El robo de combustible, conocido como huachicol, sigue siendo una herida abierta en México. Este delito, lejos de desaparecer, ha evolucionado en un mercado negro multimillonario que afecta la economía, el medio ambiente y la seguridad del país. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, los resultados son insuficientes, y la complicidad de diversos actores perpetúa esta crisis. ¿Quiénes son los responsables y cómo impacta este problema a la sociedad?
El huachicol no es solo un acto de perforar ductos de Pemex; es una red compleja que involucra al crimen organizado, autoridades corruptas, empresarios sin escrupulosos y hasta comunidades locales. Cárteles como el Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima, según Omar García Harfuch, dominan este negocio en regiones como Guanajuato y Tabasco. Sin embargo, el problema no se limita a los grupos delictivos. Informes señalan que hasta el 80% del combustible robado podría originarse dentro de Pemex, con empleados que facilitan información clave sobre los ductos. Esta colusión interna, junto con la falta de sanciones efectivas, permite que el huachicol prospere. En 2024, las pérdidas alcanzaron los 20 mil millones de pesos, una cifra que refleja la magnitud del problema.
Las afectaciones son devastadoras. Económicamente, el robo de combustible equivale a desviar recursos destinados a sectores como la salud o la educación. En 2021, las pérdidas reportadas por Pemex fueron comparables al presupuesto para vacunas contra el COVID-19. Ambientalmente, los derrames causados por tomas clandestinas contaminan suelos, ríos y mantos acuíferos, con costos de remediación que alcanzan los 175 mil pesos por hectárea. La tragedia de Tlahuelilpan en 2019, donde una explosión mató a ciento treinta y siete personas, evidenció los riesgos mortales de este delito. Socialmente, el huachicol fomenta la inseguridad, con enfrentamientos entre criminales y autoridades que aterrorizan a las comunidades.
A pesar de los decomisos millonarios, como los 15 millones de litros asegurados en Coahuila en 2025, la falta de detenciones efectivas revela fallos en la inteligencia y posibles filtraciones. Expertos señalan que sin atacar la corrupción y las redes de complicidad, los operativos seguirán siendo insuficientes. Además, la participación de comunidades empobrecidas, atraídas por el bajo costo del combustible, complica la solución. La pobreza y la falta de oportunidades las convierten en cómplices involuntarias de un sistema que las explota.
Combatirlo requiere más que operativos; mientras no se corte de raíz la complicidad y la impunidad, el huachicol seguirá siendo un lastre para México. ¿Podremos algún día reparar esta fuga?
