En la mayoría de los países las calles son el espacio natural para las manifestaciones para exigir acceso a servicios básicos, visibilizar demandas políticas, conflictos laborales, exponer violaciones a los derechos humanos o exigir justicia.
En la historia reciente de América Latina, hemos visto movilizaciones de la oposición al gobierno de Venezuela, estudiantes chilenos exigiendo educación pública, reclamos laborales en Argentina, manifestaciones contra las explotaciones mineras en Perú, marchas en Brasil contra el financiamiento público del mundial de futbol, entre otras.
En todos los casos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha detectado dos estrategias comunes de los gobiernos que no obedecen a alguna distinción de ideologías políticas: la reproducción de prácticas para criminalizar la protesta social y la participación de infiltrados en las manifestaciones.
CELS —organización no gubernamental argentina fundada en 1979— advierte que la participación de policías sin uniforme o de integrantes de grupos afines al gobierno durante las protestas tiene el propósito de desatar la violencia y las afectaciones a los bienes públicos, así como las agresiones a los periodistas que realizan las coberturas informativas.
De esta manera restan legitimidad a las demandas y desvían la atención del conflicto que originó la protesta. Así, los manifestantes se convierten en criminales. Los infiltrados hacen su tarea y los gobiernos presumen su compromiso con los derechos humanos y que no reprimen las protestas.
A la luz de los hechos registrados el viernes 16 de agosto, parecería que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aplicó el manual a pie juntillas para imponer la imagen de mujeres furiosas y llenas de rabia.
Pasar la página y que la gente olvide la razón de la protesta: millones de historias de asesinatos, violencia sexual, maltrato físico y abuso emocional. Quieren que medios de comunicación y sociedad se concentren en los costos de reparación de la columna de El Ángel de la Independencia para olvidar los mil 119 feminicidios registrados en México, tan sólo durante los primeros cinco meses de 2019.
Prefieren que prestemos atención a los daños provocados en la estación del Metrobús Insurgentes, para dejar atrás que siete de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia; que el acoso sexual ha aumentado 25% al pasar de dos mil 858 en 2018, a tres mil 582 casos en este año; que 12 millones de mujeres viven con miedo dentro de su casa y ocho millones han sufrido estrangulamientos, cortes, quemaduras o tienen algún tipo de depresión.
Pareciera que Sheinbaum Pardo no tiene interés en aplicar políticas públicas con perspectiva de género. Gobernar implica apertura al diálogo y a la conciliación, compromiso con la aplicación de la ley sin distinciones, y habilidad política para reaccionar de manera responsable y oportuna.
En una entrevista realizada por esta reportera ante la pregunta específica: “¿Nos tenemos que quedar cruzados de brazos ante la violencia que sufrimos?”, Sheinbaum contestó: “A partir de hoy abrimos mesas de trabajo, talleres, foros abiertos que en un plazo máximo de un mes generen programas integrales de prevención, atención, sanción y acceso a la justicia para una vida libre de violencias hacia las niñas, jóvenes y mujeres”.
Hago votos para que así sea porque esconderse detrás de falsas conspiraciones, ataques políticos y provocaciones para evadir responsabilidades, ocultar intereses y disimular torpezas sólo aumentará la irritación social. Hay que evitar los infiltrados y escuchar la justa demanda de las mujeres agraviadas. No perdamos de vista el fondo del problema “Nos están matando porque pueden, porque nadie hace nada”.