Mientras las autoridades brasileñas aún se encuentran inmersas en las medidas a tomar tras el asalto a varias sedes oficiales el domingo, la violencia hace de las suyas en los países cercanos.
En la nación andina, el gobierno de Dina Boluarte se encuentra en jaque después de que la Fiscalía del país anunciara una investigación en su contra por la muerte de 40 personas, un hecho que podrían considerar incluso “genocidio”.
La indagación es por presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” durante las manifestaciones antigubernamentales en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho, según lo publicó el organismo en internet.
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Momentos antes, Boluarte había decretado un toque de queda en la zona sur para frenar las protestas que se originaron por la dimisión del anterior presidente, Pedro Castillo, a inicios de diciembre.
“Se ha aprobado en el Consejo de ministros un decreto supremo que declara inmovilización social en Puno por el plazo de tres días, desde las 20:00 hasta las 4:00 horas”, anunció el jefe de gabinete, Alberto Otárola.
Por otra parte, en Colombia, la vicepresidenta Francia Márquez denunció un atentado con un artefacto explosivo, que afortunadamente fue desactivado.
“Integrantes de mi equipo de seguridad hallaron un artefacto con más de 7 kilos de material explosivo en la vía que conduce a mi residencia familiar”, explicó en redes sociales, antes de detallar que el artefacto “fue destruido de manera controlada por personal antiexplosivos de la policía”.
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