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María Idalia Gómez y Jonathán Nácar

El miércoles 16 de enero comenzó el derrumbe de Eduardo Tomás Medina Mora Icaza. Al interior de la Suprema Corte, se consumó la ruptura que había iniciado en la elección del presidente del máximo órgano de justicia del país. Ese día, sus compañeros dejaron de confiar en él, porque para ellos lo intereses que protegía quedaron al descubierto y los usó. 

Diecinueve días después llegó el epílogo. Sin llamarlo por su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador colocó el dedo acusador de la corrupción sobre él.

“El juez, magistrado, ministro que proteja a un delincuente de cuello blanco, que solape un acto de corrupción, cuando menos va a ser denunciado, cuando menos. Nada de que me voy a quedar callado, una cosa es el respeto a otro Poder y otra cosa es que, sabiendo de que hubo una transa, me quede yo callado, porque no voy a ser cómplice. El pueblo se cansa de tanta pinche transa”, soltó el Presidente en su comparecencia mañanera el 5 de febrero.

El hombre que por sus relaciones con empresarios, abogados, y políticos panistas y priistas se logró mantener 19 años en el poder, sufrió en esa influencia la primera fisura con el envío a México de un informe, procedente de Estados Unidos, sobre operaciones financieras presuntamente sospechosas vinculadas al todavía ministro. La preocupación de los estadounidenses, la posible protección al Cártel de Sinaloa.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comenzó en febrero pasado una revisión sobre Medina Mora que con el paso de las semanas se ha ido extendiendo a su familia hasta en segunda generación, a sus relaciones con empresarios y sus vínculos políticos, de donde sobresale por ahora un nombre: Humberto Castillejos, quien fuera Consejero Jurídico de la Presidencia con Enrique Peña Nieto y aspiró a ser ministro de la Corte.

Hace unas semanas, la UIF presentó una primera denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos fiscales y de los cometidos por servidores públicos, algunos de los que se investigan: lavado de dinero, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito.

Exclusión. En los cuatro años que fungió como ministro de la SCJN, Medina Mora fue llamado en 11 ocasiones a excusarse de participar en casos que le implicaban conflictos de interés, un récord nunca antes visto.

La Unidad de Inteligencia Financiera aún no termina de revisar la red de vínculos de Medina Mora. Los analistas que reúnen las pruebas trabajan bajo la hipótesis de que desde sus posiciones en el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (2000-2005), la Procuraduría General de la República (2006-2009), así como desde la Corte (2015-2019) se habría beneficiado él y lo mismo políticos y empresarios. Pero también se incluye la posible protección al Cártel de Sinaloa, que también indaga la FGR.

A partir de distintas fuentes consultadas de Hacienda y la Fiscalía, así como personas que trabajaron de cerca con el ahora exministro de la Corte, ejecentral reconstruyó los pasajes clave y una parte de las investigaciones que el gobierno federal integra. Medina Mora Icaza ya trabaja en su defensa legal.

Diciembre, el intento de protección

Faltaban unos días para que los 11 ministros de la Corte eligieran a su nuevo presidente, en sustitución de Luis María Aguilar. Los contendientes más fuertes eran Arturo Zaldívar y Alberto Pérez Dayán. 

El primero, todos lo sabían, contaba con el agrado de López Obrador. Pérez Dayán sólo podía ganar si tenía los votos de Luis María Aguilar, Jorge Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Luna Ramos y Eduardo Medina Mora. 

La ministra condicionó su voto a que se garantizara que cinco ministros sufragarían a favor de Pérez Dayán; de lo contrario, les advirtió a sus amigos, tendría que apoyar a Zaldívar, porque ella dejaba en unos meses la Suprema Corte para irse a retiro y no quería tener problemas con el nuevo gobierno. Eso no sería problema, porque en este bloque todos pensaban que Medina Mora era un voto asegurado, pero últimamente se mostraba huidizo. 

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Ya no había más tiempo y sus compañeros, reunidos todos, una tarde en la oficina de la ministra Luna Ramos confrontaron con una pregunta directa a Medina Mora para conocer a quién apoyaría. De pie, sin mirar a los ojos al resto de los ministros, les confesó que votaría por Arturo Zaldívar, lo hacía, les dijo, por el bien de la Corte y por hacerse “un favor” él mismo.

Era diciembre de 2018, ya era presidente López Obrador, y aunque se habían dado entonces algunos ataques al Poder Judicial, la dimensión de sus palabras, reconocieron a ejecentral algunos de los presentes, no las dimensionaron. Medina Mora Icaza pensaba ya en su protección.

Pérdida de confianza

Ese mismo diciembre llegó a la Corte un amparo directo, el número 4984/2018, que fue asignado a Medina Mora. Lo promovía Beatriz Sánchez Navarro Redo, socia minoritaria de Grupo Modelo y una mujer perteneciente a una de las familias de abolengo empresarial de México.

