Reforma de AMLO quiere que CFE no se considere monopolio
CIUDAD DE MÉXICO, 26SEPTIEMBRE2019.- Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, ofreció una conferencia de prensa para hablar de la situación económica y de operatividad que guarda la paraestatal. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM
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El presidente de México mandó iniciativa para darle poder social sobre el económico a la Comisión Federal de Electricidad
En un decisivo movimiento político, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado una serie de iniciativas de reforma que ha enviado a la Cámara de Diputados, y una de ellas delinea cambios sustanciales en la Ley Eléctrica mexicana para beneficio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como una empresa de bienestar social y no con un enfoque centrado en los beneficios económicos.
El presidente ha sostenido varios combates con empresas y la oposición para quitarle poder a los privados en materia eléctrica. Actualmente se disputa una controversia por medio del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que las autoridades estadounidenses comenzaron un panel de resolución de controversias para saber quien tiene la razón en este enfrentamiento.
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La representante comercial, Katherine Tai, mencionó en una carta que las empresas e inversionistas de su país han sufrido menoscabo de parte de las autoridades mexicanas en beneficio de Petróleos mexicanos (Pemex) y de la CFE.
Actualmente, la Ley Eléctrica mexicana asigna un 54% de participación estatal a través de la CFE, dejando el resto en manos de inversores privados. La propuesta presidencial busca alterar este equilibrio, redefiniendo el papel de la CFE y enfocándose en un paradigma energético más orientado hacia el bienestar social, donde la electricidad es considerada un derecho fundamental.
Desde la perspectiva del presidente López Obrador, esta iniciativa se basa en el principio de soberanía y seguridad energética. Se argumenta que depender excesivamente de fuentes externas o privadas podría exponer a México a vulnerabilidades geopolíticas y fluctuaciones en los precios internacionales, como se ha visto en experiencias de otros países.
Aprender de otros
Europa enfrentó una crisis energética sin precedentes, marcada por una drástica reducción del suministro de gas ruso, crucial para calefacción, procesos industriales y energía. Esta disminución elevó los precios mayoristas de electricidad y gas hasta quince veces más a principios de 2021, afectando gravemente a hogares y empresas.
Los gobiernos europeos respondieron con medidas para mitigar el impacto, incluyendo límites a precios minoristas, tarifas reguladas y apoyo financiero a empresas energéticas, incluso nacionalizaciones.
Ante estos posibles escenarios, la iniciativa del presidente López Obrador postula la electricidad como un derecho humano básico, esencial para el desarrollo económico y la vida diaria de la población. Se refuerza la visión de que el Estado debe garantizar el acceso universal, independientemente de factores económicos o sociales.
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Se propone reformar la Constitución para aclarar que la planeación y control del sistema eléctrico no constituyen monopolios, sino actividades estratégicas exclusivas del Estado para un bien social. Establece objetivos explícitos como preservar la seguridad y autosuficiencia energética y proveer electricidad al menor costo posible a través de la empresa pública del Estado.
La iniciativa pretende reformar los Artículos 25, 27 Y 28 De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de industrias estratégicas del Estado. Se busca eliminar conceptos como “empresa productiva del Estado” y referencias a “mejores prácticas”. Este movimiento pretende distanciar la empresa pública de la lógica puramente lucrativa, reafirmando su función social y compromiso con el bienestar de la sociedad.
En términos de implicaciones y desafíos, surge la pregunta sobre cómo estos cambios afectarán la competitividad del mercado eléctrico. Al eliminar ciertos elementos de competencia introducidos por la Reforma Energética de 2013, ya que podría generarse un entorno menos atractivo para inversionistas privados.
Riesgos en la inversión
Existe la preocupación de que el fortalecimiento del control estatal pueda llevar a prácticas monopólicas, afectando la eficiencia y la innovación en el sector, lo que podría alejar inversiones de otro tipo como las automotrices o de manufactura, las que requieren mayor uso de energía.
Dada la orientación más nacionalista de la iniciativa, podría haber consecuencias en la percepción de México como destino de inversión extranjera en el sector energético. La atracción de capitales privados podría disminuir, impactando el financiamiento de proyectos clave.
La propuesta del presidente López Obrador representa un cambio significativo en la estrategia energética de México. Al priorizar la seguridad y autonomía energética, se busca transformar el enfoque de la CFE hacia un servicio público más alineado con los intereses sociales. El impacto total de estas reformas dependerá de cómo se manejen las complejidades y desafíos que puedan surgir durante su implementación, siendo fundamental un análisis y debate profundo en la Cámara de Diputados.
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