Como frecuentemente ocurre cuando alguna institución, pública o no gubernamental, divulga información y datos de interés nacional, aparecen en los medios de comunicación con notas y comentarios que al paso del tiempo (por cierto, muy corto), se olvidan. Así sucede, por ejemplo, con las publicaciones del Coneval o el Inegi.
Hoy, en este artículo hablaré de la reciente publicación de la organización Transparencia Internacional sobre la percepción que los ciudadanos y empresas tienen de la corrupción en 180 países de todos los continentes, comprometidos desde hace 20 años, al firmar la Convención contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés), en el marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Un primer comentario de los responsables del informe es que, a pesar de los esfuerzos, falta mucho por hacer, ya que 80% de la población vive en países cuya calificación está por debajo de 43 puntos de 100, que es la cifra máxima.
Los países de la Unión Europea y aquellos del continente no miembros de esa tienen la mejor calificación, en promedio de 65 puntos. Se destaca a los del norte, como Dinamarca, Finlandia y Noruega, cuya puntuación está por encima de 80 puntos, siendo Dinamarca la mejor calificada del mundo, con 90 puntos.
Los peor evaluados son varios de África y Asia, y algunos de nuestra América: Somalia es el peor posicionado, con 11 puntos, seguido de Venezuela con 13 y Nicaragua con 17 puntos.
En la valoración particular de nuestro continente, el mejor calificado es Canadá con 76, seguido por Uruguay con 73 y Estados Unidos con 69 puntos.
El documento indica que en el caso concreto de América Latina y el Caribe el problema principal es la opacidad y la indebida influencia, que hace imposible que la justicia imponga la ley de una manera imparcial. Existe una percepción de impunidad e incapacidad de las áreas encargadas de combatir la corrupción, que impacta en la confianza pública en el sistema judicial.
Indican que en nuestra región urge un sistema judicial más robusto y, sobre todo, independiente, que permita combatir el fenómeno y hacer frente a la corrupción trasnacional. Los nombramientos de los jueces y fiscales deben basarse en la experiencia y el trabajo, impidiendo la opacidad y previniendo interferencias en su labor.
En esta ocasión nuestro país tiene una puntuación de 31, ocupando el lugar 126, de los 180 países considerados en el estudio. Si nos remontamos a la historia, en los años 2000, 2006 y 2012 estuvimos en el lugar 105 y en 2018 bajamos al lugar 132, el peor desde que se tiene registro. Con los datos actuales, hemos experimentado una mejoría, pero pequeña.
Este mal resultado es lógico, si nos atenemos a los niveles de opacidad que se han desplegado en la asignación de las compras y obras públicas, la inexperiencia de muchos de los responsables de estos temas y la participación de las fuerzas armadas en varias áreas que, por el solo hecho de que las realicen sus integrantes, se consideran de seguridad nacional, es decir, hay cero o poca información pública.
Los responsables del estudio dan algunas recomendaciones, a mi juicio, todas atendibles, como son las de introducir integridad y seguimiento, considerando las denuncias que se presentan, garantizando la protección de los jueces y transparentando sus declaraciones de situación patrimonial.
También urge promover la cooperación entre las áreas gubernamentales y del sistema judicial, definiendo claramente las responsabilidades de cada una de ellas para asegurar el éxito en el combate de la corrupción. Asimismo, mejorar el acceso a la justicia para todos y, sobre todo, hacerla más transparente.
Creo que estas recomendaciones deben ser tomadas en cuenta ahora que se anuncia una serie de reformas legislativas, entre las cuales el