Unas semanas después el ministro ya tenía el proyecto y lo presentó a sus compañeros. Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos se sorprendieron del sentido en que presentaba la resolución, pues proponía revocar la negativa de amparo del tribunal y permitirle a Sánchez Navarro Redo cobrarle a Hacienda más de 47.2 millones de pesos por Impuestos Sobre la Renta que le fueron retenidos en 2013. 

El punto más importante es que el análisis jurídico que hacía Medina Mora iba en contra de sentencias idénticas dictadas por la propia Corte y tribunales; forzando una resolución que no encajaba con asuntos anteriores ampliamente discutidos y abría la puerta a otros casos similares.

Salida. El pleno del Senado aprobó el 9 de octubre la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora.

El 16 de enero de 2019, antes de la sesión formal los cinco ministros se reunieron y revisaron los asuntos para votar esa tarde. Cuando fue el turno de Medina Mora discutieron sobre lo improcedente de su proyecto para resolver el expediente 4984/2018 y le adelantaron que votarían en contra. Lo trató de defender con algunos cuantos argumentos, pero frenó más comentarios atajando: “estoy convencido (de su resolución)” y querían que se presentara formalmente en la sesión. 

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En otra circunstancia, un ministro que sabe que perderá la votación escucha los comentarios de sus compañeros, defiende su postura y mejora el proyecto, para que sea aprobado en la sesión. Al obstinarse en votarlo aún sabiéndolo perdido, sus compañeros de la Segunda Sala sólo tuvieron una interpretación: Medina Mora necesitaba que formalmente se rechazara porque estaba cumpliendo con un compromiso, un encargo.  

La sesión comenzó a las 14:25 de ese miércoles. Los ministros votaron diferentes proyectos, entre ellos el 4984/2018, el cual rechazaron, sólo su autor votó a favor, y el expediente fue returnado a Javier Laynez Potisek. La sesión se levantó 35 minutos después, tiempo que bastó para que los ministros perdieran la confianza en Medina Mora. Se sintieron usados.

El 27 de marzo, el ministro Javier Laynez confirmó durante la sesión que la exaccionista de la cervecera se había desistido de su reclamo ante al alto tribunal. El caso se cerró.

Chihuahua, defenderlo a toda costa

En los cuatro años y poco más de seis meses que Medina Mora fue ministro del alto tribunal acumuló el mayor número de solicitudes de impedimento para que no conociera de los casos, por conflictos de interés. En total, recibió 11 en los que alguna de las partes buscaba impedir que el ministro no participara en la votación de sus expedientes. 

Uno de estos impedimentos interpuestos contra Eduardo Medina Mora, y en el que también se incluyó a su colega el ministro Alfredo Gutiérrez Mena, fue el que solicitó el gobierno de Chihuahua para que se abstuvieran de emitir su postura sobre la controversia constitucional 183/2018, presentada por la Consejería Jurídica de la Presidencia de Enrique Peña Nieto a cargo entonces de Misha Leonel Granados. 

El fondo de dicha controversia, que a la fecha sigue pendiente por resolverse, busca impedir que cualquier funcionario federal, incluyendo al expresidente Enrique Peña Nieto, sean llamados a declarar en torno a la investigación por el presunto desvío de 250 millones de pesos del erario de Chihuahua para campañas electorales del PRI. 

Uno de los principales argumentos del gobierno de Javier Corral es que ambos ministros, junto con el presidente Peña Nieto, fueron parte de los invitados de honor a la boda de la hija del abogado Juan Collado Mocelo —quien ha fungido como abogado tanto del expresidente Peña Nieto como del exsecretario general adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, sentenciado por peculado—, que actualmente está siendo procesado por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Este caso por el que se ha acusado al exgobernador César Duarte y en el que también se investiga una posible relación con el narcotráfico, un mes antes de que asumiera el poder López Obrador, el 29 de octubre de 2018, obtuvo del ministro Medina Mora una suspensión provisional lo que frenó, al menos temporalmente, las comparecencias del expresidente y sus excolaboradores.

Medina Mora sostuvo que seguir con dicha pesquisa, la cual consideró que carecía de certeza implicaría “una situación grave de impunidad generalizada”. Ocho meses después, el 19 de junio pasado, esta postura fue modificada por la Segunda Sala, que resolvió bajo proyecto a cargo del ministro Javier Laynez Potisek que se modificara la suspensión provisional y esto facultó al gobierno de Chihuahua para que pueda investigar al exmandatario Peña Nieto y otros exfuncionarios; lo único que no pueden hacer es acusarlos penalmente, si fuera el caso.

En “el caso Chihuahua que (Medina Mora) se opuso vehementemente a que avanzaran sus investigaciones”, recordó este 8 de octubre el senador panista Gustavo Madero, al emitir su voto a favor de la salida del ministro.

