Luis Rául González Pérez, presidente de la CNDH. Foto: Cuartoscuro / Galo Cañas

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Redacción ejecentral

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió al gobierno federal y estatales a realizar un trabajo más eficaz para combatir la trata de personas y subrayó la falta de mecanismos coordinados para implementar la Ley General contra este delito, así como la ausencia de esfuerzos para garantizar los derechos de las víctimas, especialmente los relacionados con la identificación, reinserción y reparación del daño.

La CNDH destacó la necesidad de que se cumplan las recomendaciones relacionadas con violación de derechos humanos en agravio de jornaleras y jornaleros agrícolas de origen indígena, posibles víctimas de delitos en materia de trata de personas; especialmente la recomendación 28/2016 a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y al gobierno de Baja California Sur; la recomendación 70/2017, dirigida a la STPS y al gobierno de San Luis Potosí, y la recomendación 15/2018, dirigida a la STPS, IMSS y gobierno estatal y presidencia municipal de Colima.

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se celebra el 30 de julio, el organismo urgió a la administración federal a elaborar e implementar protocolos de prevención, detección e inspección en materia de trata de personas en campos agrícolas con perspectiva de género y de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos fue expedida el 14 de junio de 2012, durante el gobierno de Felipe Calderón.

La comisión también resaltó las propuestas contenidas en el ‘Estudio sobre la intervención de las Autoridades del Trabajo’ en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas.

El organismo señaló que, a nivel federal, la intervención y cumplimiento de las obligaciones que señala la Ley General por parte de las diferentes autoridades de la Administración Pública Federal varía considerablemente entre unas y otras, además de que los derechos a la reparación del daño, a la salud, la educación y, sobre todo, a no ser sometido a la trata de personas siguen sin ser garantizados por la administración federal.

Hasta ahora, la mayoría de las entidades federativas cuenta con legislación aprobada, comités interinstitucionales y alguna unidad o fiscalía especializada para la investigación de la trata. Sin embargo, carecen de programas estatales, estrategias de trabajo regionales y, en general, de políticas sociales dirigidas al combate de las causas estructurales de la trata de personas como la desigualdad, la discriminación y la violencia.

De acuerdo con el Informe Global sobre Trata de Personas 2016 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 71% de las víctimas de trata son mujeres. La desigualdad de género es también evidente con las víctimas menores de 18 años de edad, ya que las niñas y las adolescentes representan el 20% de las víctimas totales.

En cuanto a las modalidades de explotación por sexo, se observa que las niñas y mujeres son víctimas de trata con fines de explotación sexual en 96%, mientras que hombres y niños en 4%.

El pasado 20 de julio, el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), otorgó al Estado mexicano un plazo de dos años para presentar una presentar un informe preliminar para frenar la violencia y discriminación contra las mujeres.

El grupo subrayó que en México los índices de procesos y sentencias sobre el delito de trata contra las mujeres aún es muy bajo, además de que en algunos casos la revictimización de mujeres y niñas termina por criminalizarlas.

La CNDH se ha unido a los esfuerzos que se realizan en los niveles federal y estatal para conmemorar este día, instituido por la Asamblea General de la ONU, y promover mayor conciencia de la situación de las víctimas de la trata de personas y proteger sus derechos, distribuyendo materiales de la Campaña Nacional de Prevención “Libertad sin engaños ni promesas falsas” a todas las comisiones intersecretariales en materia de trata de personas del país, así como a diversos consejos ciudadanos y a las instancias municipales de las mujeres.

Además, se han difundido infografías para mujeres y jóvenes dirigidas a prevenirlas sobre la forma en que los tratantes utilizan las redes sociales para captarlas con fines de explotación sexual; la importancia de cuidarse de supuestas propuestas “románticas”; y para hacer conciencia sobre la trata de mujeres y niñas para la explotación en los trabajos forzados del hogar. DC/EC

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