Héctor J. Villarreal Ordóñez

El 12 de junio apareció, al sur de la Ciudad de México, el cuerpo sin vida de un joven de 29 años, Leonardo Avendaño. Días antes fue secuestrado y asesinado, no lejos de ahí, un estudiante universitario, Norberto Ronquillo. Y días después, una joven, Ana Karen, fue plagiada frente a la puerta de su casa en Polanco. La suma de esos casos a los cotidianos eventos de inseguridad elevó el clima de temor e inquietud que ya es común en la capital del país.

Las corrientes de opinión en temas como la seguridad suelen modificarse a gran velocidad. La cobertura mediática, el efecto multiplicador y amplificador de las redes sociales y el boca a boca de la ciudadanía, pueden hacer que la sensación de inseguridad se estabilice por un periodo de tiempo o se exacerbe rápidamente a niveles de miedo, en un entorno social grande y diverso como la Zona Metropolitana del Valle de México.

El 19 de junio la Procuraduría General de Justicia, responsable de aclarar los tres casos, ejecutó una orden de aprehensión contra un sacerdote de nombre Francisco Javier, en cuyas celebraciones religiosas Leonardo fungía como acólito. En la percepción pública, el arresto contuvo en cierto grado la especulación sobre una posible ola de secuestros de jóvenes y ubicó el caso como un crimen cuyas causas y ejecución estarían, más bien, en el ámbito de las relaciones entre particulares.

Tras la detención, la Arquidiócesis Primada de México difundió un comunicado en el cual pidió una investigación “eficaz, rigurosa, apegada estrictamente a derecho y respetuosa de las garantías y derechos humanos de las víctimas, sus familias y de quienes eventualmente sean imputados de una presunta responsabilidad”.

Esta reacción de la jerarquía católica contrastó con la de organizaciones religiosas que, ante señalamientos de posibles delitos de sus miembros tienden a cerrarse, negar toda culpa y emprender acciones de defensa, a veces hasta el fanatismo, para impedir investigaciones o sanciones legales. La Iglesia católica no tiene poca experiencia en estos temas. Se acumula una justificada exigencia social para que, ante delitos como el abuso sexual o la pederastia, sea transparente, rechace la impunidad y el encubrimiento, respalde a las víctimas y se atenga a la justicia.

Los jerarcas católicos de la CDMX parecen atender esa demanda en su reacción ante el homicidio de Leonardo. La eventual responsabilidad del sacerdote inculpado será cuestión de la ley y los jueces, pero no de ellos ni de los fieles.

Cuando organizaciones de gran tamaño y complejidad transitan a perfiles de apertura y transparencia, enfrentan resistencias intensas. Medios especializados que circulan entre la estructura de la Iglesia han promovido descalificaciones contra autoridades católicas por una supuesta omisión al no emprender una defensa mediática del sacerdote acusado.

El Ministerio Público ha sido cauteloso al informar los avances de su indagatoria, pero aparecen voceros de grupos de la propia Iglesia que reclaman litigios en medios para repeler las acusaciones contra el sacerdote Francisco. Un blog llamado Religión Digital, por ejemplo, critica que “nadie en el arzobispado es capaz de orientar y consolar a los fieles lastimados (…) No hay un mensaje concreto de solidaridad y cercanía… por la aprehensión de su sacerdote (y) nadie ha tenido la audacia ni la inteligencia para ir desmantelando la serie de irregularidades (y) mentiras…”

La comunicación institucional en entornos de crisis requiere, más de lo que se piensa, de asumir posturas. Hay buenas prácticas, pero no un manual de aplicación general para solucionar situaciones críticas frente a la diversidad de plataformas y medios que hoy existen. La defensa de intereses, privilegios y agendas particulares es una variable a resolver en la comunicación en crisis.

Por lo pronto, ante el cierre de ventanas de comunicación en la esfera gubernamental, como fue la reciente extinción de la Dirección de Comunicación de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal y la marcada tendencia a la concentración del diálogo y la deliberación pública en una sola voz, resulta saludable que otros actores sociales, religiosos o de cualquier índole, se orienten a la apertura, incluso en contra de quienes apuestan por la cerrazón, el silencio y la penumbra. 

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