Pone en riesgo el 45% del PIB de México

11 de Diciembre de 2025

Pone en riesgo el 45% del PIB de México

Ese es el valor de las exportaciones a Estados Unidos que podría verse afectado como parte de sanciones económicas en el contexto del T-MEC, que ha advertido la administración Biden podrían imponerse; porcentaje que no incluye el PIB por el intercambio comercial con Canadá

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La formación del Producto Interno Bruto (PIB) está en riesgo. El 56% proviene de las exportaciones, y el mayor comprador de las mercancías mexicanas es Estados Unidos, país que consumió en 2021 el 80.7% de los productos que vende México al exterior.

Ese 80.7%, equivale a 398 mil 782.2 millones de dólares, una cifra que en moneda mexicana son 8 billones 59 mil 389 millones de pesos, y por sí sola fue el 45% del PIB de México en 2021. Como dato relevante, de 2019 a 2020 se registró una caída de 9% en las exportaciones a Estados Unidos, pero gracias a los estímulos económicos en ese país a empresas y familias, los pedidos de mercancías mexicanas crecieron al siguiente año, después de que se padeció la Covid-19 y las medidas de confinamiento, un 18 por ciento. Números que se ponen en riesgo ante un mercado que pide que el Presidente de México recapacite y no dañe esa relación comercial multimillonaria.

Autoridades de comercio, legisladores y particulares del vecino del norte han amenazado con represalias en el intercambio de mercancías y servicios que están dentro del tratado, lo que podría dañar a las industrias en México, en especial la manufacturera, que es la que más emplea a mexicanos, y según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dependen dos millones 807 mil 754 personas de esa fuente de trabajo, sólo hablando de este sector.

“El gobierno de los Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos. Es en este tenor de cooperación y respeto que nos preocupa que la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión”, advirtió este jueves el embajador estadounidense en México, Ken Salazar.

La embajadora comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, ha declarado que la reforma eléctrica podría costar 10 mil millones de dólares en daños e inversiones. Aunque visto de este lado, la situación podría golpear a México de adentro hacía fuera, con la formación del 45% de su PIB, ya que es el valor de las exportaciones al país del norte las que podrían verse dañadas como parte de sanciones económicas dentro del T-MEC, sin contar las que se dirigen hacia Canadá y que por solidaridad en el tema de las energías limpias podrían penalizar a nuestro país.

“La reforma a la industria eléctrica es un riesgo para las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos podría tomar acciones en contra de México, en el marco del acuerdo comercial. La carta de Katherine Tai, por su tono, no debe tomarse a la ligera”, indicó en un tuit la directora de Análisis Económico de Banco Base, Gabriela Siller.

Se tiene que considerar que no desaparecerá el comercio de México con Estados Unidos, pero sí podría deteriorarse y dañar las cadenas de valor que existen en nuestro país, y dado los planes de infraestructura que trae entre manos el gobierno estadounidense entre los que destaca dar mayores estímulos fiscales a productos hechos 100% en Estados Unidos, en especial a los autos, que aún se encuentra el tema en disputa con nuestro país, donde la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, ha pedido la creación de un panel para determinar quién tiene la razón en un asunto de interpretación de las reglas de origen.

Sólo este tema automotriz dañaría con sumas millonarias a las empresas manufactureras que están ligadas al sector de los automóviles. Y así podemos ir sumando otros sectores en los que estamos en desventaja en los temas de competitividad frente a Estados Unidos y Canadá, y que pueden ser sancionados con base en el propio reglamento con castigos arancelarios, en el mejor de los escenarios.

Las advertencias

La administración del presidente Joe Biden ha manifestado, e incluso ha enviado a representantes a Palacio Nacional, pidiendo se retracte en la forma en que está redactada la propuesta de ley, la que aseguran daña a empresas estadounidenses y a futuras inversiones y la reducción de emisiones de carbono al usar energías sucias para generar electricidad. Mencionan que va en contra del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que dentro se incluyó que deberá existir un mercado energético competitivo, lo que según no se cumpliría.

Ante ello, el mandatario mexicano se pronunció que eso “no es cierto”, sino que por el contrario, hay un capítulo en el que “los gobiernos se comprometen a no permitir la corrupción”, y de ser necesario acudirá a tribunales internacionales con pruebas sobre que hay empresas que se beneficiaron con acciones deshonestas, y cuenta con las pruebas para comprobarlo.

