Se agudiza amenaza radical dentro de EU
Los riesgos de que las elecciones incrementen estos actos son latentes, los cuales son considerados una “amenaza significativa” para la unión americana, y el nivel de riesgo que se le ha colocado es superior al del consumo de drogas
El 21 de marzo pasado, Nicholas Welker, un californiano líder de la División Feuerkrieg, un grupo internacional violento extremista, de supremacía blanca y enfocado a “desafiar las leyes, el orden social y el gobierno a través del terrorismo y otros actos violentos” a través de “ataques contra las minorías raciales” fue arrestado por amenazar de muerte a un periodista que buscaba publicar sobre su organización.
Y Axel Charles un supremacista blanco de Mississippi fue condenado a tres años de prisión acusado de quemar una cruz y amenazar a sus vecinos afroamericanos; mientras que Aimenn D. Penny, un hombre de Ohio y miembro del grupo White Lives Matter fue detenido por intentar incendiar con bombas molotov la Iglesia Comunitaria de Chesterland en la que se planeaba organizar un evento de Drag Queen.
Estos son algunos de los hechos incluidos en el seguimiento de la violencia y terrorismo de extrema derecha que documentó, sólo en marzo, el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET, por sus siglas en inglés), en la que también se incluye el caso de Ethan Phelan, un exmilitar e integrante de la organización extremista neonazi llamada Orden de los Nueve Ángulos, quien se declaró culpable de intentar asesinar a sus excompañeros, miembros en activo del Ejército, así como buscar apoyar a grupos terroristas con filtrarles información sensible de la Defensa estadounidense.
Sobre los reportes de una posible infiltración o reclutamiento por parte de organizaciones extremistas de elementos de las Fuerzas Armadas, en febrero de este año la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos alertó sobre la “amenaza significativa” que representan los grupos extremistas violentos por motivos raciales no sólo para la seguridad interior del país sino para los países aliados y socios de ese país.
“Los grupos extremistas violentos transnacionales aprovechan la hiperpolarización social y política para tratar de legitimar sus objetivos e incorporar sus narrativas y teorías conspirativas en el discurso público. Estas RMVE (por sus siglas en inglés) creen que reclutar militares les ayudará a organizar células para atacar a minorías o instituciones que se oponen a su ideología”, señala el informe.
Esta es una real preocupación para Estados Unidos y el nivel de riesgo que se le ha colocado es superior al del consumo de drogas. Así, mientras el gobierno y legisladores de Estados Unidos señalan a los cárteles mexicanos y el tráfico de fentanilo desde México entre las principales amenazas a su seguridad, por lo que quieren catalogarlos como terroristas; en territorio estadounidense en realidad aumentan las alertas por la acción de grupos radicales y extremistas que han intensificado sus ataques e intervenciones en contra de varios sectores de la población.
El escenario se complica de cara a las elecciones en ese país, pues grupos y organizaciones tanto de la extrema derecha como radicales de izquierda han detonado un alza en el número de crímenes de odio y otros delitos que podrían considerarse como “terrorismo doméstico”, pero en muchos casos son minimizados a actos políticos o de protesta.
Considerando que los grupos “extremistas violentos por motivos raciales o étnicos” se mantienen como “la amenaza más letal para las personas y los intereses de los Estados Unidos”, según la Evaluación Anual de Amenazas de la Comunidad de Inteligencia estadounidense de este 2023, la preocupación de un aumento en ese tipo de crímenes es cada vez mayor.
En marzo pasado el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) publicó sus estadísticas sobre crímenes de odio en 2021, resultando el año con más denuncias de ese tipo de delitos desde que la agencia inició su registro en 1991, con más de 10 mil 500 ataques que implicaron unas 12 mil 411 víctimas, y en 64.5 % de los casos se trataron de agresiones por motivos de raza o etnia.
