La demolición institucional

Nuestra vida pública está profundamente marcada por cuatro patologías políticas: grados de violencia incrementales, corrupción desbordada en todos los ámbitos, condiciones de impunidad generalizadas y los esfuerzos de demolición institucional que sistemáticamente llevan a cabo nuestros gobernantes. Esta última patología es especialmente grave, pues implica que antes que promover procesos de cambio más eficientes, incluyentes y justos para enfrentar los problemas nacionales, las autoridades tienen agenda en la parálisis y destrucción del marco institucional. En la política mexicana nadie tiene hoy el monopolio de la máxima “al diablo las instituciones”, la participación en la demolición institucional es plural y se lleva a cabo a través de palabras, actos y omisiones. Hemos sido testigos de los intentos deliberados para sabotear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), primero a través de la descalificación de su Comité de Selección (incluyendo el espionaje a sus miembros), la incapacidad del Senado para llegar a un acuerdo para nombrar al fiscal anticorrupción y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, también por los importantes rezagos que tienen los estados en el cumplimiento de su obligación de crear sistemas anticorrupción locales. Ahora llega el turno de atacar al nuevo sistema de justicia penal, convenientemente orquestados en el contexto de la sucesión presidencial y encabezados por autoridades que, en principio, tendrían que estar preocupadas por garantizar la seguridad pública. Cuatro argumentos se escuchan: el sistema tiene fallas y es necesario reformarlo; el nuevo modelo explica el incremento de la violencia y la incidencia delictiva; el catálogo de tipos penales no es suficientemente agresivo; y, lo más burdo de todo es el petate del muerto de los miles de presos que serán liberados. ¿Es necesario reformar el modelo? Ningún sistema institucional puede estar al margen de posibles mejoras, en especial cuando involucra problemas como la procuración e impartición de justicia. Lo que debe ponernos en alerta es el llamado a “perfeccionar” el modelo cuando hay reformas legales pendientes; las capacidades, personal y recursos son insuficientes. No se ha avanzado en la transformación de procuradurías y ministerios públicos y tampoco se han creado a nivel federal o en los estados, las unidades responsables de dar seguimiento a medidas cautelares y determinar prisión preventiva, ni mucho menos se han desarrollado los sistemas necesarios para evaluar los resultados del modelo. De acuerdo al ranking desarrollado por el CIDAC, los estados con mayor de avance en la consolidación del nuevo sistema penal son Guanajuato (390), Chihuahua (388) y Baja California (384), cuando el óptimo es alcanzar los 1000 puntos en dicha escala. Para darnos una idea de la realidad que enfrentamos, veintitrés estados no alcanzan los 300 puntos y ocho de ellos se ubican por debajo de los 200. ¿Así se espera que el modelo funcione? El nuevo sistema de justicia penal no es necesariamente es el problema, sino los avances incompletos y desiguales en su implementación. Desde que se inventaron los pretextos, se acabaron los gobernantes ineptos y lo que vemos hoy es que nuestras autoridades prefieren demoler instituciones antes que asumir la responsabilidad de su absoluto fracaso ante la inseguridad, la corrupción y la violencia.