La impunidad prevalece entorno a la trata de personas, pese a que ha crecido en los últimos años en México, y el gobierno no ha hecho suficiente por atacar financiera y penalmente el lavado de dinero por este delito.
De acuerdo con el estudio “Lavado de dinero en la trata de personas. Desafíos para su atención”, publicado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), los avances en la investigación financiera de este delito en México son incipientes, debido a la brecha entre el sistema de reporte de operaciones, la producción de inteligencia financiera y la persecución penal del lavado de dinero.
Tan sólo en los últimos cinco años, el sistema financiero ha captado mil 83 operaciones posiblemente relacionadas con este delito, lo que representan un porcentaje marginal, el 1 por ciento, del total de reportes de operaciones inusuales en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIT).
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En ese mismo periodo apenas se presentaron 13 denuncias derivadas del análisis de dicha información; y también “se ha utilizado la lista de personas bloqueadas, pero se desconocen los montos actualizados en términos de personas designadas, terceros relacionados y montos bloqueados”, se evidencia en el informe.
Y, mientras sigue sin atacarse el lavado de dinero, en el último lustro la trata de personas creció en ciertas zonas del país, principalmente en la frontera y en la Ciudad de México.
De 2015 a septiembre de 2022, se reportaron 5 mil 698 víctimas, aunque existe un problema de subregistro, se alerta en el informe.
“De acuerdo con distintas solicitudes de información realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos se encontró que se han iniciado cerca de 3 mil carpetas de investigación por autoridades durante el periodo 2017-2021; sin embargo, apenas unos cientos de personas habían sido imputadas o se habían emitido sentencias definitivas firmes”, se expuso en el informe del Observatorio Nacional Ciudadano.
“La impunidad mantiene a este mercado en una situación privilegiada. En el último lustro, se tiene conocimiento de apenas 296 personas sentenciadas”; además, “la respuesta del sistema penal empeoró. En 2021, se sentenció a la mitad de personas que en 2019”.
La mayoría son mujeres, es decir, dos de cada tres víctimas registradas son mujeres. Y tres de cada 10 víctimas son menores de edad. “Las víctimas nacionales de trata de personas en el país eran originarias de los estados de Chiapas, Chihuahua y Nuevo León”, se precisa en el informe.
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