En una maniobra que recuerda a lo ocurrido en Perú el año pasado, Ecuador vio disolver su Congreso por órdenes directas de su presidente, Guillermo Lasso. Se trata de una decisión tomada bajo el riesgo de una destitución a manos de la oposición mayoritaria en un juicio político.
Bajo el amparo de las fuerzas militares y policiales de Ecuador, la sede del Congreso amaneció este miércoles bajo resguardo, mientras que el palacio de gobierno en el centro histórico de Quito permanece custodiado.
Pero la disolución del Congreso, también denominada “muerte cruzada”, podría favorecer a los opositores de Lasso, toda vez que el país atraviesa un alza de la violencia ligada al narcotráfico y un gran descontento por el costo de vida. Bajo este panorama, el Frente Popular, una alianza de organizaciones de trabajadores, docentes, campesinos, estudiantes y mujeres, hizo un llamado a la población para protestar y defender “los derechos y libertades que hoy estarían en juego producto de un dictadorzuelo”, tal como lo señaló su líder Nelson Erazo.
Esta es la primera vez que un presidente ecuatoriano disuelve el Congreso, y según lo establecido por las leyes de dicho país, el presidente gobernará por decreto hasta que puedan celebrarse nuevas elecciones. La Constitución establece que en un plazo máximo de siete días tras la publicación del decreto de disolución, se convocará a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años, que comenzó en mayo de 2021. Asimismo, la Constitución le permite presentarse en los próximos comicios, lo que podría mantenerlo en el cargo un periodo más.
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