Laura Borbolla

Cuando México entró al concierto internacional y se vio inmerso en la globalización, pocos supimos de las consecuencias, impactos, compromisos y corresponsabilidad que se contrajeron. Sin embargo, el ser miembro de organismos internacionales como la ONU, OEA, G20, entre otros, genera, además de dar aportaciones para la subsistencia de los mismos, alinear el funcionamiento y estructura institucional con reglas homogéneas entre los estados pares.

La suscripción de tratados, convenios y cualquier mecanismo internacional, conlleva, como la suscripción de cualquier contrato entre las partes, derechos y obligaciones o dicho de otra forma deberes, procedimientos y responsabilidades. Entonces, sí México firma un tratado internacional ya sea bilateral o multilateral, eso tiene implícitamente que debemos de homologar y respetar las instituciones, en todos los sentidos, técnico, jurídico y operativo.

Armonizar las Instituciones y las reglas de operación en los tres niveles de gobierno, es una labor titánica, es cuestión de disciplina,  capacitación, paciencia y sobre todo voluntad política, ya que debe ser parte de una agenda de Estado. Un ejemplo puede ser el Sistema de Derechos Humanos en México, no es un tema nuevo, su base es el derecho humanitario con el que se formó la ONU en la posguerra (24 de octubre de 1945), sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se estableció hasta el 20 de diciembre de 1993 y en el inter se conformó el Sistema Interamericano de Derechos Humanos con la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1959 y la firma del Pacto de San José en 1969; sin embargo en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos se instala el 6 de junio de 1990 y la Reforma constitucional en Materia de Derechos Humanos del artículo 1° es del 10 de junio de 2011.

La reforma constitucional en cita, consiste en darle fuerza a varios principios para que sean sistematizados de manera transversal, por un lado es el de legalidad, que engloba certeza jurídica, debido proceso, el más importante: pro persona y de forma específica el de convencionalidad, que se traduce en que lo pactado entre las partes es ley (pacta sunt servanda) y que lo contraído como derecho y obligación en los instrumentos internacionales es parte del marco legal nacional, entonces debe de ser de observancia como cualquier ley nacional, tanto en su aplicación como en la interpretación y esto quiere decir que la Jurisprudencia Internacional también es obligatoria de aplicar a nivel local (nacional en términos internacionales).

Lo anterior se ve reflejado en las diversas sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha dictado contra nuestro país las cuales generan que México se coloque bajo la lupa internacional, pues como toda sentencia obliga al sentenciado a cumplir con una serie de resolutivos, algunas han sido emblemáticas a grado tal que han modificado el marco legal nacional.

Por ejemplo: El caso Cabrera García y Montiel Flores (26 de noviembre de 2010) se condenó al Estado mexicano a modificar el fuero militar, para que cuando estén militares involucrados en actos considerados delitos en agravio de civiles, los miembros de las fuerzas armadas, sean juzgados por autoridades civiles.

De igual forma ha ocurrido con la sentencia González y otras contra México, conocida como caso del “Campo Algodonero” que dio paso a que se tipificará el feminicidio y un sin número de cambios en materia de equidad y perspectiva de género.

Las más recientes del 28 de noviembre de 2018 del caso “Atenco” en la que se condena al Estado mexicano a crear un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del Estado de México, así como a crear un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo de uso de la fuerza. Por último, está la sentencia “Nitza Paola Alvarado Espinoza y otros contra México” en la que se genera la obligación del Estado Mexicano de continuar capacitando en materia de Derechos Humanos a Fuerzas Armadas y Policía.

Ahora que la administración del Lic. Andrés Manuel López Obrador, tiene en sus manos la creación de una corporación policial – militar como lo va a ser la Guardia Nacional (GN), se debe de analizar de forma y fondo cómo dar cumplimiento a los requerimientos (obligaciones) nacionales y también internacionales. Como diría el maestro Jesús Castellanos: “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones” en nuestras manos está que, construyamos una institución con todas las fortalezas. Probablemente no lleguemos al cielo; pero seguro que las generaciones futuras pensarán que el México Institucional que les tocó vivir, es producto de mucho trabajo, disciplina, constancia, paciencia, capacitación, transparencia, certificación, evaluación, mejora continua institucional y sobre todo de voluntad política de este momento.

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