Yrma Lydya había denunciado a su agresor hace seis meses; el expediente se archivó

Una tarde llegó hasta la Fiscalía de la Ciudad de México una mujer muy joven, y muy asustada. Por la situación tan apresurada y violenta, nadie reconoció entonces a la cantante Yrma.

Después de varias horas, logró que su denuncia penal quedara asentada: su esposo, Jesús Hernández Alcocer, la había atacado y amenazado de muerte. A tal punto, que cada músculo de su cuerpo proyectaba el temor. El hombre de 74 años le colocó una pistola en la cabeza y le advirtió “te voy a dar un tiro en la cabeza”. Y lo cumplió.

Casi seis meses después, el abogado cumplió su amenaza. El jueves por la noche, en el restaurante Suntory de la colonia Del Valle, a donde era un asiduo comensal desde hace décadas, accionó posiblemente esa misma arma contra su esposa, la cantante Yrma. Y sí, uno de los disparos fue en la cabeza.

Personas que conocieron de las amenazas entonces, relataron en exclusiva para ejecentral, cómo se presentó la denuncia y cómo, inexplicablemente se cerró. No existe, aseguran las fuentes, prácticamente ninguna investigación, porque se cerró por un supuesto acuerdo entre las partes. Simplemente se archivó.
En realidad, el ministerio público a cargo, junto con los investigadores, violaron la ley, que impide que un acuerdo así frene una investigación.

La corrupción, el sello

Ahora se investiga el poder corruptor de Hernández Alcocer, quien desde hace más de 40 años, logró convertirse en abogado de personajes importantes de la vida política, social y religiosa del país, pero que no firmaba los documentos legales porque no se había recibido como abogado; obtuvo su cédula apenas hace algunos años.

Sin embargo, aunque no era abogado entonces, se comportaba como tal, y quienes le conocen aseguran que comía regularmente con jueces y magistrados federales y de la Ciudad de México, especialmente Raúl Guerra Álvarez, a quien conoció como juez penal en el reclusorio y que ahora es el presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México.

Pero este abogado, que tiene permiso de portación de arma otorgado por la Secretaría de la Defensa Nacional desde hace más o menos una década, bajo el argumento de su protección, incluso hay militares que lo han invitado a “prácticas de tiro”. También se ha jactado en los círculos de abogados de comer regularmente con generales, almirantes, subprocuradores, y políticos del PAN, PRI y PRD.

Mucho antes de ser el abogado del obispo Onésimo Cepeda hace una década y que impidió que pisara la cárcel por un fraude de 130 millones de pesos, Hernández Alcocer ya se reunía, relataron abogados que le conocen, con miembros de la familia de la ministra Margarita Luna Ramos, en especial su hermano Alejandro –entonces magistrado presidente del Tribunal Electoral--, y su hijo Alejandro Luna Fandiño.

Pero no eran los único que componían el círculo de amistad de Hernández Alcocer, una pieza clave estaba en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la hoy Fiscalía General de la República (FGR). Uno de ellos, Ignacio Gilberto Silva Hernández, quien trabajó en la PGR desde 2002 hasta 2019, siendo su último cargo (de 2015 a 2019) director general de Control de Juicios de Amparo de la ahora Fiscalía General de la República.

Silva Hernández, aseguran las fuentes consultadas, con ministerios públicos federales y de la Ciudad de México, también con policías de investigación y directores de área de la ahora FGR.

Asesinar a sangre fría

La familia de la víctima tiene miedo. Miedo al poder corruptor e influencias de Hernández Alcocer, y que logre salir libre.

El abogado reconoce la comisión del crimen, pero pretende argumentar atenuantes, que van desde la edad, el estado anímico y las circunstancias. Sin embargo, desde el principio el litigante trató de entorpecer el caso. La pistola en un principio parecía haber desaparecido, testigos que no fueron retenidos en la escena del crimen, verifican si el lugar fue preservado íntegramente por el personal del restaurante, y se revisan las llamadas telefónicas que se hicieron en los primeros minutos.

Sus abogados, aparentemente estaban preparando justificantes médicos para acreditar un mal estado de salud y con ello impedir su permanencia en el Centro Penal, sin embargo, el juez le dictó prisión preventiva oficiosa.

Aunque tanto Hernández Alcocer como su chofer, identificado como Benjamín, quedarán en prisión, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, con lo que tendrán un plazo mayor para aportar pruebas e impedir que el juzgador los vincule a proceso.

No será sino hasta el próximo jueves que se llevará a cabo la audiencia de continuación. En tanto, ambos permanecerán recluidos en el Reclusorio Norte.

La familia y personas que conocieron a Yrma, temen que el juez le dé facilidades al abogado acusado de feminicidio.

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