emanados de las urnas.
Los dos procesos electorales recientes —la elección presidencial de 2024 y las históricas elecciones judiciales de 2025— han dejado lecciones que deben guiar el diseño de cualquier reforma. Fueron ejercicios inéditos por su complejidad logística, la tensión política y la magnitud de la participación ciudadana. El INE demostró, una vez más, su capacidad técnica, su profesionalismo y su compromiso con el mandato constitucional de organizar elecciones libres, auténticas y periódicas.
Desde su creación, el INE ha sido un pilar del sistema democrático plural que México ha construido con esfuerzo colectivo. Heredero de la lucha ciudadana por un árbitro imparcial, el Instituto ha acompañado al país en momentos clave: la alternancia en la presidencia, la profesionalización del servicio electoral, la construcción de un padrón confiable y la modernización de la logística electoral. No es casual que, en solo 25 años, cinco presidentes de distintas fuerzas políticas hayan llegado al poder por la vía pacífica y legal de las urnas.
En este contexto, la reforma electoral que México necesita no puede partir de la premisa de recortar instituciones o debilitar al árbitro electoral en nombre de la austeridad. Las instituciones no se improvisan: requieren años de construcción, confianza y legitimidad. El INE no es un vestigio del pasado, sino el corazón técnico y ciudadano de nuestra democracia presente y un garante para el futuro. Modernizarlo no significa restarle capacidades, sino fortalecerlo frente a nuevos retos: la digitalización de procesos, la protección de datos personales, la inclusión efectiva de grupos históricamente marginados y el uso ético de tecnologías como la inteligencia artificial.
Cualquier cambio debe preservar y robustecer los pilares del Sistema Nacional Electoral surgido en 2014: un INE con alcance nacional, coordinado con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), con autonomía frente a poderes políticos y fácticos, con mecanismos de fiscalización sólidos y con la capacidad de organizar procesos electorales complejos en todo el país. Debe, además, ampliar la participación ciudadana, fortalecer el vínculo entre sociedad e instituciones y garantizar que el voto libre siga siendo el principal mecanismo de transmisión pacífica del poder.
La oportunidad está en aprovechar la discusión de esta nueva reforma para cerrar brechas, optimizar recursos y actualizar procedimientos, sin perder de vista que la democracia no se abarata: se invierte, se protege y se defiende. Lo contrario, una reforma sin consenso técnico, ni respaldo ciudadano, sería la antesala del debilitamiento institucional.
México necesita un INE del siglo XXI: autónomo, ciudadano, transparente, innovador y cercano a la gente. Un INE que mantenga su imparcialidad como bandera, que siga siendo garante de elecciones confiables y que proyecte su experiencia hacia las próximas décadas. Fortalecer al INE es fortalecer la democracia.
