Oscar Moha

Hay en Estados Unidos una organización llamada “Truth and Transparency” (Verdad y Transparencia) dedicada a ventilar ante la opinión pública casos de abusos cometidos por líderes religiosos de cualquier denominación. Los afectados comparten confidencialmente, documentos, testimonios, fotografías, videos y otras pruebas que son analizadas y corroboradas para después subirlas a un portal y, en su caso, iniciar juicios civiles o legales cometidos presuntamente por alguna Iglesia o Ministro de Culto. Algo así como una “ReligionLeaks” que descubre la podredumbre en el amplio terreno de la fe.

Con oficina central en Las Vegas, Nevada, este esfuerzo periodístico, fundado en noviembre de 2017 por Ryan McKnight y Ethan Gregory Dodge, ha tenido enfrentamientos, lo mismo con la Iglesia Católica, que con Mormones y Testigos de Jehová en la Unión Americana, Iglesias muy poderosas por sus recursos económicos que en ocasiones han demandado a los activistas por “difamación”, “violación de derechos” y “publicación de documentos confidenciales”.

En sus redes sociales, este organismo da cuenta de las demandas que enfrenta actualmente por publicar fraudes, abusos sexuales de menores y violación de garantías que no pocos ciudadanos han sido víctimas de algunas de las miles de Iglesias que existen en esa nación, donde la libertad religiosa está menos regulada que en México. Para abrir un templo o iniciar una religión, allá sólo es necesario dar aviso a la autoridad, mientras que en nuestro país es requisito indispensable cumplir con una serie de trámites administrativos y hacendarios para obtener la figura jurídica legal.

A pesar de que en México se cuentan miles de historias de abusos y delitos cometidos por Ministros de Culto, esa Ley que regula el actuar de las Iglesias y sus integrantes no ha tenido modificaciones desde que se publicó en julio de 1992, y deja vacíos legales que han sabido aprovechar los dirigentes espirituales. De los casos más funestos, el abuso sexual contra menores por parte de clérigos. Cientos de denuncias y otras que nunca llegaron al conocimiento de la autoridad quedan en los archivos secretos del gremio ministerial.

La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público menciona en su Artículo 12 Bis que “los Ministros, asociados y representantes, incluyendo al personal que labore, apoye o auxilie, de manera remunerada o voluntaria, en las actividades religiosas deberán informar de manera inmediata a la autoridad correspondiente la probable comisión de delitos, cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones”. Así que si una infracción a la ley se comete fuera del templo o de la actividad principal de los pastores, rabinos, sacerdotes y demás, ellos y ellas no se sentirán en obligación de hacer la denuncia correspondiente. Incluso los encubren.

En la Iglesia Católica la escalada de abuso sexuales en contra de menores que denunciaron activistas como Alberto Athié Gallo no han sido investigados a profundidad, pues se ocultaron testimonios, pruebas y se extraviaron intencionalmente expedientes que pudieron inculpar a altos prelados. Por cierto, la Suprema Corte de Justicia propondrá en breve otorgar un amparo para abrir la posibilidad de que se conozcan las diligencias que se llevan a cabo en contra de Norberto Rivera Carrera, quien fuera Arzobispo Primado en la Ciudad de México, y quien presuntamente solapó el actuar de 15 sacerdotes que fueron señalados como pederastas. Mención paralela merece el asunto del padre Marcial Maciel Degollado, dirigente de los Legionarios de Cristo, quien gracias a sus recursos económicos y políticos nunca fue detenido, ni llamado a declarar en probados casos de delitos sexuales también contra niños.

Mientras, en las congregaciones protestantes los pastores se escudan en un texto bíblico de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5 versos 19 y 20 que dice: “No aceptes acusación contra un presbítero a no ser que venga avalada por dos o tres testigos… (y en caso de haber evidencias) reprende públicamente a los que pequen. Así escarmentarán los demás”. O sea, evaden bíblicamente el estatuto legal encubriéndose de manera corporativa, al amparo de su interpretación a modo de La Biblia. Los casos donde son encontrados “culpables” de un “pecado sexual”, que puede ir desde adulterio, acoso, bisexualidad, hasta violación en contra de uno o varios miembros de su congregación, lejos de dar parte al Ministerio Público los dirigentes han preferido llamar a cuentas al pastor -en lo secreto- y “disciplinarlo”, encubriendo delitos y pecados al mismo tiempo, haciendo de la complicidad casi un sacramento.

En los archivos de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación existen infinidad de expedientes que dan cuenta de delitos cometidos por presbíteros que no han llegado ante un Ministerio Público. Y es extraño porque están bien documentados, sólo que la malsana prudencia rebasa a la legalidad.

PALABRA DE HONOR: Más de 20 integrantes del Cuerpo Femenil de la Policía capitalina fueron lesionadas por féminas activistas durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre) en la CDMX. La mayoría de las uniformadas recibieron martillazos, golpes, toletazos y algunas resultaron quemadas con líquidos y gases inflamables. Seis tuvieron que ser hospitalizadas. La violencia de género sí existe.

Compartir