No son pocas las referencias que en los últimos días han aparecido publicadas, al señalamiento que el Secretario de Hacienda y Crédito Público compartió con el Financial Times, relativo a la falta de confianza de los mexicanos hacia su Gobierno; como tampoco es aislado el llamado urgente del Presidente de la República a retomar el camino del orden, como vía para aprovechar las reformas estructurales aprobadas por el Congreso.
Un balance objetivo de los acontecimientos más relevantes ocurridos en el último semestre, permite con facilidad vincular la asociación que hace el colectivo, entre el caso Ayotzinapa y un estado de vulneración permanente de los derechos humanos, y del caso Casa Blanca con un estado de impunidad y corrupción que involucra a la clase gobernante, en detrimento perenne del respeto y pulcritud en la prestación del servicio público y la legalidad. Las marchas, que de ambos derivan, afectan el desenvolvimiento de la vida cotidiana de las personas y su estabilidad.
Consideramos que la opción del silencio oficial ante la trascendencia de los hechos, no es una alternativa que los mexicanos vayan a aceptar en esta ocasión, ni por la cercanía del proceso electoral, ni por la conciencia ciudadana que prevalece, en la que participa una generación de jóvenes que jamás fue gobernada por el viejo PRI y que, más allá de ello, ha escuchado a lo largo de los últimos años una versión repetitiva de un discurso que identifica los aspectos más negros de nuestra historia y los vincula sin reserva alguna al revolucionario institucional; campaña de desprestigio que enarbolaron las dos administraciones panistas desde su llegada a Los Pinos, y los distintos gobiernos perredistas desde la capital.
Sólo el tiempo habrá de demostrar la verdadera dimensión de los hechos acontecidos en Iguala y develar la responsabilidad de los partidos políticos, sin excepción alguna, con relación a los acontecimientos que cobraron la vida de luchadores sociales matriculados en la escuela normal de la serranía de Guerrero. La lista se encabezará por los partidos que postularon a los gobernantes, municipal y del Estado, quienes tuvieron que ver con la tragedia de manera directa e inmediata, en forma activa y pasiva respectivamente.
En la encrucijada de la que habremos de salir adelante, la respuesta del partido oficial debe ser contundente y ejemplar, porque los tiempos así lo demandan: Nunca más un gobierno cooptado por las bandas criminales; no más un sistema jurídico que permite, por su porosidad, la consumación impune de actos de corrupción que ofenden la dignidad y la inteligencia de los mexicanos. ¿Cómo abordar la problemática en torno de los derechos humanos y la corrupción en forma creíble?
En la lucha por la defensa de los derechos del hombre, merecería la pena distinguir entre las acciones que han de emprenderse en lo general, para las que la CNDH debería de emprender el camino con nuevos bríos y nuevas atribuciones, y aquellas que resuelven la problemática que aqueja a los individuos en lo particular, sobre las que los tribunales, federales y de los estados, deberían de resolver con independencia, capacidad y prontitud, las quejas que ante ellos lleguen a ser presentadas. Se trata, en ambos casos, de tareas que han quedado pendientes de cumplir o se han cumplido en forma deficiente.
Ahora bien, hablando sobre la lucha contra la corrupción, esta semana se discutirá en la Cámara de Diputados el dictamen que sintetizará el acuerdo que habrán de alcanzar los distintos partidos representados, con relación a la concepción y creación constitucional de un nuevo sistema nacional anticorrupción.
El nuevo papel de la Auditoría Superior de la Federación en el control de la legalidad y vigilancia de la gestión financiera del gobierno, constituye un elemento imprescindible que habrá de definir el alcance del ánimo regenerador de los representantes. Preciso será, sin embargo, que se entienda la situación en la que, sin lugar a dudas, se encuentran muchos hombres honestos encargados de realizar la difícil tarea de controlar el ejercicio presupuestal del gobierno. La fiscalización del gasto público debe ser una labor de vigilancia que se realice humanamente y de buena fe; sólo así se logrará la funcionalidad del sistema.
Sería sumamente pertinente que al Auditor Superior de la Federación, lo mismo que al Secretario de la Función Pública o cualquier órgano que lo sustituya, autónomo o dependiente, se les dotara de atribuciones de orientación en torno de la justa interpretación de la ley, incluso desde antes de que la misma haya de ser ejecutada: facultades ex ante.
Un último punto que se propone y que valdría la pena considerarse, tiene que ver con la inconveniencia que representa, en la vida cotidiana, la judicialización de los procesos de contratación pública. En el ejercicio del presupuesto, bien podría valorarse la posibilidad de que las impugnaciones que lleguen a tener lugar, se ventilen uniinstancialmente ante la propia Auditoría Superior de la Federación o los órganos de control del gasto público de los congresos estatales, auxiliares del legislativo a los que, en última instancia, les corresponde la legitimidad única para valorar si dichos procesos se apegan a la ley y cumplen de manera eficiente con los fines técnicos y económicos que persigue el Estado.