Maria Idalia Gomez

@Gosimai

El lunes aparentemente el presidente Andrés Manuel López Obrador resolvió el problema del faltante de dinero para la extraña rifa que dice que hará en torno al avión presidencial, y quien supuestamente le ayudó a resolverlo fue el fiscal Alejandro Gertz Manero, al entregarle dos mil millones de pesos.

Esto en realidad no ocurrió y, si respetan la ley, ese dinero deberán entregarlo al Infonavit, porque forma parte de un acuerdo de devolución de impuestos que se consiguió en una mesa en la que participan no sólo la Fiscalía General de la República, también el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el propio Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores. 

Se trata, además, de los primeros acuerdos alcanzados con la empresa Telra Realty, de los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil —vinculados directamente con el grupo político del expresidente Enrique Peña Nieto—, como parte de las investigaciones en su contra por el presunto daño causado al Infonavit en la firma de cuatro contratos y un convenio.

Hay varios puntos por aclarar. El primero es que el dinero pertenece sólo al Instituto por ser un fondo financiero que integran los trabajadores y patrones, el Estado prácticamente no ha aportado dinero desde su creación (a principios de los 70). La función del Infonavit es acumular esos ahorros, bursatilizar su cartera para que crezca, así poder hacer los préstamos y emitir deuda para financiar la compra de vivienda. 

La ley plantea que el resarcimiento del daño debe ser en principio a la víctima y en este caso lo es el Instituto, y con él las personas que ahorran para comprar una vivienda. El director, que deberá hacerlo del conocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque de lo contrario la ley lo sancionaría, debe reclamarlo legalmente, apoyado en su Consejo de Administración, que es muy diverso y en el que participan el sector patronal. 

Lo segundo. Las investigaciones de la Fiscalía continúan, porque se trata de un posible caso de corrupción en el que se entregaron cinco instrumentos a los hermanos Zaga Tawil, que aparentemente no tenían la experiencia para ello y con los que se apropiaban totalmente de la marca Infonavit por 10 años: bases de datos de los trabajadores, la propiedad intelectual de plataformas y de dos de sus programas estrella, por los cuales recibirían, además, hasta 10% de pago, lo que atentaba contra las finanzas del Instituto, de acuerdo a un dictamen elaborado por un equipo externo a la dependencia. 

Las autoridades deben establecer si hay otros delitos que no sean fiscales y sean acusados penalmente, por los que habría mayores recuperaciones económicas. En este caso se deberá revisar la vinculación con Peña Nieto y todas las empresas de los hermanos Zaga Tawil ubicadas en el estado de México, algunas de ellas, Dilavi y Grupo Industrial Vicza, todas con contratos gubernamentales.

Lo tercero. Los fiscales prácticamente se están centrando en investigar al exdirector del Infonavit David Penchyna, como principal responsable de haberle entregado a la empresa cuatro mil 800 millones de pesos para finiquitar los contratos, sólo que no están investigando a los integrantes del Consejo de Administración que aprobaron la operación porque los contratos eran excesivos, la empresa no avanzaba y como daño exigía siete mil millones de pesos. 

Lo sorprendente es que no se indaga a quienes desde Hacienda le ayudaron para que no pagara impuestos por el pago de finiquito del contrato (que ahora pagó) ni al exdirector del Infonavit Alejandro Murat —ahora gobernador de Oaxaca—, quien se ha deslindado de todo, pero los documentos muestran que fue en su gestión cuando realmente se fijaron las condiciones y firmaron todos los convenios, que según los dictámenes, dañaban la economía del Instituto. 

Además, el contrato de cancelación se firmó por parte del coordinador general jurídico del Infonavit, Alejandro Cerda, quien después fue despedido por esto, pero tampoco aparecería en las pesquisas. 

Falta saber si el dinero lo enviarán al Instituto y si se demuestra un fraude, serán acusados todos los involucrados. 

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