Esperemos que pase, digamos, la euforia por los nombramientos del gabinete de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, así como todo el enredo con las famosas 20 propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que supuestamente se reducirán a cinco para ser aprobadas en comisiones por esta Cámara de Diputados en julio y guardarlas hasta septiembre cuando se instale la nueva Cámara, ya con la mayoría calificada que la actual conformación en el órgano legislativo no tiene.
Pero hay, a mi juicio, un gran tema del que hasta ahora se ha hablado poco: el referente a la presencia, actuación y sometimiento en que las diferentes organizaciones criminales tienen sumido al país. Algunos ejemplos han ocurrido en las últimas semanas en diferentes partes del territorio nacional y que indican que es quizás el principal problema que enfrentará la nueva administración.
Un primer asunto es la horrenda masacre cometida en León, donde asesinaron a cuatro mujeres y dos niños, uno de ellos de pocos meses de edad. Ha sido de tal magnitud, que una de las principales organizaciones criminales, el denominado CJNG, incluso ha ofrecido recompensas para quienes informen sobre el paradero de los criminales, dos de ellos ya detenidos, aparentemente entregados por el cártel, que puso mantas en varias partes de la ciudad indicando quiénes habían sido.
Aunado a lo anterior, también están detenidos los cinco miembros de la Guardia Nacional que momentos antes de la masacre entraron en el domicilio. Esas detenciones las hizo el ejército y los involucrados se encuentran dentro de las instalaciones militares. Hasta hoy no los han puesto a disposición de las autoridades civiles, a quienes corresponde el caso, partiendo del principio de que la Guardia Nacional depende de civiles.
Otro caso es el del presidente electo de Copala, Guerrero, exmarino que fue interceptado en un transporte público y asesinado a sangre fría. Se presume que los asesinos son de una organización criminal y hasta la fecha no hay detenidos.
Hace unos días también sufrió un secuestro la madre buscadora Ceci Flores, quien afortunadamente salió ilesa, pero con una situación física delicada que la obligó a estar en un hospital. Al salir, dijo que el refugio que tiene en la ciudad de Querétaro ya no es seguro y que tiene que buscar otro. Se presume que fue retenida por algún cártel de los que operan en la región.
En Michoacán, a raíz de la retención y amenazas a inspectores contratados por las autoridades estadounidenses del Departamento de Agricultura para controlar la calidad del aguacate y el mango que se exportan a ese país, se tomó la decisión de suspender temporalmente su exportación, hasta que las autoridades mexicanas garanticen su protección. El embajador del gobierno estadounidense, Ken Salazar, declaró que habían sido “agredidos y detenidos”.
Un caso similar, de suspender la importación, ya ocurrió años antes, cuando un inspector recibió amenazas. El gobierno mexicano ha manifestado sus reservas sobre esta medida, que llama unilateral, y ha declarado que cree que dicha suspensión será resuelta rápidamente, basándose en las buenas relaciones que se tienen con ese país.
Estos son ejemplos recientes de las actividades criminales que ha sido imposible detener por parte de las diversas autoridades de nuestro país y, como dije al principio, éste es, si no el más importante, sí uno de los temas que requiere toda la dedicación de las nuevas autoridades que tomarán posesión en octubre, para desmentir lo que han divulgado, entre otros, las autoridades estadounidenses, que al menos una tercera parte del país está controlada por diversos cárteles.
Sin duda no va a ser fácil, pero la población está esperanzada en que se haga algo más de lo que hasta ahora se ha hecho para, efectivamente, garantizar la paz y el cumplimiento de las leyes en México.
