El gobierno federal deberá pagar más de 85 mil millones de pesos, en 25 años, por siete gasoductos que no cuentan con una planta para generar energía, los cuales pertenecen a las empresas TransCanada Corporation, Carso infraestructura y Construcción S. A. B., e Infraestructura Energética Nova, S. A. B. de C. V. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que fue la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la causante de estos contratos, pues impuso una obligación privatizadora, la cual señala que se puede arrendar el transporte en gasoductos, pero no ser propietario. Mientras que la Ley de la Industria Eléctrica indica que los contratos firmados con privados deberán respetarse, por lo que éstos siete serán vigentes hasta 2039, generando una pérdida de 164 mil 220 millones de pesos, pues ninguno de los siete gasoductos está transportando combustible actualmente. Todos los contratos, señaló el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, fueron concebidos y firmados durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, época en que Antonio Vivanco Casamadrid, Jaime González Aguadé, Francisco Rojas Gutiérrez, Enrique Ochoa Reza y Jaime Francisco Hernández Martínez estuvieron al frente de la empresa productiva del Estado mexicano.} Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, filial de TransCanada, obtuvo dos contratos para la construcción de gasoductos; el primero en noviembre de 2015, para el gasoducto de 283 kilómetros de Tuxpan a Tula, con un valor de 297 millones de dólares. El segundo fue para construir el gasoducto de Tula a Villa de Reyes de 295 kilómetros y con una inversión de 337 millones de dólares. Carso Energy, de Carlos Slim, obtuvo septiembre de 2015, junto a Promotora de Desarrollo de América Latina, la licitación para construir y operar el gasoducto Samalayuca-Sásabe, aproximadamente 650 kilómetros entre Chihuahua y Sonora, con una oferta de 471 millones de dólares.
Investigarán a exfuncionarios por posibles conflictos de interés
Bartlett Díaz enumeró a exfuncionarios de administraciones pasadas, que actualmente trabajan o asesoran a empresas relacionadas con los cargos que desempeñaron, por lo que se denunciarán ante la Fiscalía General de la República por el posible delito de conflicto de interés. Entre los señalados se encuentra José Córdova Montoya, Jesús Reyes Heroles, Carlos Ruiz Sacristán, Luis Téllez, Alfredo Elías Ayub, Felipe Calderón Hinojosa, Georgina Kessel Martínez, Jordy Herrera Flores y Alejandro Fleming Kauffman. Córdova Montoya fue director General de Política Económica y Social de la Secretaría de Programación y Presupuesto, de la que era titular Carlos Salinas de Gortari, durante la administración de Miguel de la Madrid. Tras obtener la nacionalidad mexicana, se desempeñó como asesor de Salinas durante su campaña presidencial, al ganar el priista obtuvo el cargo de jefe de la Oficina de Presidencia. Desde 2013, se desempeña como asesor personal de Luis Téllez, quien a su vez fu el secretario de Energía durante el gobierno de Ernesto Zedillo y de Comunicaciones y Transportes de Felipe Calderón. Tras terminar su cargo público, Téllez Kuenzler es presidente del Consejo y Director General del Grupo BMV, dueño de la Bolsa Mexicana de Valores. Reyes Heroles fue director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz y creador del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP); también fungió como secretario de Gobernación con José López Portillo. Ruíz Sacristán fue director de Pemex por unos días, pues luego, con Zedillo, fue nombrado secretario de Comunicaciones y Transportes, y tras dejar el cargo público se desempeñó como director de Sempra Energy, que aún provee asesoramiento y colaboración energética en materia de gas. Elías Ayub fue Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) por tres años durante el mandato de Zedillo, posteriormente ocupó la dirección de la CFE por 11 años, iniciando con el priista y ratificado por Vicente Fox y posteriormente por Felipe Calderón. En el sector privado, y tras dejar su vida de funcionario, se convirtió en accionista y miembro de los directivos de empresas como Grupo Impulsor de Desarrollo Urbano (IDUSA), Constructora Ideurban, Promociones Metrópolis y otras. Entre los mencionados por Bartlett se encuentra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien luego de su sexenio 2006-2012, se integró como miembro independiente al consejo de administración de la estadounidense Avangrid, filial de la española Iberdrola. La también la secretaria de Energía durante el gobierno panista de Calderón, Gerogina Kessel Martínez fue señalada, quien ahora es miembro del consejo de accionistas de la compañía eléctrica española Iberdrola. El panista Jordy Herrera Flores también estuvo como secretario de Energía con Calderón, y posteriormente se ha desempeñado como en diversas actividades de empresas de generación privadas. También mencionó a Alejandro Fleming, que se desempeñó como jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía con Felipe Calderón, y actualmente es miembro y secretario de los consejos de Iberdrola en México.