Peligra gratuidad en Universidad Veracruzana

GABRIELA RIVERA | @gAbS_07

La gratuidad de la educación que da la Universidad Veracruzana se verá afectada por la falta de pago de dos mil millones de pesos que debe el gobierno estatal a la institución, advirtió la rectora de la institución, Sara Ladrón de Guevara González.

La universidad está operando con 452 millones de pesos que la federación les entregó, como parte de los montos que se le debían. Sin embargo, éstos no son suficientes para su operación.

“Estamos evitándolo, pero también somos enfáticos en la necesidad de recibir nuestros presupuestos porque esto podría llevar a una afectación en la gratuidad de la obligación del estado mexicano de brindar educación gratuita en todos los niveles”, dijo la rectora en entrevista, durante su participación en las Mesas de Debate de la Legislación de la Educación Superior en México.

Hasta ahora han pagado los sueldos de los docentes y atienden a los 80 mil alumnos en 28 campus distribuidos en la entidad, pero no tienen recursos suficientes para pagar a los acreedores, equipar laboratorios o continuar las obras de infraestructura.

“Tenemos solvencia pero no liquidez”, afirmó.

Desde hace casi tres años, el gobierno que encabeza Javier Duarte adeuda a la Universidad Veracruzana no entrega el total del presupuesto anual a la universidad, por lo que ya le debe poco más de dos mil millones de pesos.

El presupuesto de la Universidad Veracruzana asciende a cuatro mil millones de pesos, de los cuales 46% corresponden a recursos federales y el resto lo entrega el gobierno local.

Sin embargo, el problema radicó en que la federación entregaba mil 840 pesos a la administración de Duarte y no directamente a la universidad, por lo que esos fondos se entregaron a cuenta gotas.

“Cuando yo llegue a la rectoría (en 2013) ya había un pendiente de 900 millones, de manera que este tema no es nuevo. Hemos estado insistiendo, llevó dos años y medio al frente de la rectoría; primero fue la búsqueda de conciliar las cuentas con el gobierno del estado y luego he acudido al legislativo tanto local como federal”, dijo Ladrón de Guevara.

En los primeros encuentros con Duarte, el mandatario reconoció que no se habían entregado los recursos completos porque existían problemas financieros en la entidad.

“Sin embargo, el 7 de septiembre de 2015 el gobernador dijo públicamente que no le debía nada a la universidad y los montos que nos habían entregado eran por su generosidad”, contó la rectora.

Ante las declaraciones, las autoridades universitarias recurrieron a Congreso de la Unión, quien modificó la legislación para que los recursos federales se entreguen directamente a la Universidad Veracruzana, la cual se convirtió en la primera institución de educación federal que lo logra.

Con esta decisión, la administración de Duarte y las subsecuentes ya no tendrán acceso a esos recursos y la universidad podrá destinarlos a sus prioridades desde el primero momento del año fiscal.

La presión de la comunidad universitaria y de la sociedad veracruzana en general hizo que Duarte revirara sobre sus dichos y la decisión de no entregar los recursos. La semana pasada, el gobierno estatal entregó una propuesta de cómo entregaran los dos mil millones de pesos.

Esta propuesta se discutirá el viernes próximo en una sesión extraordinaria del Consejo Universitario y formularán una respuesta, en caso de aceptarla.

Además, el gobierno envió una iniciativa al congreso local para, que por ley, el presupuesto de la universidad sea el equivalente al 3% del presupuesto anual de la entidad.

La rectora celebró estos avances, pero reconoció que ahora tienen un nuevo problema con el gobierno. La semana pasada se dio a conocer que los legisladores discuten la posibilidad de modificar el esquema del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, que actualmente paga las pensiones de los trabajadores retirados.

Con la reforma se pretende que la universidad absorba el gasto de las pensiones, lo cual afectará otra vez sus finanzas, ya que las cuotas de los empleados y de la universidad se entregan al instituto, quien administra esos recursos.

“Ahora es claro que se quieren desafanar de esta obligación y pasarnos la obligación a la universidad, lo cual sería muy grave para nuestra situación financiera porque solo quieren reconocer a los trabajadores nada más del gobierno y nosotros también somos trabajadores del gobierno aunque estemos en una institución autónoma”, puntualizó Ladrón de Guevara.