En seis años, desde el gobierno de Chihuahua, César Duarte articuló una extensa y compleja red formada por 198 personas, entre familiares, amigos y colaboradores, que a través de 119 empresas, reales y fantasma ubicadas en México y Estados Unidos, obtuvieron contratos a través de procesos simulados de licitación y adjudicaciones directas. Por ahora el daño se calcula en seis mil millones de pesos.
Las conexiones de esta red se extienden, de acuerdo a las investigaciones, a la Ciudad de México, Veracruz y Nayarit, entidad en la que las autoridades indagan el posible encubrimiento y protección de la administración del ahora exgobernador Roberto Sandoval. Y en Estados Unidos, las pesquisas alcanzan el posible lavado de dinero a través de la compra-venta de ganado y propiedades, operaciones que podrían haber sido financiadas, no sólo con los recursos públicos desviados, sino con fondos del crimen organizado.
Se trata de la red más sofisticada y extensa que hasta ahora se conozca, incluso más compleja que aquellas que crearon los ahora también exgobernadores Javier Duarte en Veracruz y Roberto Borge en Quintana Roo, ambos acusados de delitos de corrupción. No es amplia sólo por su tamaño, sino porque podría tratarse de la primera trama que involucra a dos gobernadores en operaciones posiblemente ilícitas, de acuerdo a la información contenida en el expediente de la Fiscalía General de Chihuahua y a la información recabada por este semanario.
Las actas constitutivas que obtuvo ejecentral, en torno a esta red de compañías, muestran que el tejido con el que César Duarte operó para desfalcar las arcas de Chihuahua va más allá de las 14 empresas que el actual gobernador, Javier Corral, ha señalado públicamente. Por primera vez se dan a conocer los nombres y detalles de empresas con operaciones en México y Estados Unidos que presuntamente participaron para consumar el daño patrimonial estimando, hasta el momento, en seis mil millones de pesos.
El objeto de las compañías, con sede en México, beneficiadas con el desvío de dinero público es tan variado como interminable. Según sus propias actas constitutivas, lo mismo vendían juguetes, leche, equipo de limpieza, construían carreteras, vendían fotocopiadoras u ofertaban la importación y exportación de todo tipo de artículos.
En ese entramado participaron 180 personas, de manera directa o indirecta. De estas, 41 personajes fueron clave para la red de corrupción de César Duarte; principalmente su familia. Hermanos, primos, sobrinos y su esposa, Bertha Olga Gómez Fong; así como funcionarios públicos, amigos y compadres, todos fueron colocados en dependencias desde las que se operó el desfalco.
La operación fue coordinada desde las secretarías que atienden las áreas más sensibles; educación, salud, finanzas y obras públicas; vinculadas con el desarrollo social y de infraestructura del estado. Los aliados del exgobernador ocuparon las cabezas de secretarías y direcciones de instituciones de educación superior, con autonomía, desde las que operaron para cerrar adjudicaciones amañadas.
Mediante procesos dirigidos de adquisición y la simulación de licitaciones directas, por lo menos cuatro dependencias del gobierno de Chihuahua tramitaron o adquirieron, en su mayoría, bienes, servicios y productos diversos con sobreprecios. La red también requirió de la creación de empresas fantasma, para la entrega de esos productos, cuyas compras eran simuladas y que jamás existieron. Otro método consistió en que, a través de adjudicaciones directas, realizadas desde la Secretaría de Obras Públicas, se hicieron pagos que finalmente sirvieron para que la familia Duarte comprara residencias y predios rústicos en Chihuahua y Estados Unidos.
El entramado empresarial creció en Chihuahua y se extendió hasta Veracruz y la Ciudad de México, entidades que concentraron sociedades bajo diferentes razones sociales, que sirvieran a sus intereses. A través de una investigación en cinco registros públicos de la propiedad de Chihuahua, y de las redes empresariales del exgobernador, ejecentral siguió el rastro de corrupción hasta Estados Unidos, en donde otras 12 empresas han sido identificadas por las autoridades, de acuerdo al expediente, como las que dieron salida a parte de los recursos que ilegalmente desfalcó al erario chihuahuense.
El mecanismo de esta red permitió que el nombre de César Duarte no apareciera como el principal operador en esta trama. Su nombre solamente aparece en la operación de la constitución de Banco Progreso Chihuahua. Sin embargo, en sus seis años de su gestión fueron creadas empresas emergentes, en las que amigos y familiares se asociaron. Es por eso que, hasta la fecha, 12 de sus más cercanos colaboradores y parientes son sujetos de procesos penales en prisión preventiva. Los cargos por los que se les investiga tienen que ver con delitos electorales, peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El canal que César Duarte diseñó, con la ayuda de funcionarios cercanos y de toda su confianza, que también resultaron presuntamente beneficiados, no sólo con empresas que despegaron exponencialmente durante su sexenio, sino que fueron sociedades que engulleron otras existentes para consumar el sangrado de las finanzas públicas estatales.
El rastreo de la operación mostró que el procedimiento que estas empresas consistía en abrir procedimientos para licitar la adquisición de bienes en los que participaban empresas cómplices y otras que adquirían para simular competencia. Estas sociedades entregaban sus actas constitutivas, declaraciones fiscales, que en algunos casos eran falsas, estados financieros y poderes de representación legal.
Bajo la apariencia de legalidad, la operación era respaldada desde la Dirección General de Egresos de la Secretaría de Hacienda, desde la que operaba Jesús Olivas Arzate, quien ordenaba la entrega de constancias de suficiencia presupuestal para justificar las compras. Este documento era ratificado por una de las piezas fundamentales de la red de corrupción, Jaime Herrera, el secretario de Hacienda de César Duarte.
Con la solicitud hecha y la certificación de suficiencia presupuestal, el cierre de la pinza de la operación quedaba a cargo de Antonio Enrique Tarín, actualmente preso en el Cereso número 1 del Altiplano por peculado y uso de recursos de procedencia ilícita, entonces director del Comité de Adquisiciones, quien dirigía el visto bueno del observador del área de Egresos y del representante la Contraloría estatal. El modelo fue aplicado para procesos de licitación pública, nacional o internacional; así como licitaciones restringidas.
Las facultades mercantiles de su entramado empresarial eran tan amplias, que muchas de estas empresas lo mismo vendían material de papelería a prácticamente toda la estructura de gobierno, que rentaban edificios al Instituto Electoral de Chihuahua y al DIF estatal. En un esquema similar al de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, preso en el Reclusorio Norte, Duarte en Chihuahua diseñó modelos en los que sus empresas eran constituidas con la misma dirección que la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), cuyas autoridades formaban parte de la red de corrupción.
ES DE INTERÉS | En la mafia duartista, hay ganancias para todos. Parte 2 Toda la estructura de gobierno, al servicio de los negocios de Duarte. Parte 3 El César, la familia y los cómplices. Parte 4