El informe de El estado del odio, publicado en abril por el Fondo de Educación de la Conferencia de Liderazgo alerta que al menos en los últimos cuatro procesos electorales en Estados Unidos los delitos de odio se han incrementado, y aunque no todos son atribuidos a grupos de blancos supremacistas, organizaciones con esa ideología sí “han estado particularmente activos”.
Precisamente con imágenes de la toma del Capitolio del 6 de enero de 2021 como fondo, el presidente Joe Biden anunció su candidatura en busca de su reelección el próximo año. En su video mensaje del 25 de abril pasado el mandatario advierte sobre la amenaza de los “extremistas” afines al Make America Great Again (Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande), lema de la campaña de Donald Trump en 2016, y las consecuencias que traería su llegada al gobierno para las “libertades fundamentales” de los estadounidenses.
Sin embargo, a la creciente preocupación por el incremento de este tipo de crímenes de odio por parte de estos grupos radicales se suman también los recientes reportes del posible reclutamiento de militares, tanto en activo como veteranos, por parte de grupos extremistas y los ataques de los que también son blanco como represalia en caso de oponerse.
Esto aunado al alza histórica que reflejan los índices de violencia armada -tiroteos- y asesinatos en las principales ciudades norteamericanas; así como la desinformación y campañas de odio que desde las plataformas de redes sociales se fomenta, ante la exigencia de organizaciones no gubernamentales que siguen exigiendo su regulación.
“Cada uno de los últimos cuatro ciclos de campaña presidencial ha mostrado un patrón inconfundible: los delitos de odio denunciados aumentan durante las elecciones. Desde la incorporación del odio y el fracaso de las plataformas de redes sociales para abordar adecuadamente la desinformación, el clima actual está plagado de oportunidades para que la tendencia de aumento del odio continúe en las elecciones de 2024, a menos que se tomen medidas”, subraya el Fondo de Educación de la Conferencia de Liderazgo.
Radicalismo en ascenso
Una publicación en el sitio especializado Military.com señala que organizaciones radicales como la División Atomwaffen, también conocida como Orden Nacional Socialista, y el Movimiento Boogaloo han intensificado sus planes en busca de un “derrocamiento violento del gobierno” a través del colapso social y ataques a la infraestructura.
Para Rick Eaton, principal investigador del informe publicado el 5 de abril, los miembros de ese tipo de agrupaciones han apostado a una especie de “reinicio completo” en busca de “caminos más activos y peligrosos”, con el respaldo de redes sociales y de mensajería instantánea como Telegram.
“Definitivamente es más inquietante que nunca, y la voluntad de cometer violencia combinada con los niveles generales de tiroteos violentos y cosas en este país (Estados Unidos) no están ayudando”, sostuvo el también jefe de investigación sobre terrorismo digital y odio del Centro Simon Wiesenthal.
›El informe de la comunidad de Inteligencia estadounidense señala precisamente que estos grupos extremistas utilizan una red de canales conectados a la aplicación de mensajería de Telegram, denominada “Terrorgram” que les sirve como “foro transnacional” para intercambiar propaganda y orientación operativa en la planeación de ataques en contra de funcionarios estadounidenses, así como de Australia, “y en toda Europa” incluyendo a países como Bélgica, Francia, Alemania e Islandia.
En ese sentido, un estudio de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) publicado a inicios de este año urge al FBI y al Departamento de Seguridad Nacional a realizar “más acciones para contrarrestar las amenazas” del terrorismo interno o doméstico, al advertir sobre el incremento de ataques y víctimas mortales a causa de los mismos.
Según el informe entregado en febrero pasado al Comité de Seguridad Nacional en la Cámara de Representantes, entre 2013 y 2021 la cantidad de casos abiertos en la Oficina Federal de Investigaciones de terrorismo doméstico por ataques con motivos raciales o étnicos por parte de grupos extremistas violentos aumentó en un 357 %, siendo el periodo de 2019 a 2020 cuando se registró la mayor cantidad de incidentes y muertes de los últimos 12 años.