La semana pasada, John Kerry encargado de la Oficina de Cambio Climático de la Casa Blanca, visitó al presidente López Obrador, y según le propuso la creación de un grupo que vigilara el trabajo en la reforma eléctrica para no dañar a las empresas, y los esfuerzos en la reducción de emisiones contaminantes, no obstante, el propio mandatario al día siguiente desmintió qué se permitiera un grupo en el trabajo de su administración.

Anteriormente la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, se entrevistó con el mandatario mexicano y con los responsables en el tema de energía y economía del país, a los que les externó la fuerte preocupación de la reforma energética que estimularía el uso de energías sucias y costosas.

El gobierno de Estados Unidos ha advertido que tomará represalias comerciales de aprobarse tal cual la Ley de la Industria Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así, este jueves no pudo ser invalidada por la Corte, al no contar con los votos suficientes; aunque la mayoría se pronunció por la inconstitucionalidad de la preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Es decir, la CFE puede mantener 54% del mercado eléctrico del país, y las empresas privadas, 46 por ciento.

Pero hay una lectura más profunda en la votación, que más de la mitad de los ministros que están a cargo de interpretar la ley reconocen que sí impide la libre competencia la reforma eléctrica, y que es inconstitucional.

El embajador estadounidense Ken Salazar emitió un pronunciamiento el jueves por la noche, en el que aseguró que “las medidas que están ante el Poder Legislativo de México tienen impactos en la competitividad de América del Norte, y por ello esperamos que el marco jurídico resultante apoye la creación de una América del Norte que sea potencia de energía limpia, que proteja las inversiones actuales y futuras de empresas estadounidenses en México conforme a las obligaciones de México bajo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, y que proteja la integración de las cadenas de suministro México-Estados Unidos en favor de la prosperidad de nuestra región. Esperamos que cualquier marco jurídico establezca un claro compromiso con el combate a la crisis del cambio climático, y con proveer energía limpia, barata y accesible para todos”.

El deterioro en las exportaciones tendría dos fuertes vertientes, la primera, una muy probable pérdida de empleo formal y como consecuencia un daño en el ingreso de los trabajadores. La segunda, la depreciación de la moneda mexicana, debido a una disminución de entrada de dólares, ya que el peso toma fortaleza de los volúmenes de dólares de las exportaciones y de las remesas, así como de las inversiones, tanto de directa como de cartera.

Una baja en las exportaciones derivado de un mal cálculo del gobierno federal por echar a andar la LIE, pone en riesgo otro tipo de inversiones y créditos externos, debido al incremento en el riesgo de invertir en México y las pocas garantías que se dan a los inversionistas.

No es únicamente la afectación dentro del T-MEC, sino de la seguridad que se perdería ante este tipo de decisiones que alejaría la inyección de recursos externos a nuestro país. Una baja en las inversiones condenaría a un menor crecimiento del país en medio de la todavía débil recuperación económica de la crisis de la Covid-19, y ahora la guerra en Ucrania.

La encuesta de expectativas de los especialistas del sector privado que elabora el Banco de México prevé qué para este año el crecimiento económico sea de 1.8%, mucho menor al 3.4 que también recortó la Secretaría de Hacienda en sus Pre-criterios Económicos 2023, de un estimado en la Ley de Ingresos 2022 que estableció en 4.1 por ciento.

De reaccionar el gobierno estadounidense de forma agresiva ante la reforma eléctrica, y que van en contra de las reglas establecidas dentro del tratado comercial, las reducciones para el PIB en las próximas proyecciones para este año podrían continuar recortándose.

Especialistas han advertido que los costos para las industrias se elevarán por el incremento en las tarifas de energía eléctrica para producir sus productos, lo que también restaría atractivo el invertir en un futuro en México.

Carlos Serrano, economista en jefe BBVA México, señaló en una conferencia que la reforma energética podría llevar a una recesión económica al país, ya que “no se recuperaría la tendencia positiva del PIB y su crecimiento sería más bajo”. “General Motors tiene objetivos de transición limpia, y muchas empresas tienen esa meta por órdenes de sus propios e inversionistas”, advirtió .