David Colmenares

En 1980 entró en vigencia con la introducción del IVA, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, al cual los estados se adhirieron mediante Convenio, y se crea la Ley de Coordinación Fiscal, que ha tenido varias reformas, especialmente en lo referente a las fórmulas de distribución de las participaciones derivadas de la recaudación federal, que se pagan a los estados, al dejar estos en suspenso, impuestos que la Constitución no les prohíbe, para que los recaude el poder central. Este, insisto, les participa de un porcentaje de lo que recauda. Lo anterior eliminó la doble tributación, centralizó por supuesto la recaudación, se eliminó lo que se conocía como la “jungla fiscal”, pero lo más importante fue que así se podría compensar a los estados cuyo nivel de subdesarrollo y de pobreza, les impedía poder financiar su propio desarrollo.

Surge el concepto de recaudación federal participable, base para pagar las participaciones a los estados y municipios, a través de fórmulas que por lo menos en 1990 fueron consensadas con los estados.  Antes de ese año se presentaban asimetrías tremendas, por ejemplo, el diferencial per cápita entre el estado que más recibía y el que menos era casi de nueve a uno, dado que la distribución era inercial.

Fue hasta 1989 cuando empezaron los cambios, con una propuesta de Zacatecas para distribuir todas las participaciones por habitante, desapareció el Fondo Financiero Complementario, en un proceso gradual, pero la mayoría de los estados como Oaxaca, observaron que en la transición sus ingresos sufrían “un efecto de columpio”, por lo que prepararon una propuesta de  nueva fórmula, impulsada y defendida por la mayoría de los estados, apoyada por Hacienda, y después de 12 reuniones nacionales  y muchas más del grupo de trabajo para la revisión de la fórmula que encabezaba Oaxaca, igual que la Comisión Permanente. Se logró a través de un consenso mayoritario, la aprobación de las formulas, que incluían mecanismos de compensación para los estados no ganadores, que operó al cien por ciento hasta 2007.

En ese proceso el País se dividió, por un lado, los estados que se asumían perdedores porque su PIB era mayor que lo que recibían y alegaban la necesidad de que las formulas fueron “resarcitorias”, enfrente la mayoría de los estados del sur y el centro del País, que querían mecanismos que hicieran más justo el sistema de distribución de recursos, esto es, se redujera el diferencial per cápita en la distribución. Por supuesto estos fueron la mayoría.  

En 2008 entró una nueva reforma a las fórmulas de distribución, todo por población domiciliada, sin consulta previa, con varios perdedores, especialmente la CDMX y Tabasco, pero también Chiapas y Nuevo León entre otros 16 perdedores. Se interpuso una controversia constitucional por la Ciudad e incluso un acuerdo de inconstitucionalidad de la Cámara de Diputados, pero nadie planteo la descoordinación.

Esta no es sencilla, el descoordinado tendría, por ejemplo, que construir su propio sistema fiscal, sin embargo, tendría que negociar con los congresos locales, con las organizaciones empresariales y sociales, un nuevo sistema estatal que sustituya a las participaciones y se correría el riesgo del retorno de la doble tributación.

Hoy hay estados que, sí están haciendo esfuerzos recaudatorios importantes, pero son los menos, su dependencia de las transferencias en promedio es extrema, ahí está el ejemplo de la tenencia y el predial, en la experiencia municipal.

Otro tema seria la deuda estatal, concentrada en pocas entidades: la mitad en cinco y tres cuartas partes en diez. En algunas, el servicio de la misma es muy alto, para algunos, alrededor de cinco mil millones anuales y no es un problema de reestructuración.

Un punto relevante sería el papel del municipio que hoy recibe por lo menos el 20 por ciento de las participaciones estatales.

brunodavidpau@yahoo.com.mx

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