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Jonathan Nácar

Sin la certeza de que se haya obtenido alguna sentencia condenatoria, al término de 2018 la desaparecida PGR hoy Fiscalía General de la República sólo consignó ante los órganos jurisdiccionales un total de 966 averiguaciones previas, lo cual representó apenas el 1.6% de los casi 62 mil expedientes que ese año despachó la dependencia.

El rezago acumulado para la Procuraduría General de la República, que tuvo como último encargado de despacho al subprocurador Alberto Elías Beltrán, implicó un atraso de 14 mil 484 averiguaciones que, de acuerdo con la auditoría de desempeño que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) traería como consecuencia la persistencia de la procuración de justicia “como una política de simulación que no contribuirá a mejorar las condiciones de seguridad pública en el país”.

Así lo advierte la ASF como parte de la segunda entrega del resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2018 en el que se informó que de las 76 mil 453 averiguaciones previas que debió atender el Ministerio Público de la Federación durante 2018, sólo atendió 61 mil 969, equivalentes al 81%.

Del desglose de las averiguaciones que despachó la PGR durante 2018, indica la auditoría sobre la persecución de los delitos federales, el 0.3% (163) de estas averiguaciones, se acumularon; mil 166 se enviaron a reserva, y en 58 mil 948, equivalente al 95.1% se determinó el no ejerció de la acción penal.

“Se concluye que la disminución acelerada en el número de averiguaciones previas pendientes de despacho en 2018, estimuló el abuso de supuestos como abstención de investigar, no ejercicio de la acción penal y archivo temporal, como consecuencia de ello, en ese año se consignó 1.6% del total de las averiguaciones previas despachadas”, informó la ASF.

Y con base en la información que la propia ASF recabó de la Visitaduría General de la entonces PGR, en ese año (2018) “existió un abuso de averiguaciones previas y carpetas de investigación que se concluyeron bajo el no ejercicio de la acción penal, la abstención de investigar y el envío a archivo temporal aun cuando el MPF contaba con actos de investigación pendientes de realizar”.

En consecuencia, considera el informe de la auditoría, la existencia de delitos que no implicaron alguna pena, lo cual implicaría convertirse en un factor para el aumento de la incidencia delictiva que, de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al cierre de 2018, señala que el número de delitos federales denunciados fue de 112 mil 917.

Mientras que del número los delitos del fuero común y federal no denunciados la última cifra registrada por el INEGI fue de 93.2% del total de los que se cometen en el país, “situación que denotó falta de confianza y credibilidad en las autoridades responsables de la procuración de justicia”, señala el informe.

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