Foto: ejecentral

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José A. Rivera

En lo que se anuncia como una nueva escalada violenta en el estado y por primera vez significaría la toma del control de la capital, mandos comunitarios advirtieron que si el gobierno no pacifica Chilpancingo, entrarán a la ciudad la última semana de marzo con seis mil hombres armados “para combatir a la delincuencia”.

Humberto Moreno Catalán y Salvador Alanís Trujillo, dirigentes visibles del Frente Unido de Policías Comunitarios del Estado de Guerrero (FUPCEG), recordaron que existe una alianza de guardias comunitarias de la región centro-norte de Guerrero, y será esa coalición la que tomaría el control de la seguridad de Chilpancingo. “Nuestros elementos tienen orden de disparar”, por lo que advirtieron a las corporaciones federales y estatales que no traten de detenerlos.

Los mandos emplazaron al gobernador Héctor Astudillo Flores para combatir la violencia en la ciudad capital en un plazo perentorio de 30 días, contados a partir del pasado viernes, el 22 de febrero. Terminado ese tiempo, aseguraron, sus fuerzas comenzarán a moverse hacia la capital del estado. Esto sería previo a las fechas en que se instalará el Tianguis Turístico de Acapulco.

Los líderes también manifestaron su intención de entrar a “limpiar” la cabecera municipal de Leonardo Bravo, más conocida como Chichihualco, para terminar la expulsión de las células delincuenciales que aún quedan en esa ciudad.

De acuerdo con la versión ofrecida por los mismos mandos comunitarios, el FUPCEG cuenta con un estado de fuerza de nueve mil 500 hombres armados, que serían empleados para frenar la ola de robos, secuestros y asesinatos, que impiden que fluya los alimentos y servicios a las comunidades ubicadas en la parte alta de la sierra.

Primera llamada

Hace ocho meses, el 22 de junio de 2018, durante una conferencia de prensa en la cabecera municipal de Tlacotepec, Humberto Moreno Catalán, el coordinador de la Policía Comunitaria de esa ciudad ubicada en lo alto de la Sierra Madre del Sur, expresó textualmente: “Estamos hasta la madre, ponga orden señor gobernador o lo haremos nosotros”.

El líder se refería a la severa crisis de seguridad en el corredor carretero sierreño que conduce a la vía México-Acapulco, sacudido por asaltos, robos, violaciones y secuestros que terminaron por causar  desabasto de básicos y suspensión de servicios debido a que a Tlacotepec dejaron de subir los maestros, médicos, medicinas, camionetas de transporte y de mercancías, lo que causó una situación general de escasez en aquella ciudad.

Para ese momento ya estaba en marcha un proyecto de alianza de guardias comunitarias de varios municipios de la zona centro-norte, con el fin de combatir al crimen organizado que mantenía asoladas esas regiones. Los grupos comunitarios participantes de la alianza pertenecen a los municipios de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), San Miguel Totolapan, Cuetzala del Progreso, Cocula, Iguala, Teloloapan, Apaxtla, Juan R. Escudero y Eduardo Neri, estos últimos colindantes con Chilpancingo.

Esa alianza se concretó cuatro meses después, el 4 de noviembre de 2018, en el municipio de Apaxtla de Castrejón. A la semana siguiente, unos tres mil comunitarios entraron a sangre y fuego a la comunidad de Filo de Caballo, en un choque armado que causó al menos ocho muertos, decenas de heridos y cientos de desplazados.

La “limpieza” ordenada por los mandos comunitarios se extendió a otras ocho comunidades aledañas a Filo de Caballo, lo que causó un total de dos mil desplazados —entre hombres, mujeres y niños—, que terminaron por refugiarse en la cabecera municipal Chichihualco.

Según la versión de Moreno Catalán y Alanís Trujillo, después de varios choques armados sus fuerzas “pacificaron” el corredor Tlacotepec-Filo de Caballo-Xochipala-Chichihualco-Casa Verde, que confluye en la vía federal México-Acapulco.

¿Guerra de cárteles?

Fuentes de inteligencia consultadas por ejecentral explicaron que lo que está detrás de este conflicto armado es una disputa entre el Cártel Sierra Unida, encabezado por el capo Onésimo Necho Marquina, y el Cártel del Sur que lidera Isaac Navarrete Celis, El Señor de la I, quienes mantenían el control de la producción de amapola en esa región de la Sierra Madre.

Tras los autollamados comunitarios del FUPCEG, cuya sede es Tlacotepec, estarían los intereses de Onésimo Marquina, mientras que a los grupos de resistencia ciudadana de Chichihualco los solventaría Navarrete Celis.

Los conflictos entre ambas formaciones criminales se acentuaron desde que en agosto de 2017 se derrumbó el precio de la goma de amapola, y desde entonces no se ha recuperado, lo que dejó sin sustento a miles de familias productoras de la flor.

Luego de la batida de los comunitarios de Tlacotepec contra Filo de Caballo y comunidades aledañas, habrían logrado expulsar al grupo de Navarrete Celis, quien según las versiones se refugió en Chilpancingo, a donde pretenden trasladar ahora el enfrentamiento.

En la capital guerrerense también operan los grupos criminales conocidos como Los Rojos y Los Ardillos, además de subgrupos y pequeñas bandas independientes que han convertido a Chilpancingo en un infierno por los enfrentamientos y los delitos comunes.

Los ciudadanos de Tlacotepec que bajan a la capital del estado son “cazados” por los halcones del crimen organizado, quienes asesinan a los oriundos de aquella ciudad serrana por el simple hecho de serlo, como el caso de dos jóvenes estudiantes recientemente ultimados en Chilpancingo.

También mencionaron como un objetivo a militantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), agrupación armada a la que hacen responsable de desapariciones, asesinatos y secuestros, especialmente a los grupos acantonados en Ocotito y Buenavista, corredor del municipio de Chilpancingo donde operan 350 comunitarios.

Es decir, la batida en Chilpancingo no sólo sería contra la delincuencia organizada, sino también contra los comunitarios adheridos a la UPOEG, que según la versión de los mandos tienen nexos con el crimen.

De acuerdo con informaciones de dirigentes populares que pidieron reservar su identidad, detrás de esa alianza de supuestas guardias comunitarias conocida como FUPCEG existe la intención de tomar el control del corredor carretero Acapulco-Chilpancingo-Iguala.

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