Estamos en el inicio del cuarto año de gobierno de la actual administración pública y la educación superior pública espera que, en lo que falta del sexenio, se cumplan las promesas hechas durante la campaña presidencial, muchas ya ratificadas en sendas leyes, pero hasta ahora no se han cumplido a cabalidad.
Se modificaron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, y se creó una nueva Ley General de Educación Superior (LGES), es decir, desde el punto de vista normativo se ha cumplido, por lo que se podría pensar que habría un cambio fundamental en la materia, pero no es así, a pesar del esfuerzo desarrollado, sobre todo por la Subsecretaría de Educación Superior.
Durante este mes, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), órgano dependiente de la H. Cámara de Diputados, produjo una nota informativa para los legisladores, la cual da cuenta del estado actual del financiamiento federal para la educación superior, incluido el posgrado. Asumo, con esperanza, que normen su criterio y demuestren su interés en este importante rubro que abarca a millones de mexicanos jóvenes confiados en progresar en su vida personal mediante la educación.
Según el documento, que cita a varios estudios, nuestro país carece de una visión estratégica para la educación superior y de posgrado debido a la fragmentación existente y, con base en cifras de 2018, proporcionalmente somos el país más bajo de todos los de la OCDE en adultos de ente 25 y 64 años con título de Educación Superior, con apenas un 17 por ciento, cuando el promedio supera al 37 por ciento. Dados los recursos asignados en los años recientes, seguiremos siendo el más bajo.
El documento del CEFP indica que no existe una política de gasto encaminada a mejorar la calidad de la educación superior y el posgrado, y tampoco una visión estratégica para su desarrollo. Lo peor es la comprobación de que en los últimos diez años se ha observado una tendencia a la baja en los recursos otorgados, incluyendo los que se dan al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
En el artículo 119 de la LGES se estipuló que se destinaría el uno por ciento del Producto Interior Bruto al gasto para la educación superior y la investigación científica y humanística; no obstante, esta situación no ocurrió en el presupuesto para este año.
Actualmente asisten a la educación superior más de tres millones y medio de personas en más de 2 mil 300 instituciones de todo tipo, con una planta docente de cerca de 250 mil personas y el crecimiento de la matrícula se acerca al 10% anual desde que inició el sexenio actual, pero ya no da para más. La reducción presupuestal entre 2019 y 2021 ha sido de más de ocho mil millones de pesos.
Estamos frente a una inconsistencia o paradoja: en términos reales se reduce el presupuesto, pero se aumenta la matrícula. Considero un error abandonar el fortalecimiento de las instituciones con estos llamados “ahorros”, que podríamos denominar “forzosos”, a los que han sido sometidas las Instituciones Públicas de Educación Superior.
Será imposible garantizar la obligatoriedad y la gratuidad a las cuales se comprometió la actual administración, sobre todo, porque pareciera que este tema no es prioritario.
Por eso es muy importante y satisfactoria la propuesta de plan de acción que se anunció esta semana en el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (CONACES), que intentará sensibilizar a la SHCP y otros actores políticos sobre el tema presupuestal.
Se necesitan profesionistas que sirvan a la mejora del país y a la reducción de las desigualdades. No olvidemos que el principal motor de la movilidad social es la educación.
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