“Una sociedad que abandona a los niños corta sus raíces y oscurece su futuro”
Papa Francisco
Una foto publicada por el semanario Proceso muestra la carta de un niño, en la que lo único que pide para “esta Navidad es que no le regalen muertos”. Lo anterior refleja el clima de violencia que se vive en México, donde el fuego cruzado, las balas perdidas, los enfrentamientos, los asesinatos y la situación generalizada de inseguridad hacen que la paz, misma que es necesaria para el desarrollo de nuestra infancia, se vea trastocada. Lo anterior, a pesar de que una de las principales funciones del Estado es garantizar la seguridad e integridad de su sociedad. De acuerdo con el artículo 4° Constitucional “...en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.” Sin embargo, organizaciones civiles como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) han manifestado en diversos momentos su profunda preocupación por las dificultades que enfrenta el gobierno, en sus tres niveles, federal, estatal y municipal, para garantizar los derechos de protección a niños y niñas. Y es que, REDIM señala que entre 2006 y 2017 fueron 11 mil las niñas, niños y adolescentes asesinados, asimismo añade que en este período se registraron 6 mil 800 desaparecidos en el contexto de la lucha contra el crimen organizado; a pesar de esto, la mayoría de los casos de violencia y crimen que involucran y tienen como víctimas a menores “pasan desapercibidos”, explica Juan Martín Pérez, director ejecutivo de esta organización de la sociedad civil. Por su parte, el académico y Experto Independiente para el Estudio sobre la Violencia contra los Niños, del Secretario General de las Naciones Unidas, Paulo Sérgio Pinheiro, coincide en que “la mayor parte de la violencia contra niños, niñas y adolescentes es totalmente invisible”; mientras que la Organización Save the Children México subraya que “a la fecha no existe un sistema de registro y medición de estos impactos, y las acciones que desarrollan las instancias del gobierno son muy limitadas respecto a la magnitud del problema”. En este contexto, se debe destacar que de cada 100 carpetas de investigación que involucran a algún niño o niña como víctima, sólo tres alcanzan sentencia condenatoria. Por otra parte, REDIM menciona que el Estado de México es la entidad que registra el mayor número de desapariciones de menores, ya que a julio de 2017 se registraron mil 498 casos; le siguen Puebla con 647 registros, Tamaulipas con 572 casos y Nuevo León con 424. Miles de niños en todo el territorio nacional han pasado su infancia en medio del terror, aprendiendo a mirar la violencia, la inseguridad, los asaltos y las ejecuciones en su más cruda realidad, afectando su desarrollo físico, mental y emocional. De hecho, un adolescente de 16 años, dedicado al sicariato, le contó a la doctora en Ciencias Sociales, Rossana Reguillo: “Si voy a caer muerto, mejor con una bala expansiva que me reviente el cerebro pa’ ya no acordarme de nada. O reconsidero, que me hagan pedacitos, pa’ evitarle la pena a mi amá el dolor de velarme… y es que en este jale, ya no alcanza con morirse”. Hoy, el Estado mexicano enfrenta una crisis en la que las futuras generaciones están en peligro, por ello urge la adopción de políticas públicas integrales y multidimensionales encaminadas a cumplir con la protección de la niñez y la juventud; así como con miras a emprender acciones precisas para la reconstrucción del tejido social, de la paz nacional y de una sociedad más justa, cimentada en valores universales. Debemos asumir el compromiso de impedir que la violencia continúe minando el desarrollo de nuestros jóvenes.