Sedena traslada a DF a coronel de Iguala

MARÍA IDALIA GÓMEZ | @gosimai

A 10 meses de la desaparición de los 42 normalistas de Ayotzinapa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) decidió enviar a sus oficinas centrales en la Ciudad de México y, así hacerlo menos visible, al comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, el coronel de Infantería José Rodríguez Pérez, quien ha sido cuestionado por su actuación y la de sus elementos antes, durante y después de los enfrentamientos que derivaron en el secuestro de los estudiantes. En su lugar llegó el coronel de Infantería Álvaro Javier Juárez Vázquez, quien apenas hace poco más de dos años recibió su ascenso y su cargo inmediato anterior fue como comandante del Sexto Batallón de Infantería, ubicado en el municipio de Miahuatlán al sur de Oaxaca, una zona de tráfico y siembra de drogas, por su posición geográfica muy cerca del mar y su tierras productivas.

El relevo de Rodríguez Pérez se da apenas dos semanas después de que el militar saliera de cuartel, el pasado 16 de julio, en medio de una manifestación que encabezaban los padres de los estudiantes desaparecidos y de acuerdo a las crónicas de los diarios locales, “se jaloneó y empujó con uno de ellos (de los padres de familia), que lo enfrentó y retó a golpes al momento que el mando militar empujaba a los padres y jalaba la reja para intentar cerrar el acceso”. “Ningún soldado secundó a su mando militar para confrontar a los padres o intentar cerrar la reja que aún seguía de pie, luego tres antimotines cubrieron a Rodríguez Pérez, pero sólo para meterlo a las instalaciones. Minutos después, otro grupo de soldados forcejeó con los padres que finalmente derribaron una de las hojas de la reja. Los representantes de los padres de familia se interpusieron entre los dos grupos y calmaron la situación”, detalló entonces el diario El Sur de Acapulco. PRESENTÓ DECLARACIÓN EN PGR

El 27 Batallón de Infantería fue instalado hace más de dos décadas con la intención de tener con una base de entre 400 a mil soldados de Infantería, entrenados para tener movilidad en todo tipo de terrenos, en el uso de armas ligeras y de gran alcance, y con capacidad de combate en diferentes escenarios. Entre sus tareas, por su posición, además de los operativos y patrullajes en la zona para contener a los movimientos subversivos y la expansión de los sembradíos de drogas en la zona serrana de Guerrero y con ello la presencia de cárteles del narcotráfico, debía obtener información para procesarla y enviarla a las oficinas centrales de la Sección Segunda del Ejército, para definir estrategias en todo el país a partir de la información de inteligencia recabada. Sin embargo, el coronel Rodríguez y Rodríguez, al menos le dijo al secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, que no tuvo información que evidenciara riesgos o amenazas a la estabilidad y seguridad antes del 26 de septiembre de 2014, ni ese día en que ocurrió enfrentamiento entre normalistas y la policía municipal, ni por la noche y madrugada del 27 de septiembre en que fueron víctimas de desaparición forzada los 43 estudiantes.

El general Cienfuegos confirmó incluso a los legisladores el noviembre pasado, cuando se reunieron para conocer la información del Ejército en torno a lo ocurrido en Iguala, que el comandante del 27 Batallón estaba en la fiesta organizada por el entonces el alcalde y su esposa, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda -ambos sometidos a proceso por su presunta vinculación con el crimen organizado-, y no se dio cuenta de nada. “Nos dijo que el responsable del batallón 27 estuvo presente en el evento de la señora del DIF y que él no vio nada en el evento; incluso se fue a su cuartel al terminar el festejo y aseguró que no pasó nada”, explicó la legisladora Ruth Zavaleta al periodista Víctor Rodríguez. Por esa razón, ante la posible omisión en la que pudo incurrir el coronel Rodríguez Pérez, podría enfrentar la justicia castrense o civil, les explicó entonces el Secretario de la Defensa a los legisladores.

Pero el comandante no dejó su cargo, solamente a finales del año pasado, explicaron fuentes consultadas por EJE CENTRAL, fue llamado a las oficinas centrales de la Defensa, en donde permaneció al menos dos semanas, rindiendo informes internos y presentó una declaración ante la Procuraduría General de la República (PGR), que no fue cuestionada ni incluía detalles. Los padres de los estudiantes desaparecidos han insistido en que elementos del Ejército estuvieron presentes la madrugada del 27 de septiembre cuando se llevaron a sus hijos, incluso han exigido ingresar a las instalaciones del Batallón, para verificar si hay rastros o no de ellos. Aunque de acuerdo al expediente, los padres de familia y el ministerio público del estado ingresaron el 28 de septiembre pasado a una parte del Batallón, ante la posibilidad de que los normalistas estuvieran retenidos allí, pero no encontraron nada.

En enero de este año trataron de ingresar nuevamente para revisar todo el terreno, al impedírselos se generó una confrontación con los militares que resguardaban las instalaciones y resultaron varias decenas heridos. El segundo intento fue en julio pasado, pero la valla militar impidió que la traspasaran. Apenas la semana pasada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó a la PGR, sin hacer públicos los nombres, que interrogue a varios elementos militares sobre las acciones que pudieron haber desarrollado en sus dependencias en torno a los diferentes tópicos que se investigan por la desaparición de los normalistas, uno de ellos seria Rodríguez Pérez. La CNDH además señaló a nueve militares, de los que tampoco hizo público sus nombres, pero que en un caso conocería los actos del entorno prevaleciente la tarde-noche en que sucedieron los hechos y otro más tendría conocimientos sobre “circunstancias tangenciales” que podrían ser relevantes para la investigación. Otros tres porque acudieron a los lugares donde horas antes fueron agredidos los estudiantes y los cuatro elementos castrenses restantes, porque “su actividad estaba enfocada a la recepción de información sobre el acontecer cotidiano en la vía pública relacionado con la seguridad” y generaban los reportes respectivos al interior del Ejército. El grupo independiente de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos exigen que se investigue a los elementos del 27 Batallón de Infantería en Iguala. Después de los dos incidentes públicos con los padres de los normalistas desaparecidos y ante la posibilidad de que sea interrogado por la PGR, la Secretaría de la Defensa envió a Rodríguez Pérez, de acuerdo al directorio actualizado, como jefe de la Sección Administrativa de la Dirección General de Infantería, ubicada en el edificio central de la Defensa en el Distrito Federal, en donde no será visible y podrá pasar desapercibido. Este empleo se considera temporal y podría ser reasignado a finales del año o el próximo, comentaron fuentes federales, a una Zona Militar.