1.
Los días 14 y 15 de noviembre pasados se realizó en el Senado de la República el II Congreso Internacional en Evaluación de Impacto Legislativo, auspiciado por los senadores Manuel Añorve Baños, presidente del Instituto Belisario Domínguez, y Gilberto Herrera Ruiz, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, en el que se contó con la destacada participación de varios especialistas internacionales en la materia. La Evaluación de Impacto Legislativo es una tendencia en desarrollo en el mundo, derivada de las buenas prácticas legislativas que sería plausible adoptar para anticipar los efectos legales, políticos, administrativos y financieros que una reforma, abrogación o una nueva ley pudieran causar en la sociedad y en las instituciones.
2.
Es sabido que cuando las leyes cambian, no siempre afectan el entorno social o gubernamental en el mejor sentido. Las causales políticas suelen impulsar los cambios legislativos sin los estudios previos que sería recomendable tener para anticipar los efectos, ni se cuenta con estudios posteriores suficientes para determinar si la legislación resultó eficaz. La situación es que tenemos en el país una Constitución Política en constante modificación, numerosos tratados internacionales y más de 300 leyes vigentes sin contar los diversos reglamentos que constituyen nuestro marco jurídico también en constante evolución, causando la paradoja, además, de su interpretación por los jueces para su aplicación a los casos concretos.
3.
De ahí que, para favorecer la calidad de las normas, se haya planteado la posibilidad de establecer una metodología basada en la teoría y las experiencias de evaluación de impacto legislativo existentes en el mundo y que empiezan a practicarse en México. Actualmente, los estudios previos que fundamentan la exposición de motivos de un proyecto legislativo, son realizados por los propios legisladores, el personal técnico que les asiste o el equipo de asesores e investigadores parlamentarios del Congreso Federal y las Legislaturas estatales. Es mucho lo que se hace de esta manera y en los asuntos más relevantes, los que concentran la atención de la opinión pública, suelen tenerse resultados bastante aceptables, sin que deje de ser cierto el adagio de numerosos jueces, quienes refieren que ante una ley ambigüa y poco clara, la aplicación de la misma se resuelve mediante controversias o interpretación jurídica.
4.
En nuestro país, la facultad de iniciar leyes es abierta para los legisladores y el Ejecutivo, y mucho más acotada para los ciudadanos o grupos sociales interesados en participar. Muy poco ha prosperado la iniciativa ciudadana, en tanto que la iniciativa de los legisladores se ha disparado a números de imposible concreción. Como se expuso en el II Congreso Internacional de Evaluación de Impacto Legislativo, en la Legislatura anterior, la LXIV, se presentaron 11,064 iniciativas de ley, de las cuales fueron aprobadas 650, en tanto que en la actual, la LXV, se han presentado ocho mil 332 iniciativas, de las cuales se han aprobado 168. Tales números muestran cuán complejo puede resultar el procesamiento legislativo si todo fuera a ser aprobado. Ningún país resistiría tal dinámica legislativa.
5.
De ahí que la propuesta de implementar una metodología de Evaluación de Impacto Legislativo en el Instituto Belisario Domínguez del Senado y los Centros de Estudios de la Cámara de Diputados, resulte más que interesante para asegurar a la sociedad, la final receptora de las leyes, que al legislar se han tomado en cuenta los principales aspectos para asegurar no sólo una buena legislación, sino también su cumplimiento una vez promulgada. Habría estudios ex ante, es decir, con anterioridad a la presentación del proyecto legislativo; así como estudios ex post, correspondientes a la vigencia de la ley, y, por supuesto, durante, como muchos de los que actualmente se realizan, pero con un enfoque integral.
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