La semana pasada, la Secretaría de Energía (Sener) adjudicó varios paquetes para la construcción de la nueva refinería por un valor de casi 350 millones, de ocho mil millones de dólares que quiere este gobierno que supuestamente cueste Dos Bocas, en Tabasco.
Para llegar a esta asignación sucedieron una serie de hechos que las autoridades, principalmente de la Sener, olvidaron mencionar, así como reconocer los errores cometidos en algunos casos. No es extraño, porque la responsable de dicha dependencia a veces da muestras de autoritarismo, como lo es señalar que “la nueva refinería es irreversible”.
Veamos cómo se ha desarrollado el proyecto hasta ahora, incluso tomando en cuenta que el Ejecutivo del anterior gobierno declaró el 18 de marzo de 2015, en el aniversario de la expropiación petrolera, que “Dos Bocas se convertiría en uno de los puntos estratégicos de México en el mediano plazo” y, por lo visto va a ocurrir, lo cual es excelente para el país, sobre todo para Tabasco.
En marzo de este año, en una de sus conferencias mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Secretaría de Energía realizó el “estudio” para la elección de las firmas invitadas, pues se haría a través de una invitación restringida, lo cual, por cierto, ha sido hasta ahora la norma en este gobierno para las grandes obras, y reiteró que las cuatro empresas invitadas al proceso son de mucho prestigio a nivel mundial, pero le faltó agregar que el prestigio del que gozan es por su nivel de corrupción.
Es increíble que le hayan mal informado al Presidente sobre las empresas que la Sener escogió con base en un “estudio”, que además no se ha dado a conocer y, lo que es peor, hasta ahora no han reconocido el error. Fue gracias a que el concurso se declaró desierto que el asunto no pasó a mayores.
Si tan sólo hubieran consultado a especialistas en el tema se hubieran dado cuenta del error que estaban cometiendo; es más, mientras se desarrollaba el concurso fallido, una de las empresas involucradas, denominada Technip, estaba siendo investigada por el gobierno estadounidense y, como resultado de ello, en junio pasado aceptó haber cometido irregularidades corrompiendo a funcionarios y empleados de otros países, por lo cual pagará casi 300 millones de dólares, de conformidad con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés). Los hechos ocurrieron en Brasil e Irak y al primer país se le darán 215 millones de los 300 involucrados.
Además, esta empresa también fue investigada y sancionada en 2010 bajo la misma ley con motivo de la construcción de una refinería en Nigeria, debiendo pagar 338 millones de dólares de multa. En este asunto era parte de un consorcio en el que estuvo una de las empresas ganadoras del concurso de la semana pasada, KBR.
Afortunadamente, también en junio pasado, la Secretaría de la Función Pública (SPF), a través del Diario Oficial de la Federación, inhabilitó a varias empresas del sector petrolero y energético, las cuales quedarán impedidas de participar en contrataciones públicas de carácter federal por dos años y medio.
La primera de ellas es Technip que, según se ha sabido, en el sexenio pasado recibió contratos millonarios, la mayoría por adjudicación directa. Haría bien la SFP en revisar dichos contratos.
Todo lo anterior nos lleva a un tema sensible: la manera en que este gobierno compagina las prisas por hacer cosas con las adjudicaciones directas, las cuales han demostrado a lo largo de nuestra historia no ser la mejor decisión, además de que en muchos casos surge la corrupción y las autoridades no se dan cuenta o deciden “ocultar” la información.
Todos esperamos un gobierno sin corrupción y con máxima transparencia en los concursos de adquisiciones y obras, que es el requisito básico para no equivocarse.