La conversación es rápida. Se escucha la voz de uno de los abogados de José Ángel Casarrubias, El Mochomo, al otro lado del auricular atiende uno de los operadores de Guerreros Unidos identificado con una clave. Hablan sobre la captura del líder del cártel. De pronto, el litigante suelta una frase: le darán 2 millones de pesos al secretario.
En la conversación, a la que sólo tuvo acceso ejecentral, ninguno de los dos ofrece algún detalle, ni nombres, días o forma de pago. Pero, hablan del Juzgado Segundo de Distrito del estado de México.
Esa oficina jurisdiccional, a donde llegó hace poco la juez María del Socorro Castillo Sánchez, debía resolver el martes pasado si sometía o no a juicio, por delincuencia organizada, a El Mochomo.
La llamada la escucha personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que en las últimas semanas obtuvo una orden judicial para detener a los remanentes del cártel, identificado como responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.
Los agentes alertaron de inmediato, pero en un primer momento no se amplió la investigación, ni prepararon el escenario ante una eventual liberación de quien es considerado el máximo líder de Guerreros Unidos.
La jueza Castillo Sánchez ordenó su libertad desde la madrugada del 1 de julio, unas horas después de que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, confirmara su detención. La Fiscalía debió preparar una orden de presentación urgente para poder impedir que escapara, y en paralelo pedir su arraigo, ofreciendo como prueba el audio del posible soborno.
Fuentes consultadas por ejecentral aseguran que Castillo Sánchez tiene poca experiencia como titular de juzgado, pero no hay indicios de corrupción en su carrera. Pero la información apunta a que los funcionarios del juzgado tienen antecedentes de ser conflictivos, laxos y estar involucrados en posibles negocios ilícitos. Este jueves, el Consejo de la Judicatura Federal anunció una investigación en ese juzgado, derivado de una denuncia interna.
El 30 de junio, el titular de la FGR confirmó que José Ángel había sido detenido el 29 de junio, aunque en realidad esto ocurrió cinco días antes, el 24 de junio, como lo establece su boletín en el que mencionan que El Mochomo fue sometido a arraigo, y que solicitarían una nueva orden de captura “por hechos distintos a la acusación anterior”.
Entre los argumentos que el juzgado usó para liberar a José Ángel Casarrubias fue la presunta violación de sus derechos, pero podrá ser reacusado, y en el expediente desde 2015 existen testimonios, intervenciones telefónicas y documentos que demostrarían las operaciones ilícitas de Guerreros Unidos, y de El Mochomo.
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