La mañana del 3 de octubre, Medina Mora admitió a trámite la controversia constitucional que había interpuesto el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, señalado por el Congreso de su estado de haber usado recursos del estado para financiar su candidatura a la Presidencia. Así, el ministro suspendía de manera provisional cualquier tipo de sanción por parte de los legisladores contra del mandatario. 

La tarde de ese mismo día se dio a conocer la carta de renuncia de dos párrafos y sin fecha, en la que Eduardo Medina presentaba su renuncia como ministro al presidente López Obrador.

Redes y protección

El primer empleo en el servicio público que tuvo Medina Mora fue como director del Cisen. Entre sus primeras acciones fue permitir que fueran removidos a otras áreas los agentes que se habían especializado en la vigilancia de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo y que incluso impidieron su fuga meses atrás. El resultado, el 19 de enero de 2001 el líder del Cártel del Pacífico se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. No se investigó más allá que a los funcionarios de la prisión.

Ya como procurador, Medina Mora articuló la detención de Gerardo Garay Cadena, entonces comisionado de la Policía Federal, a quien acusó de proteger al cártel de los hermanos Beltrán Leyva. En realidad, Garay  es quien llevaba la investigación sobre el Cártel de Sinaloa, que se interrumpió cuando fue detenido. Cuatro años después salió absuelto por falta de pruebas. Fue entonces que el exfuncionario denunció la protección que en la época de Medina Mora se le dio al Cártel de Sinaloa. Tampoco se investigó.

A finales de 2018, autoridades de Estados Unidos notificaron a México movimientos sospechosos en cuentas vinculadas a Medina Mora, la preocupación de las agencias estadounidenses son la posible relación con el Cártel de Sinaloa. Al respecto, una fuente con conocimiento pleno de la investigación dijo a ejecentral “no puedo afirmar y negar nada”.

›Las investigaciones sobre estas operaciones se extendieron a sus hermanos, sobrinos e hijos. También se revisan algunos casos en la PGR y en la Corte respecto a sus relaciones con empresarios y personajes políticos. 

El nombre que ya se investiga, confirmaron personas cercanas al caso, es el de Humberto Castillejos, quien considera al exministro su mentor y lo acercó a Peña Nieto, y formaría parte del grupo que se benefició desde los cargos públicos y utilizó para ello distintas empresas que están bajo revisión.

Medina Mora, según personas que lo conocen, no pensaba renunciar hace un mes, situación que fue cambiando. Hacía varias semanas que comentaba a sus cercanos sobre las presiones que sentía al saberse investigado en todos sus bienes. “Esto no es vida”, repetía.

Todavía en días previos a su renuncia, Medina Mora se guardaba esa decisión. “No se puede vivir en la zozobra”, comentó. “El Presidente tiene mi expediente sobre su escritorio desde hace un mes, y todo depende de qué humor amanezca”.

En vísperas de su renuncia, sus hermanos comenzaron a sentir el rigor de la UIF y varias cuentas de los Medina Mora fueron congeladas. No se sabe si esto detonó su decisión, pero la comunicó el jueves a Zaldívar, sin informarle a sus colegas. Los ministros se enteraron por sus cónyuges, a quienes la esposa del presidente de la Corte les comentó la decisión de Medina Mora durante una comida.

La decisión tomó a la Corte por sorpresa, pero era algo que tenían en el horizonte. Desde hacía dos meses atrás, por el contexto, por las decisiones jurídicas que había tomado, Medina Mora había empezado a ser aislado. Estaba viviendo su propio invierno. 

Confesiones del ministro Zaldívar

En la entrevista que el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, concedió el 8 de octubre al programa John & Sabina de Canal 11, por primera vez habló sobre su relación con el Ejecutivo y la salida de Medina Mora. Esto fue lo que dijo:

“Yo tengo una relación cordial, afectuosa, respetuosa con el Presidente de la República, es un hombre al que le tengo aprecio y que estoy realmente muy, digamos, de acuerdo en muchas de las cosas que está haciendo, porque hay coincidencias previas sobre ciertas maneras de ver al mundo y de ver al país”. 

“Por el otro lado también lo he dicho y hoy lo reitero, el presidente López Obrador ha sido profundamente respetuoso con la independencia del Poder Judicial. No hemos recibido de su parte ninguna insinuación, ninguna recomendación, mucho menos presión en los asuntos que estamos manejando. Cosa, que también he dicho, no se podía decir de algún otro Presidente, que sí amenazó, que sí presionó y que yo no sólo soy testigo, porque fui objeto de esas presiones (por parte) de Felipe Calderón. 

“La renuncia del ministro Medina Mora fue una decisión personal de él, que yo respeto y sobre la cual precisamente por ese respeto que tengo a su decisión y a él en lo personal no voy a expresar algún otro comentario”. 

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