Antonio Cuéllar

Lejos se escucha todavía su arrebato, el reclamo que en ese año le pudo haber costado la elección: “al diablo con las instituciones…”. Que lástima poder constatar lo que fue un presagio de su entonces contrincante: “es un peligro para México”.  De seguir el rumbo del camino ya emprendido, nadie puede dudar el grave quebranto y destrozo que una política antidemocrática, como la que comienza, puede traer aparejados.

En el proceso electoral se apoderó del Congreso General.  Hay quienes ya ponen en tela de juicio la autonomía de la SCJN.  Ya fue la CRE, el INEE, la CNDH.  Viene el INE.  ¿Cuál seguirá después?, ¿Se atreverán a tocar al Banco de México?

Un país como el nuestro, carente de recursos petrolíferos suficientes, debe de impulsar acciones gubernamentales que conduzcan a todos los sectores -público, privado y social-, a la realización de actividades económicas productivas que demanden mano de obra, para lograr la sustentabilidad de la recaudación, sostener la economía pública y satisfacer las necesidades de bienestar general de la población.  Esta realidad se anticipó hace muchos años.

Quienes invierten su capital en actividades como las anteriores, que se sujetan a un riesgo de éxito comercial, exigen con toda lógica condiciones mínimas de seguridad, personal y jurídica, a través de las cuales ese resultado aleatorio se disminuye lo más posible.  Es la certidumbre alrededor de un proyecto lo que encarece la inversión del capital productivo.

Con la incorporación de México al GATT en el año de 1986, el país asumió para sí y frente a la comunidad internacional, el compromiso de impulsar políticas públicas internas que permitirían el impulso de una economía competitiva, en el concierto de un mercado globalizado demandante de bienes y servicios, todos relacionados con la generación de riqueza a través del empleo y dividendos.  De esa primera internacionalización de nuestra economía derivaron después sendos tratados de libre comercio que han hecho de México una potencia exportadora.

Durante los sexenios del 88 al 94, y del 94 al 2000, se adelantó en un buen tramo esa visión de México, y se adecuó nuestro marco constitucional para beneficiar esa adaptación del país a su nueva estatura en el ámbito internacional.  Sin embargo, el proyecto quedó incompleto.

En ese contexto, se dio autonomía al Banco de México; se institucionalizó un sistema democrático de elecciones con la ciudadanización de un órgano autónomo al que se encomendó su administración, el IFE; y se creó una Comisión Nacional de Derechos Humanos a la que se encomendó la supervisión escrupulosa de los excesos en que tradicionalmente habían incurrido las fuerzas del Estado tratándose no sólo de la procuración de justicia sino también, de la contención de la oposición.

A lo largo de los años se vinieron creando un número mayor de órganos autónomos, pero nunca tantos como los que se crearon, finalmente, al inicio del sexenio pasado, con motivo del Pacto por México. Éste fue, realmente, la culminación o cierre de un proceso de adecuación del marco jurídico nacional ante las aspiraciones que México había expresado y aceptado treinta años antes, al adherirse al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (el GATT).

El Pacto por México suscrito por la absoluta mayoría de partidos políticos del país fue un gran éxito que debemos reconocer a los actores firmantes, de tal magnitud que su materialización se vislumbró en foros internacionales como un auténtico despertar del país con miras a pertenecer a las grandes ligas de la economía mundial, convirtiéndolo en un actor con peso propio que podría incidir en el crecimiento equilibrado del mundo.  El gran éxito del Pacto firmado el sexenio pasado fue la creación de una multiplicidad de verdaderas instituciones, que dan rumbo y certidumbre al crecimiento de México: la CRE, el IFETEL, la COFECE, la CNH, el INEE, y muchas otras más. La democratización en el ejercicio del poder público se institucionalizó y creció positiva y significativamente.

