Las democracias pueden fracasar mediante la coacción y el poder militar, como ocurrió en países de América Latina el siglo pasado, pero también, hoy en día, “a manos de líderes electos, de presidentes o primeros ministros que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder”. En esos casos, las democracias “se erosionan lentamente, en pasos apenas apreciables”, de manera tal que, en la actualidad, “el retroceso democrático empieza en las urnas”.
Es la tesis que explican los académicos de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en su texto How Democracies Die. Muchas medidas gubernamentales que subvierten la democracia, sostienen, son “legales” (las comillas son de ellos), en tanto que las aprueban los congresos o los tribunales y es posible que incluso se vendan a la población como medidas para “mejorar” la democracia, porque supuestamente sirven para propósitos como combatir la corrupción o sanear los procesos electorales.
Levitsky y Ziblatt alertan de los peligros que conlleva para la democracia estadounidense (y para el mundo) la elección, en 2016, de Donald Trump, un “demagogo extremista” con “dudoso compromiso con las reglas democráticas”. Advierten sobre el modus operandi de autócratas electos como él, que llenan de personas afines las instituciones y los organismos autónomos; que hostigan a los medios de comunicación y pretenden reescribir las reglas de la política “para inclinar el terreno de juego contra el adversario”.
Los autores explican que gobernantes con afanes autoritarios, llegados no por la fuerza, sino por la ruta electoral, usan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal, para liquidarla. Subrayan el riesgo de la “polarización partidista extrema” que “sobrepasa las diferencias políticas y entronca con un conflicto existencial, racial y cultural” y puede acabar con la democracia. Una polarización que se expresó, en el caso de Trump, como en los de Fujimori, Chávez o Erdogan, desde el inicio del mandato, lanzando ataques retóricos contra sus adversarios, tildando a los medios de “enemigos del pueblo” y poniendo en tela de juicio la legitimidad de los jueces.
En este contexto internacional, en México ha sido oportuna e importante la carta pública de Artículo 19 al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a un mes del inicio de su gestión. En ella lo insta a “adoptar un discurso público favorable a la libertad de expresión y que contribuya a prevenir cualquier tipo de violencia contra quienes ejercen el periodismo”; destaca la necesidad democrática de que se fomente “la mayor pluralidad de voces” y lo llama a abstenerse de hacer declaraciones “que inhiban la discusión pública sobre su gobierno” y más bien provoque “un debate abierto, incluyente, crítico y plural”.
A pesar de sus amplias mayorías, López Obrador no ha tenido un arranque de gobierno armónico ni conciliador. Descalifica, generaliza, le gusta provocar y tener antagónicos. Recibió un país con problemas y vicios viejos, graves y profundos, que engordan su repertorio de reivindicaciones y luchas quijotescas. Además, tiene algunos adversarios con reflejos torpes que, desconcertados y ansiosos, echan leña al fuego y le lanzan golpes previsibles y reiterativos, que simplifican y adjetivan en exceso también, y con ello retroalimentan las estrategias de polarización y abonan a una narrativa autoritaria.
El contraste y el debate fuerte son indispensables y por definición le dan vida a la democracia, pero no está de más observar que, como exploran Levitsky y Ziblatt, la polarización extrema solo sirve a sus enemigos y tiende a destruirla. Para que haya un mal pleito se necesitan dos y que uno carezca de estrategia.