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Juan Carlos Rodríguez

México ingresó a un grupo de países que tienen un sistema democrático disfuncional, pues si bien tienen elecciones limpias, también adolecen de limitaciones a derechos y libertades, tales como acceso a la justicia y libertad de expresión, así como de fragilidad institucional.

De acuerdo con el informe El estado de la democracia en el mundo 2021: fomentando la resiliencia en una era pandémica, elaborado por el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés), este grupo está integrado por cuatro países considerados como en “retroceso democrático” (Hungría, India, Filipinas y Polonia), dos en riesgo de tornarse autocráticos (El Salvador y Sri Lanka), además de Bulgaria y México.

Nuestro país acumula dos décadas de tener una democracia con desempeño medio, situación que, de acuerdo con el estudio de IDEA, puede tener dos lecturas: que el sistema político ha sido resiliente y ha evitado deterioros ante contingencias como la pandemia de Covid-19, aunque también puede ser señal de estancamiento y de incapacidad para alcanzar un desempeño alto.

Sobre el desempeño de México en el último año, el reporte señala el país mostró mejoras en materia de gobierno representativo y participación, pero al mismo tiempo “ha experimentado un descenso de los indicadores de acceso a la justicia, independencia judicial, integridad de los medios de comunicación y aplicación de la ley”.

IDEA coloca a México en el mismo nivel de El Salvador y Venezuela, por el descenso registrado en el indicador de independencia judicial en los últimos cinco años.

“En México el leve descenso experimentado por el indicador de independencia judicial se acentuó a partir de marzo de 2021, cuando el presidente López Obrador cuestionó la decisión del magistrado que había decidido suspender la reforma energética propuesta por el Gobierno”, cita el informe.

El documento condena los ataques del presidente López Obrador contra el Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que “se trata de prácticas que amenazan la integridad de los procesos electorales, debilitan el Estado de derecho y alimentan la crisis de legitimidad de las instituciones democráticas y de control”. 

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