Es cierto que la corrupción ha sido un foco presente a lo largo de los años que menguó gravemente un crecimiento equilibrado de la riqueza, y es verdad que la discriminación que ha convivido desde la fundación de nuestro país ha provocado un silencioso sistema de castas que mantiene oprimido a un segmento sumamente importante de nuestra sociedad.  Es en este reclamo que ha venido subsistiendo, a lo largo del último medio siglo, una corriente ideológica que busca en México la consolidación de un sistema económico diferente.  El problema es que el paradigma al que estuvo asido sucumbió, fracasó inexorablemente, y nada lo sustituyó.  La corriente izquierdista o “progresista” latinoamericana en general, y ese sector pensante de la política socialista en México en lo particular, han identificado con precisión cuáles son los vicios del sistema establecido que vulneran a la gran mayoría de los mexicanos, pero fueron incapaces de sustituirlo por otro que pudiera servir para generar el crecimiento consolidado en forma comparable.

Durante la discusión de las reformas encumbradas en el Pacto por México, todos los partidos representados en él asumieron posturas y formularon proposiciones que, de un modo u otro, quedaron plasmadas en los distintos cuerpos normativos que el proceso político alumbró.  Hubo un grupo partidista, sin embargo, que no se incluyó en la discusión, que quedó fuera porque sus postulados eran absolutamente incompatibles con esa visión de México.  El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, atrás del entonces aspirante Andrés Manuel López Obrador, sistemáticamente se opuso a todo.  No propuso nada, pero todo lo votó en contra.

Las benditas redes sociales hicieron su labor y el enojo auténtico o fabricado de los mexicanos en contra de su clase política, redituaron un éxito contundente en el proceso electoral federal de julio de 2018.  El conjunto de renegados opositores ganaron la elección y, con ello, la reivindicación de su odio y menosprecio por todo aquello que se asemejara a lo que, durante medio siglo, han venido criticando.  ¿Habría servido de algo agregarlos a las mesas de discusión del Pacto? Posiblemente no, la negación de la política económica no constituía un tema de ideologías sino de estrategia electoral. Habrían dañado el proceso indefectiblemente; hoy lo corroboramos.

En este estado de cosas, la clase política gobernante ha venido a reivindicar su reclamo, y por eso, su única vocación tiene que ver con la destrucción de todo aquello que se vino consolidando a lo largo de los últimos treinta años.  No hay plan sustituto sino el de la retrotracción de los hechos hasta 1970, en aquella época en la que el Presidente consolidaba un “Poder Soberano” que, en el estado actual del desarrollo global, se encuentra rebasado y deviene francamente ridículo.  Las democracias contemporáneas y el acceso a la información han socavado por completo los cimientos de los poderes absolutos.

La semana pasada se ha dado muestra, o cuando menos intentado hacerlo, de la fuerza parlamentaria de Morena en el Congreso General. Una mediante la votación de la elección de la nueva Comisionada Nacional de Derechos Humanos, y otra a través de la presentación de una iniciativa que persigue vulnerar la autonomía del Instituto Nacional Electoral.

Es inconcuso que de una u otra manera, el partido gobernante, aislado y sin oposición alguna, podrá lograr la consumación de muchos de sus propósitos legislativos y electorales.  Pareciera, desde la perspectiva mañanera, que persiguen asegurar una hegemonía en el ejercicio del poder público que tiene cierto sentido desde la visión histórica con la que hacen su política.  No cabe duda, sin embargo, que la manera en que se pretende dinamitar todo lo que se ha construido hasta esta fecha, sin plan de gobierno alternativo más allá de la figura personal de quien encabeza el movimiento, pone en riesgo la estabilidad y la subsistencia de nuestro país.  No cabe tampoco duda de que, su principal ideal, alrededor de la erradicación de la corrupción y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, jamás, pero jamás se podrá alcanzar por ese camino.

De un modo u otro, México está inmerso en un planeta en el que las economías de todos los estados están interconectadas; y eso hace del mundo un mejor lugar. Es verdad que hay mucho por hacer en los dos terrenos que más vienen alertándonos, el de la conservación del equilibrio ecológico y el reparto de la riqueza; sin embargo, nada se podría lograr sin el aprovechamiento de esta red de información y conocimiento que el mundo mismo ha creado.

El país demanda la subsistencia y protección de las instituciones que protegen la cláusula democrática del pacto social.  Con ese propósito, debemos estar atentos a la capacidad de quien nos gobierna, porque la tarea en pro de la seguridad y de la gobernabilidad de México no da espacio a la improvisación o a desatinos.  Es muy lamentable, pero aún más, es peligroso, percibir la posibilidad de que, efectivamente, el gobierno esté mandando al diablo a las instituciones.

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