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Bet Birai Nieto

Para David Ramírez de Garay, experto en Políticas Públicas y coordinador del Programa de Seguridad en México Evalúa la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador no obedece a una política pública ni hace referencia a las problemáticas organizacionales que están permitiendo la violencia contra las mujeres, específicamente la violencia de género.

Una definición de política pública es la identificación de un problema público que que se atiende con las herramientas que tiene el Estado. En este caso el problema se tiene identificado desde hace mucho tiempo. Hay muchísima evidencia de que el país tiene un severo problema de género contra las mujeres.

Pero las políticas públicas, la solución desde el gobierno en todos sus niveles que se han diseñado no han sido suficientes.

La ruta crítica o el mapa de lo que se tendría que hacer está muy claro y no depende de esta o la pasada administración, sino de que se cumplan compromisos internacionales en los que está suscrito México.

Uno ejemplo es el Compromiso para Generar una Vida Libre de Violencia que se desprende del mecanismo de la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés).

Este compromiso que proviene de la primera reunión que se hizo en Beiging contra la violencia contra las mujeres –en 1979, pero entró en vigor hasta 1981– y le dio fuerza a otros como ONU Mujeres que derivaron en la redacción de políticas nacionales contra la violencia de género.

“México es parte de ese mecanismo y tiene ciertos compromisos ahí. De hecho, la Cedaw cada año hace una evaluación de cómo los países adherentes se han quedado cortos o rezagados. Ese es un buen insumo para saber, independientemente en esta o en la anterior administración, se ha quedado corto”, comentó.

“El punto para esta administración reside en que no parece que estas posturas, las opiniones más personales que genere el Presidente, están muy desvinculadas con los pasos concretos para cumplir con los compromisos que tiene el país y abatir el rezago ya identificado por organismos internacionales”, concluyó.

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