Tortura, impune en México: ONU

“La tortura y los malos tratos en la detención son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”, es como inicia el relator especial de la ONU sobre la Tortura, Juan Méndez, las conclusiones del informe sobre la visita que hizo a México del 21 de abril al 2 de mayo pasado.

“Hay evidencias de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de la tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”.

En sus recomendaciones, el relator pide que se ponga fin al uso de la fuerza militar en tareas de seguridad pública. También exige la eliminación del arraigo, la polémica figura que permite, en el curso de una investigación por crimen organizado y con orden judicial, mantener encerrada 40 días (prorrogables) a una persona mientras se decide si se presentan cargos penales.

Esta práctica, muy empleada en la guerra contra el narco, viola, según Méndez, la presunción de inocencia y expone al detenido a torturas. “De más de 8 mil personas arraigadas desde 2008, sólo el 3,2% habría recibido condena”.

El punto de partida del informe, que aún es susceptible de modificaciones, es la guerra contra el narco iniciada en 2006. Esta ofensiva, que llegó a movilizar en su apogeo a 50 mil soldados, disparó las quejas por torturas y malos tratos: si en los seis años anteriores a 2007 la Comisión Nacional de Derechos Humanos había registrado un promedio de 320 denuncias; en 2012 superaron las 2 mil 100. Con la llegada de Peña Nieto, estas reclamaciones se redujeron un 30%, pero muchos de los factores que las propiciaron, según el relator, sobreviven. El enviado de la ONU establece que la tortura en México se utiliza predominantemente durante la detención y con objeto de obtener confesiones sobre el crimen organizado. Las víctimas suelen proceder de sectores pobres o marginales. El modo de operar, según las denuncias recogidas en el escrito, muestra un inquietante patrón. Los captores, vestidos de civil y encapuchados, no suelen llevar orden judicial ni informan de los motivos de la captura. Luego, llega la pesadilla: “Las personas son conducidas con los ojos vendados a sitios que desconocen, incluyendo bases militares, donde continúan las torturas: golpes con puños, pies y palos; toque con dispositivos eléctricos (chicharra), generalmente en los genitales; asfixia con bolsa de plástico, introducción de agua con un trapo en la boca, desnudez forzada, suspensión, amenazas, insultos”.

Todo ello puede durar días. A veces, indica el relator, las torturas acaban en la muerte, y esta viene seguida de la desaparición. En el caso de las mujeres, al catálogo de horrores descrito se suma la violencia sexual: “Desnudez forzada, humillaciones verbales, manoseos en los senos y genitales, introducción de objetos en los genitales y violación reiterada y por varias personas”.

La persecución de estos abusos no ofrece para el relator de la ONU resultados tranquilizadores. El informe destaca que entre 2005 y 2013 solo hubo cinco sentencias condenatorias por torturas. El motivo es que, a su juicio, ni los registros de detención ni los exámenes médicos recogen bien los abusos. “No existe control adecuado sobre la legalidad de la detención ni del plazo para la presentación al ministerio público; no se accede a una defensa adecuada en forma inmediata; las declaraciones se prestan sin intervención judicial ni presencia del abogado; no se inician investigaciones de oficio ni se excluyen de oficio pruebas obtenidas bajo tortura; y se hace una interpretación restrictiva e incorrecta del Protocolo de Estambul”, sostiene el informe.