“Nadie puede estar ajeno a este proceso, la corrupción es evitable y exige el compromiso de todos” Papa Francisco
De acuerdo al Índice de Percepción de Corrupción 2018 México actualmente se encuentra ubicado en el lugar 138 de 180 países evaluados, con una puntuación de 28/100 por debajo de la media internacional de 43; cayendo incluso tres lugares desde la última evaluación en 2017; ésta imagen proyectada desde las instituciones a la ciudadanía es derivada en su gran mayoría por la falta de acciones contundentes que desmantelen o eliminen las redes de corrupción que han sido detectadas hasta el momento.
Desentrañar el problema de la corrupción no es sencillo, ya que es causa y consecuencia, este grave problema crece con cada silencio, escala con cada omisión, aumenta con cada negligencia que se olvida; la corrupción se ha convertido en un loop; una Hidra de Lerna a la que cortas una cabeza y surgen dos.
La erradicación de la corrupción se ha establecido como un tema primordial en la agenda nacional, y actualmente es necesario prestar más atención a un punto medular en el esquema: los testigos y denunciantes.
Incentivar la denuncia debería ser el eje central de esta lucha, no cabe duda que se debe fortalecer a las instituciones de seguridad y procuración de justicia, sin embargo, la batalla no puede librarse desde un solo ángulo, debe combatirse desde todos los frentes, y es aquí donde los testigos y ciudadanos brindan la oportunidad de hacer cambios importantes.
Lamentablemente, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018, presentada en septiembre del año pasado; en 93.2% de los delitos no hubo denuncia, ¿A qué se debe que se decida optar por el silencio? En esta misma encuesta se menciona que 34.2% decide mantener el delito en la opacidad porque considera la denuncia como una pérdida de tiempo y el 16.5% lo hace por desconfianza a la autoridad, y sorprendentemente un 79.4% tiene una percepción de inseguridad.
Es decir, gran parte de la población teme a los actos de represalias que pueden suceder antes, durante o después de realizar la denuncia, ya que si bien en nuestro país, existe la posibilidad de solicitar medidas de protección, actualmente poco hay regulado sobre este derecho, así como sobre el asesoramiento que se debe recibir en estos procedimientos o de parte de quién, o bien el procedimiento que debe seguirse para denunciar un acto de corrupción.
Incluso este tema fue abordado por la OCDE quien enfatizó en 2017 que en México “existe muy poca protección contra represalias en caso de ser divulgada la identidad del denunciante, y hay una gran incertidumbre en cuanto a la manera en que serían aplicadas las medidas de protección previstas actualmente en la ley mexicana”
Lejos estamos del Programa de Protección de Testigos (Witsec por sus siglas en inglés) implementado en E.U.A en 1970 gracias a la Ley de Control del Crimen Organizado, donde se estipula que el gobierno puede proveer de ciertos beneficios como vivienda, subsistencia, documentos de identidad, consultas de psicólogos o psiquiatras etc. a aquel testigo o denunciante que sea pieza fundamental para ayudar en un juicio federal o estatal.
La protección a denunciantes es un eje fundamental para comenzar con la erradicación de la corrupción; empezar de a poco es necesario, se debe comenzar con fomentar una cultura organizacional abierta, donde los dilemas éticos, las inquietudes y los errores puedan ser discutidos libremente sin la necesidad de estigmatizar, intimidar, acosar o despedir, ya que estos a corto plazo se convertirán en canales para denunciar de manera confidencial violaciones a la ley y actos de corrupción.
Pero no sólo debemos actuar desde dentro de las instituciones sino que deben existir las legislaciones adecuadas como la iniciativa de ley presentada el pasado 7 de febrero ante el Senado con tres objetivos principales: 1) Establecer medidas de protección a testigos garantizando en todo momento la integridad personal y la de sus bienes, 2) Facilitar e incentivar la denuncia dando a la ciudadanía y a los servidores públicos la información certera y 3) Esta iniciativa al ser una ley General plantea un modelo que pueda ser homologado por las entidades.
Hoy, debemos poner en el centro de cada una de las acciones y sobre todo de la lucha contra la corrupción a los ciudadanos, porque su apoyo y cooperación impulsarán y fortalecerán a las instituciones para erradicar el fenómeno de la corrupción.
*Analista en temas de Seguridad, Justicia, Política y Educación. *Si deseas recibir mis columnas en tu correo electrónico, te puedes suscribir a mi lista en el siguiente vínculo: https://eepurl.com/Ufj3n