Información del Centro de Misión de Contraterrorismo adscrito a la Agencia Central de Inteligencia indican que el 42.4 % de los eventos de terrorismo interno registrado en Estados Unidos entre 2010 y 2021 se trataron de ataques armados, mientras que los incendios provocados se ubicaron en segundo lugar de la incidencia con un 19.5 %.
Mirar hacia otro lado, la opción yanqui
Aunque en la Evaluación de Amenazas de la Comunidad de Inteligencia estadounidense de este año se señala a las organizaciones criminales transnacionales mexicanas, como se refieren a los cárteles de la droga en México, por “inundar” los Estados Unidos con píldoras falsas con fentanilo y estar involucrados en “disputas territoriales violentas” con sus rivales colombianos por el control del tráfico de drogas y personas migrantes.
Y a pesar de los hechos violentos en los que cada vez se evidencia la participación de las organizaciones extremistas estadounidenses, como lo fueron la serie de ataques que desde el año pasado se han agudizado en contra de subestaciones eléctricas en diversas partes del país, principalmente en Carolina del Norte, Florida, Oregón, Carolina del Sur y Washington.
Tan sólo en los primeros ocho meses de 2022 superaron la cifra histórica de más de 100 incidentes, los cuales son considerados por el Departamento de Seguridad Nacional como “planes creíbles y específicos” de grupos nacionales violentos para desestabilizar la red eléctrica de ese país.
No obstante, cada vez son más los organismos no gubernamentales, legisladores e incluso autoridades, que denuncian un posible bloqueo informativo para abordar la operación de esos grupos, y la falta de acciones legislativas en busca de endurecer las sanciones en su contra.
Sobre el ataque al Capitolio, ocurrido hace más de dos años, la propia Oficina de Responsabilidad del Gobierno estadounidense informó que de la revisión a la actuación de una decena de agencias federales se identificó que a pesar de que obtuvieron información sobre “amenazas potenciales de violencia”, así como “amenazas creíbles” no procesaron completamente los datos, y en otros casos ni siquiera la compartieron.
En el caso del FBI y la Oficina de Inteligencia y Análisis del Departamento de Seguridad Nacional, el informe señala que dichas agencias “no siguieron sistemáticamente las políticas o procedimientos de la agencia para procesar pistas o posibles amenazas porque no tenían controles para garantizar el cumplimiento de las políticas”.
Mientras que, en el caso de la misma Oficina de Inteligencia y Análisis, así como las policías del Capitolio y de Parques, la GAO señaló que “no compartieron constantemente el desarrollo de toda la información sobre las amenazas con las partes interesadas pertinentes”, y en el caso de la oficina del Departamento de Seguridad Nacional constató que no contó con los controles internos y tampoco políticas que le permitieran el intercambio de información con otras agencias sobre las amenazas.
Pese al señalamiento por parte de la GAO de no haber advertido oportunamente sobre las posibles amenazas al recinto del Capitolio, la mayoría de dos mil 700 investigaciones que en 2021 abrió el Buró Federal de Investigaciones se debieron a los hechos ocurridos ese 6 de enero, las cuales implicaron un incremento de más del 92 % respecto a las indagatorias abiertas en 2020.
›Mientras los eventos por extremismo violento por razones raciales o étnicas representó ese 2021 apenas el 19 % de las indagatorias, cuando un año antes alcanzó el 40 %. El 37 % de las pesquisas del FBI se enfocaron a los actos de extremismo violento, pero en contra del gobierno o autoridades. El 31 % fue causa de disturbios civiles.
Así, el gobierno de Joe Biden se ha enfocado en redoblar acciones para blindar su frontera sur con México para combatir el tráfico de fentanilo, como la orden ejecutiva emitida dos días después de que anunció su candidatura, en la que instruye el despliegue de mil 500 militares.
