Sin dar a conocer el “nuevo informe”, que se anunció desde enero del año pasado sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, y a casi dos años de haber desaparecido la Oficina Especial que creó la administración anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió un nuevo expediente de queja sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014.
Argumentando “nuevos hechos y elementos del caso”, así como la presunta petición de los familiares de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra instruyó la apertura de una nueva indagatoria que, según un acuerdo de la propia Comisión del 22 de septiembre pasado, se basa en la investigación y expediente de la Recomendación 15VG/2018 la cual fue demeritada “por ser revictimizante, en agravio, tanto de los estudiantes normalistas rurales, como de sus padres, madres y familiares”.
El acuerdo firmado por la titular de la CNDH que entró en vigor el pasado 25 de octubre, establece que en sustitución de la Oficina Especial del caso Iguala que la anterior administración había puesto en marcha a los dos meses de haber ocurrido los hechos en la ciudad de Iguala, se creó la “Dirección Especial para el caso Ayotzinapa”, una unidad adscrita a la Dirección General de la Primera Visitaduría de la Comisión, para la cual Piedra Ibarra instruyó a la Oficialía Mayor de la CNDH el dotar de los recursos que dicha dirección “requiera para el ejercicio de sus funciones”.
Lo anterior implica que, de acuerdo a lo estipulado con los recientes decretos de la CNDH si bien “se deja sin efectos”, es decir desconociendo lo realizado por la Comisión a través de la extinta Oficina Especial, así como los hallazgos, evidencias y conclusiones que se integraron en la Recomendación 15VG/2018, la actual administración del organismo autónomo ordenó la apertura de una nueva indagatoria, no obstante, que desde enero de 2020 se había anunciado la publicación de un renovado informe sobre el caso.