Además de las “medidas radicales” para frenar aún más la migración ilegal a unos días de la cancelación del Título 42, que de entrada ya permitía la expulsión exprés de personas migrantes por la emergencia sanitaria. Sin embargo, una serie de problemas, en buena parte debido a la intensificación de actos de estos grupos radicales, se agudizan al interior del territorio estadounidense.
Uno de esos problemas es el inédito incremento en los índices de asesinatos a causa de la violencia armada y la incidencia de tiroteos masivos registrados tanto en ciudades demócratas como republicanas, que además reflejan cómo es que la operación de estos grupos radicales, muchos de ellos fervientes defensores de la portación de armas, se hace cada vez más notoria.
La última actualización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indica que las 48 mil 830 personas fallecidas a causa de un arma de fuego en Estados Unidos en 2021, lo convirtieron en el año con la mayor cantidad de asesinatos (43 %) y suicidios (54 %) a causa de la violencia armada. Es decir, en ocho de cada 10 asesinatos ocurridos ese año se utilizó un arma de fuego. Se trata del mayor porcentaje de muertes violentas desde 1968, según los registros del CDC.
De acuerdo con los datos del Archivo de la violencia armada, la cantidad de tiroteos masivos se incrementó en más de un 69 % entre 2016 y 2022, al pasar de 383 a los 647 con lo que cerró el año pasado. Y en lo que va de este 2023 se acumulan al menos 160 tiroteos. Lo cual ha implicado un promedio de al menos dos tiroteos en promedio cada día durante los últimos tres años.
Aunque el incremento de alrededor del 10 % en las tasas de homicidios de las 45 ciudades estadounidenses más pobladas en el primer trimestre de este año, de acuerdo con un análisis de WalletHub, podría responder a diversas causas incluyendo los efectos de la pandemia, especialistas consultados por la misma plataforma coincidieron también en que la ausencia de regulaciones locales para contener la portación de armas y la creciente violencia armada son factores que mantienen esa tendencia al alza.
Considerando el antecedente de que en 2021 el FBI registró un incremento del 4.3 % en el número de homicidios, a la par del alza que los CDC contabilizaron en los homicidios por arma de fuego entre 2020 y 2021; aunado a que las ventas de armas alcanzaron niveles récord durante la pandemia y actualmente las armas de fuego se utilizan en aproximadamente 77 % de los homicidios en el país.
Billi Patzius, profesora en temas de Justicia Penal, Criminología y Justicia Penal por la Universidad de Lindenwood refirió a WalletHub que “esos datos sugieren que el aumento en las compras de armas de fuego y la disponibilidad de armas de fuego ilegales ha impactado el aumento en las tasas de homicidio”.
Otro de los aspectos que ponen en evidencia la operación de grupos criminales organizados del lado estadounidense en uno de los temas prioritarios de la administración de Biden como lo es la migración ilegal resulta el fenómeno de la trata de personas y la explotación laboral de la que son víctimas los menores de edad indocumentados no acompañados.
›Una investigación del diario The New York Times publicada en febrero pasado documentó que más de 250 mil menores que por su cuenta lograron cruzar la frontera hacia Estados Unidos en los últimos dos años terminaron laborando en empleos de manera forzada en “trabajos crueles”.
Al respecto recientemente la senadora por Tenessee Marsha Blackburn reclamó a la Secretaría de Salud y Servicios Humanos informar sobre “los abusos y explotación” de más de 85 mil niños migrantes no acompañados que supuestamente están desaparecidos, pero que en realidad son víctimas de explotación laboral en la que estarían involucrados funcionarios del gobierno.
“Estoy profundamente preocupada por los informes recientes de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha maltratado a niños migrantes no acompañados al colocarlos con patrocinadores no investigados, lo que los llevó a su explotación y trabajo forzado”, alertó la legisladora republicana en una carta enviada al Blackburn en la carta a Xavier Becerra, titular de dicha dependencia.
